Es una convocatoria cuanto menos extraña. Resulta difícil esclarecer quiénes
están detrás y con qué apoyos cuentan; eso sí, sobrados deben andar, excluyen
de la misma claramente a los sindicatos y a los partidos con presencia en el
Parlamento, sean del signo que sean. Se mueve por las redes y se
reivindica como una movilización “definitiva”, “clara y contundente” que
suponga el inicio del “proceso de cambio en el que se deje atrás el
régimen vigente y se sienten las bases para una verdadera democracia”.
Sus impulsores niegan la legitimidad de la actual
Constitución “elaborada por una camarilla”, y obvian que la Carta
Magna, perfectible sin duda, incumplida en muchos de sus aspectos, también, fue
votada mayoritariamente por la ciudadanía en referéndum en diciembre de
1978. Además del hecho constatable de que la Constitución que
denuestan ha posibilitado edificar uno de los estados más
descentralizados del mundo, el desarrollo de una sanidad universal y
gratuita, la puesta en marcha de la trascendental Ley de la
Dependencia o históricos avances en la igualdad entre mujeres
y hombres o en la superación de la secular marginación de los
homosexuales.
El objetivo de los organizadores es lograr una masiva
movilización el próximo 25 de septiembre para “rodear el Congreso de
los Diputados y permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución
de las Cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción
de una nueva Constitución, esta vez sí, la de un estado democrático… El cambio
es necesario y va a ser liderado por el pueblo”. Por lo que “pueblo” deben ser
los que se junten esa jornada. El resto, aunque seamos la inmensa mayoría,
seremos otra cosa.
Elecciones generales
Señalan, con razón, que la situación es extremadamente grave y
que la crisis está arruinando la vida de mucha gente. Y apuntan como
responsables “a una oligarquía intocable, con la complicidad de todas
las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, manipulando
todos los poderes del Estado para mantener sus privilegios y enriquecimiento
desmedido e ilícito”.
Como podemos observar sitúan en el mismo plano, sin el menor
matiz, a los que efectúan los brutales recortes en los servicios públicos o
imponen una agresiva reforma laboral que a los que se oponen a esas
decisiones y plantean otra salida a la crisis, que haberlos, haylos.
La primera exigencia de su manifiesto es, nada más y nada menos,
“la dimisión del Gobierno en pleno, por engañar al país de
modo inconcebible y llevarnos al desastre, así como la disolución de las Cortes
y la convocatoria inmediata de elecciones generales”. Tras las
mismas se procedería por las nuevas Cortes a elaborar una nueva Constitución.
Supongo que con la seguridad de que será mejor que la actual, sin que haya
ningún dato que lo avale. Más bien todo lo contrario.
Moratoria
Su programa incluye desde la moratoria en el pago de la
deuda a las reformas electorales y fiscales (incluyendo la suspensión
de la amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy), pasando por la derogación
inmediata de las medidas adoptadas por el PP, la abolición de los
privilegios políticos, la abolición de los desahucios y el
reparto entre todos del trabajo existente. Como ven, muchos de sus puntos
sintonizan, sin duda, con sentimientos extendidos en buena parte de la
población.
Y, aunque pueda compartir muchas de esas acciones inmediatas
frente a la crisis, creo que la propuesta del 25-S carece de un
proyecto político alternativo claro; y de algo a mi juicio fundamental:
legitimidad democrática. Con todos sus defectos y errores los
diputados que ocupan escaño en el Congreso han sido elegidos con el voto de
millones de ciudadanos y ciudadanas. Y corresponde a estos renovarles o
no su confianza, no a un grupo de manifestantes sean
cien, diez mil o medio millón.
Deberían pensar qué pasaría si una movilización similar, impulsada
por falangistas, integrantes del Opus Dei, los Legionarios de Cristo o del Foro
de la Familia, apoyada por su amplia tropa mediática, reivindicara la
disolución de las Cortes y la elaboración de una nueva Constitución sin
autonomías, sin libertades, sin derecho al divorcio o el
aborto, sin partidos ni sindicatos. Y, por supuesto,
sin posibilidad de realizar movilizaciones en la calle y, aún menos, frente al
Congreso.
Responsabilidad
Es más que probable el fracaso de esta propuesta de rodear y
ocupar el Congreso de los Diputados el 25-S, que se suma a la actual y peligrosa ola
antipolítica y antipartidos. En la que tienen su cuota de responsabilidad, sin
duda, los que han dilapidado la credibilidad de la política, incumpliendo
los programas electorales, manchando las instituciones con sucios
negocios o tomando graves decisiones que empobrecen a la ciudadanía,
quitándole ingresos económicos y eliminando, asimismo, derechos y prestaciones.
La actual crisis, de la que son principales
responsables las instituciones financieras y los gobiernos y organismos
internacionales incapaces de controlar sus desmanes, a lo que en
España se suma la explosión de la artificial burbuja inmobiliaria, no solo
afecta a la economía y al empleo, también toca los cimientos del propio
sistema democrático, con el desafecto hacia la política y la práctica totalidad
de las instituciones.
Como he señalado en otras ocasiones, en estos momentos resulta
imprescindible poner en valor a la denostada política, los liderazgos democráticos, los
programas transformadores, la gestión transparente y eficaz, así como la
urgente toma de gubernamentales decisiones que beneficien a las personas, a la
mayoría social, y no a opacas minorías bancarias o bursátiles. Y eso no
se logra con propuestas, como la del 25-S, que solo añaden más confusión y más
división entre quienes se oponen al neoliberalismo y a sus consecuencias sobre
la vida de las personas.
Por eso, puestos a ocupar el Congreso, prefiero que lo
hagamos, en su momento, con millones de votos que apunten hacia unas políticas
diferentes, más justas y al servicio de la gente, capaces de generar
empleo, de proteger a los más débiles y de revertir la actual descapitalización
de los servicios públicos; continuando, mientras tanto, con la
movilización y la organización de la sociedad en todos sus ámbitos.
Siendo siempre el conjunto de los hombres y mujeres de este país los
únicos responsables de elegir su presente y futuro, sin salvapatrias que los sustituyan y que se reclamen como la
única y legítima “voz del pueblo”.
Para dejarlo claro y sin ambigüedades: los del 25-S no me
representan. Ni a mí ni a millones de personas progresistas y de izquierdas.
Fuente: latiradera.wordpress.com