El negocio del desempleo
UGT y CCOO se embolsan hasta un 10% del coste por despido en
cada ERE
La crisis económica se ha convertido en
una importante fuente de financiación para CCOO y UGT que, a través de sus
asesorías jurídicas, cobran un porcentaje sobre las indemnizaciones que recibe
cada uno de los trabajadores obligados a abandonar su empresa a través de los
ERE.
X. Gil / A. Ramón / J. Romera
Los sindicatos utilizan en ocasiones
empresas para camuflar ingresos por estudios inexistentes. Varios despachos de
abogados denuncian que pactan tarifas al margen de su representatividad.
La crisis económica se ha convertido en
una importante fuente de financiación para las centrales sindicales que,
a través de sus asesorías jurídicas, cobran un porcentaje sobre las
indemnizaciones que recibe cada uno de los trabajadores obligado a abandonar su
empresa a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). De acuerdo
con los datos a los que ha tenido acceso elEconomista,
CCOO y UGT estarían ingresando actualmente entre el 5 y el 10 por ciento
del coste del despido.
Al margen de las cuantiosas
subvenciones que reciben del Estado y de las comunidades autónomas, los
sindicatos hacen así caja con los trabajadores afectados por las regulaciones
de plantilla, incluso cuando la indemnización debe ser pagada por el Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa). De esta forma,
cuanto mayor sea el número de trabajadores afectados por los ERE,mayores serán los ingresos de
las centrales sindicales.
Un dato importante a tener en cuenta es
que la contratación del abogado para negociar los términos del ERE con la
compañía, se realiza por el comité de empresa, por el delegado de personal o
por quienes representen los intereses de todos los trabajadores, pero no
con cada uno de los trabajadores.
Un millón de afectados
Y los últimos años a tenor de las cifras
oficiales, no les ha ido mal. El número de trabajadores afectados por un
ERE entre 2008 y 2010 sobrepasó ligeramente el millón de personas
(1,08 millones) y el número de expedientes llevados a efecto alcanzó los
42.858. De estos procedimientos, el 24,1 por ciento fueron de extinción del
contrato, el 62,82 por ciento de suspensión temporal de empleo y el 12,9
por ciento de reducción de jornada.
La estadística correspondiente a los dos
primeros meses de 2011, muestra que, aunque han descendido los ERE con respecto
al mismo periodo del año anterior en un 11,7 por ciento, los anuncios
realizados por diversas cajas de ahorros y, sobre todo el de Telefónica, hacen
pensar en un cambio de tendencia a estas alturas.
Durante los dos primeros meses, según
los datos de Trabajo, el número de expedientes presentados fue de 3.200,
de los que se autorizaron 3.111, que afectaron a 44.404 trabajadores. El número
de ERE pactados entre los empresarios y los sindicatos ascendió a 2.850 y
afectó a 40.295 trabajadores, lo que supone el 90,7 por ciento del total.
El número de expedientes de extinción de
contrato en enero y febrero ascendió a 566 trabajadores.
Conceptos de la factura
Los cálculos de varios bufetes de
abogados, que consideran la actividad de estas asesorías jurídicas sindicales
como un claro caso de competencia desleal, indican que por cada ERE de tamaño medio los sindicatos obtienen, al menos, entre 100.000
y 300.000 euros. Es lo que pasó, por ejemplo, en el ERE llevado a cabo por Fibracolor, una empresa participada por la Generalitat de
Cataluña, que pagó 1.000 euros por trabajador, lo que permitió a los sindicatos
embolsarse cerca de 280.000 euros en un conflicto laboral que acabó con el
cierre de la empresa hace tres años.
Y más grave aún es lo que está pasando
ahora, por ejemplo, con alguno de los ERE fraudulentos
en Andalucía. Como el de Delphi, donde los sindicatos
podrían haberse embolsado 2,4 millones de euros en concepto de mediación,
después de que sólo 600 de los 1.500 trabajadores afectados por el cierre
hayan podido ser recolocados.
Pero los ingresos no vienen sólo vía
asesoría jurídica sino que, en muchos casos, aparecen incluso facturas que
responden a estudios o informes que nunca llegan a ver la luz, según denuncian
algunas empresas. Esta documentación suele ser facturada por sociedades
instrumentales, especialmente cuando, como suele ocurrir con las
multinacionales, la dirección se niega a pagar a los sindicatos.
El responsable de los servicios
jurídicos de Comisiones Obreras, Antonio García, niega este
extremo, aunque reconoce que ellos facturan a cada trabajador entre un 5 por
ciento y un 10 por ciento de la cantidad con la que resultan indemnizados.
