¡NO QUEDA OTRA!, TRAS LA ILP TOCA LA IPP
Arturo
Borges Álamo
Parece un galimatías, lo voy a aclarar y se
verá que por ahí también tendrán que ir las cosas si queremos evitar la
liquidación de la sanidad pública. Seguiremos intentando aprovechar la
tramitación en el Parlamento de Canarias de la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) para la Defensa de la Sanidad Pública, para que nuestras propuestas, del
Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública avaladas por casi 25.000
firmantes, tengan relevancia en la opinión de nuestro pueblo y, a ser posible,
reflejo en la ley que resulte de dicha tramitación. Creo que tanto una cosa
como la otra dependerán de la fuerza de nuestros argumentos y de la
contundencia de las acciones con las que los apoyemos. No en vano estamos
tratando con los representantes parlamentarios de los partidos que son
responsables políticos últimos del estado de cosas en la sanidad canaria, en
la que cada día más se ha venido vulnerando el derecho a la salud, y lo son
por acción u omisión ya sea en Canarias o también desde Madrid.
16 años ha dirigido CC la Consejería de
Sanidad, 3 años lo ha hecho el PP que ahora interviene desde el gobierno
central con dureza extrema, el PSOE desde Madrid ha ido abriendo camino a
tendencias privatizadoras (véase la consagración de los conciertos en la Ley
General de Sanidad- en Canarias las incluyó CC en la Ley de Ordenación
Sanitaria de Canarias-, véase también la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión,
apoyada por todos ellos, que incluye las vías privatizadoras que no han parado
de extenderse y..., ahora han llegado las metástasis).
Se nos van a aplicar recortes brutales
derivados del ajuste presupuestario del Gobierno de Rajoy y además de una
contrarreforma sanitaria que va a poner la sanidad pública definitivamente en
el desguace. Todo esto va a tener unas terribles repercusiones en la salud de la
población incrementándose la mortalidad hasta extremos insospechados.
Ahora en Canarias todos los grupos parlamentarios hablan de un Pacto
por la Sanidad, pues bien, ahí tienen la posibilidad planteada cuando se
posicionaron respecto a nuestra ILP, pongan sobre la mesa “argumentos” de
peso. Ante lo que se avecina solo cabe la protección más valiente,
comprometida, avanzada y eficaz del derecho a la salud. El acceso a una sanidad pública y de calidad es un derecho reconocido
en la Constitución y el deber del Parlamento de Canarias es defenderlo.
Por nuestra parte se lo seguiremos exigiendo y la clave estará en seguir movilizados y en
lucha por la salud y la sanidad pública, frente a dichas vulneraciones del
derecho a la salud que son resultado de la creciente ofensiva del capital
financiero, los llamados mercados, y sus representantes políticos para la
liquidación de los servicios sanitarios públicos dejando nuestra salud
convertida en mercancía para el lucro privado.
También, inevitablemente, nos vamos viendo
abocados a la permanente denuncia de casos concretos, y en este sentido nos reuníamos
recientemente en el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública con
participación de representantes de una nueva Coordinadora para la Defensa de la
Salud y la Sanidad Pública que se ha constituido en Gran Canaria, y nos
planteamos abrir una página web para promover
la queja de los usuarios por la mala atención recibida, y recoger toda la
información para poder establecer el alcance del daño que las políticas de
recorte presupuestario le están haciendo al sistema de salud.
Así
mismo, ese balance global, independientemente del camino que tomen las denuncias
individuales, lo canalizaremos colectivamente hacia el Diputado del Común, la
Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios y por lo que hemos
hablado habrá que ir pensando en invitar a
toda la población a sumarse a una IPP (Iniciativa Penal Popular) para defender
sus derechos, en llamar a la ciudadanía verdaderamente protagonista de la salud
y titular del Sistema Nacional y Público de Salud y Sanidad,
a proteger la salud y a demostrar la fuerza de la razón y la convicción
en la defensa de nuestros derechos.
Carlos Jiménez Villarejo,
que fue fiscal anticorrupción, en su artículo
"El ataque a la salud, en los umbrales del
delito" (elpais.com/diario/2011/10/17/catalunya)[1] expresa con rotundidad que "La
violación por los poderes públicos de este derecho, en la medida en que
constituye, como derecho propio de la ciudadanía, un derecho cívico, obliga a
plantearse la posibilidad de que las decisiones políticas de gravísimas
restricciones sanitarias no solo sean un abuso de poder, sino que presenten una
auténtica relevancia penal. Si así fuere, deberían perseguirse ante los
tribunales por los perjudicados y la fiscalía, de oficio. En efecto, el art.
542 del Código Penal castiga a las autoridades y funcionarios públicos que
“impidan” a los ciudadanos “el ejercicio de derechos cívicos”, en un
precepto que contempla de forma genérica la violación de derechos innominados
que, por su trascendencia personal y social, merecen una protección más
intensa como es la penal. Entendemos que a tenor de una lectura constitucional
acorde con la actual significación y alcance de los derechos sociales, el
derecho a la salud merece y necesita una más eficaz protección si queremos
construir una sociedad más justa e igualitaria."
Por eso yo creo que va siendo necesario que la Iniciativa Penal
Popular, presentada en Cataluña, se extienda a todas las Comunidades Autónomas
que están atentando contra la salud de las personas y, por supuesto, al
gobierno del Estado también. Sería sin dudas una protección
más valiente, comprometida, avanzada y eficaz del derecho a la salud junto con
la resistencia, y lucha masiva y contundente en la calle, de la mayoría social
en defensa de los derechos cuestionados tras
siglo y medio de luchas sociales.
[1]
El ataque a la salud en los umbrales del delito