"Como cualquier bufete de abogados" se defiende. Según
García, "un bufete puede llegar a cobrar incluso un 15 por ciento o
más". Los sindicatos insisten en que la cantidad pactada tan sólo es
abonada por los no afiliados al sindicato.
Pero el problema es mucho mayor. Según
han asegurado varios despachos de abogados expertos en derecho laboral -que han
participado en un gran número de ERE en los últimos años-, existe además un
problema de competencia, porque "al margen de la representatividad que
tengan, pactan las facturas para cobrar lo mismo. Es un comportamiento
irregular, con una falta absoluta de transparencia".
El responsable jurídico de CCOO matiza
este extremo y asegura que tan sólo se pactan tarifas "cuando se
trata de expedientes de empleo de grandes compañías, ya que es en esos casos
cuando los propios trabajadores piden que se llegue a un acuerdo sobre la
factura a cobrar".
Criterios diferentes de cobro
Aunque lo normal es cobrar un
porcentaje, hay también casos en los que los sindicatos cobran una cantidad
fija a cada trabajador por el asesoramiento técnico y jurídico. Estas
cantidades dependen del número de trabajadores incluidos en el expediente que acepten
el asesoramiento y de las dificultades que pueda plantear el expediente. Es
decir, si es una simple tramitación puede rondar el 5 por ciento,
mientras que si implica acudir al Juzgado la tarifa puede estar más cerca del
10 por ciento.
Aunque en algunos casos, los afiliados
al sindicato no pagan, en la mayoría de los casos, al contrario de lo que
asegura García, sí que lo hacen, aunque en una cantidad inferior a la de los no
afiliados.
En numerosas ocasiones, los sindicatos
ajustan sus honorarios a través de unas tablas que regulan la cantidad a pagar,
atendiendo a la antigüedad de la afiliación sindical. Con ello se trata de que
no se beneficien de esta situación quienes se han dado de alta en los meses
anteriores a la presentación del ERE.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo
establece que los honorarios del abogado deben tener en cuenta la cuantía del
asunto, las circunstancias de esfuerzo intelectual y laboriosidad exigidas por
la actuación profesional, el dictamen del Colegio de Abogados y el alcance de
la condena dictada por el Tribunal correspondiente. La división del pago de
honorarios en dos conceptos distintos viene recomendada por los propios
colegios profesionales en sus criterios sobre los honorarios.
Como ejemplo, el Colegio de
Abogados de Madrid aconseja a sus colegiados solicitar 360 euros por
trabajador cuando se solicite la extinción de contratos, la suspensión temporal
del empleo o la modificación de la jornada de trabajo.
En este primer concepto de las
recomendaciones aportadas por el Colegio, se incluye la preparación del
expediente, la comunicación a la autoridad laboral y la comunicación a los
representantes de los trabajadores de la apertura del periodo de consultas en
el que deben participar. Y, finalmente, ante la autoridad laboral, la
presentación del periodo de consultas.
En la mayoría de los ERE, el abogado
cobra un porcentaje al finalizar el proceso, pactado al principio, sobre la
cantidad obtenida como indemnización por cada trabajador.
Existe una tablas de
reducción de los honorarios dependiendo del número de trabajadores que
participen en el ERE y sean representados por el mismo abogado o
firma.
En el caso de los sindicatos, aunque
suelen cobrar honorarios idénticos, éstos niegan que se hayan puesto de
acuerdo para establecerlos.
No obstante, sí reconocen que en
aquellos casos en que actúan los abogados de varias centrales con los
trabajadores de la misma empresa o grupo empresarial es lógico que todos paguen
lo mismo por los servicios prestados.
Trabajo autorizó el 94% de los ERE
presentados en los dos primeros meses del año
El Ministerio de Trabajo o las
consejerías de empleo autonómicas competentes autorizaron el 94,4% de los más
de 3.200 ERE que se presentaron en los dos primeros meses del año, si bien sólo
el 17,7% de éstos eran de extinción, y contemplaban el despido de un total de
7.409 trabajadores.
Según los últimos datos
del departamento que dirige Valeriano Gómez, los ERE autorizados afectaron a un
total de 44.404 trabajadores, de los que 27.065 (el 60,9% del total) fueron
incluidos en los más de 1.400 expedientes de suspensión aprobados.
Ahora bien, en pleno
debate sobre el endurecimiento de las prejubilaciones de los ERE de compañías
con beneficios, que el Gobierno prepara como respuesta al recorte de plantilla
del 20% anunciado por Telefónica, los empleados afectados por algún tipo de ERE
se redujeron un 11,7% con respecto a los dos primeros meses de 2010, cuando un
total de 54.716 trabajadores se incluyeron en un expediente de regulación.
Esta disminución con
respecto al ejercicio precedente, que podría explicarse por las mayores
virulencias de la crisis, se mantuvo también en los expedientes de extinción,
aunque de enero a febrero de este año afectaron a 7.400 empleados, esto es,
sólo 500 trabajadores menos.
En este sentido, desde CC.OO. acusaban al Gobierno de "gobernar a golpe de
titular" para evitar que la Seguridad Social sufrague también las
prestaciones por desempleo de ERE presentados por empresas con grandes
beneficios, y recordaban que la reforma laboral "facilita" esta
posibilidad al contemplar el despido objetivo, con 20 días de indemnización,
para compañías con "previsión de pérdidas".
LA MAYORÍA DE ERES, PACTADOS
En concreto, el 91,6% de
los 3.111 ERE autorizados en los dos primeros meses del año fueron pactados
entre los empresarios y los representantes sindicales, que afectaron a 40.295
trabajadores, con lo que sólo algo más de 4.000 empleados se vieron incluidos
en un expediente que no contó con beneplácito de los sindicatos.
Capítulo aparte merecen
los ERE de reducción de jornada, un instrumento que permite combinar la
reducción de jornada con el cobro de la prestación por desempleo, y que da
derecho además a una bonificación del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad
Social por contingencias comunes, siempre que la empresa se comprometa a
mantener en el empleo a los trabajadores afectados durante al menos el año
posterior a la finalización de la reducción de jornada autorizada.
LOS ERE DE SUSPENSIÓN SUPONEN YA EL 22%
DEL TOTAL
Este tipo de ERE no se
utiliza demasiado en España, como demuestran los datos que maneja el Ministerio
de Trabajo, aunque el Gobierno, adaptando el modelo alemán, ha querido
potenciarlo en la reforma laboral como alternativa al despido.
Y los efectos del llamado
'modelo alemán' se dejaron notar en los dos primeros meses del año, pues este
tipo de expediente se multiplicó por más de cinco, hasta los 9.930 ERE. Además,
los ERE de reducción ganaron peso en el total, y pasaron a representar el 22,4%
del total de expedientes autorizados, frente al escaso 3,6% que significaban en
el mismo periodo de 2010.
Los sindicatos mayoritarios se lucran
con los ERE a costa de los trabajadores
Carlos García León/Prensa
Los empleados de las empresas afectadas
por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pagan por los servicios de
asesoría jurídica del sindicato una cantidad fija que oscila entre los 100 y
los 400 euros.
En la mayoría de los casos los
trabajadores desconocen que se les descuenta estas minutas de su indemnización,
pues se trata de un ingreso que no consta en ningún recibo ni factura. Y que
supone un gran negocio si se tiene en cuenta que la cifra de ERE se ha
disparado. Además, la organización sindical tiene un ingreso extra: cobra a
cada uno de estos trabajadores entre un 10% y un 15% de la cantidad que obtiene
como indemnización por encima de los veinte días por año trabajado, según han
confirmado a EXPANSIÓN varios abogados de importantes bufetes laboralistas.
En concreto, el número de empleados
afectados por un ERE se multiplicó casi por 16 en los primeros meses de 2009:
afectó a 589.049 trabajadores, un 222% más que en 2008. Entre enero y julio de
este año, la cifra ya supera la de todo 2008, al ascender a 183.126 empleados.
Así, desde que comenzó la crisis, los sindicatos se han embolsado -sólo por la
parte fija del pago- alrededor de 240 millones de euros (unos 80 millones
anuales). Esta cifra resulta de multiplicar el total de trabajadores afectados
por ERE durante la crisis (953.331) por un ingreso fijo medio de 250 euros. La
parte variable, según los expertos, no se puede estimar de forma rigurosa.
Diferencias territoriales
Para gestionar este abultado número de
expedientes, UGT ha llegado a tener en nómina a tiempo completo a 316 abogados
y 55 graduados sociales., y 400 trabajaban en CCOO.
Rafael Nogales, del departamento
jurídico confederal de UGT, confirmó a este periódico que "se cobra una
cantidad fija a cada trabajador por el asesoramiento técnico y jurídico, y que
las cantidades dependen de cada caso". "En determinados lugares como
Madrid, los afiliados del sindicato no pagan nada y si se les cobra es a razón
de unas tablas dependiendo de su antigüedad, pero mucho menos que a los no
afiliados". Nogales cifra en el 10% esa cantidad variable que se obtiene
en la negociación.
Por su parte, César López, responsable
de asesoría y servicios de CCOO, afirmó que "el criterio del tanto por
ciento para lo que se consigue por encima de los 20 días no está establecido en
nuestro sindicato, sino que depende de cada caso en concreto". Lo que sí
aseguró López es que "se cobra una cantidad fija a cada trabajador por el
asesoramiento jurídico prestado, pero por debajo de los honorarios fijados por
los colegios profesionales. Y a nuestros afiliados se les bonifica". El
letrado jefe de Honorarios Profesionales del Colegio de Abogados de Madrid,
Francisco Fernández Ortega, aclaró que "los sindicatos establecen por su
cuenta la minuta por el asesoramiento jurídico que realizan sus abogados, que
suele establecerse en un fijo más un tanto por ciento, y el Colegio no influye
en nada a no ser que haya un procedimiento judicial".
Desconocimiento
Otro de los sindicatos consultados,
Unión Sindical Obrera (USO), afirmó que en su caso como norma en los ERE nunca
se cobra nada a los trabajadores, pero que son conscientes de que en otros
sindicatos, sobre todo los más grandes, se les cobra un fijo y un tanto por
ciento de lo que se consiga por encima de 20 días, y otras veces se le cobra a
la empresa. El secretario de acción sindical, José Vía, explicó que
"nosotros no cobramos al trabajador por asesorarle en un ERE porque
bastantes problemas tienen éstos ya con irse a la calle como para encima pedirles
dinero". "A quien sí cobramos en ocasiones es la empresa".
Otra fórmula que también se utiliza,
sobre todo en grandes empresas afectadas por un ERE, es que sea la propia
compañía la que corra con los honorarios de los abogados de los sindicatos.
"En estos casos, este acuerdo se
establece antes de empezar las negociaciones entre los representantes de los
trabajadores y la empresa, porque a ésta le interesa que haya un acuerdo y se
produzca un ERE pactado entre ambas partes, que es lo mayoritario para que la
autoridad laboral no entre a revisar sus cuentas y de cara a su imagen
exterior", afirmó un experto de un gran despacho de abogados.
Casi todos los ERE acaban en acuerdo
Alrededor del 98% de los Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE) que se presentan se están resolviendo con acuerdo de
las partes -empresa y trabajadores-. Desde 2008, de los 35.627 ERE presentados,
tan sólo 3.493 no estaban pactados entre ambas partes.
Con estos datos encima de la mesa es
fácil deducir que prácticamente ningún ERE se suele aprobar sólo con los 20
días por año trabajado que establece la Ley como mínimo, ya que las
negociaciones siempre hacen subir esta cifra. Las fuentes jurídicas consultadas
aseguran que normalmente se están aprobando con entre 30 y 40 días por año
trabajado, e incluso algunos llegan hasta 45. Esto aumenta notablemente la
cantidad de entre 100 y 400 euros que aporta cada trabajador a los sindicatos.
Los bufetes alertan de que el trabajador
desconoce sus opciones
¿Saben los trabajadores afectados por un
ERE que una parte de su indemnización va a parar a los sindicatos? Los abogados
laboralistas consultados coincidieron en responder que generalmente esto se
desconoce. "Teóricamente, cada trabajador debería firmar una hoja de
encargo para solicitar los servicios jurídicos del sindicato en cuestión, pero
esto en la práctica nunca ocurre", explican fuentes cercanas a
negociaciones rutinarias.
"Lo que sucede es que hay un código
no escrito que dice que el Comité de Empresa, que representa y ha sido elegido
por los propios trabajadores, tiene la legitimidad de negociar con los abogados
de los sindicatos u otros que estimen", añadieron. Otra cosa es que luego
el trabajador no esté de acuerdo en pagar esa parte correspondiente de su
indemnización por el asesoramiento jurídico, o prefiere contratar por su cuenta
a un bufete privado. Rafael Nogales de UGT aclara que "si esto ocurre, por
supuesto, que no se les cobra , pero si no se dice
nada al respecto lo lógico es cobrar, porque damos por hecho que se está de acuerdo
con el asesoramiento".
Un asesoramiento jurídico 'jugoso'
¿Cuánto están ganando las asesorías
jurídicas de los sindicatos por asesorar a los trabajadores en los ERE?
"Los abogados de los sindicatos perciben siempre el mismo sueldo porque
están contratados por cuenta ajena, pero las organizaciones sindicales se están
enriqueciendo muchísimo en estos procesos a costa de la cantidad que aportan
los trabajadores afectados por ERE. El problema es que en la mayoría de los
casos los empleados desconocen esta situación", afirmó un prestigioso
laboralista.
El cálculo
Los sindicatos ganan una cantidad fija
de entre 100 y 400 euros a cada trabajador inmerso en un ERE (una media de 250
euros). Si se multiplica esta cifra por los afectados en los despidos, se obtienen
los 80 millones anuales.
Las 'comisiones' son una fuente más de
financiación para las organizaciones sindicales
1. El cobro por estos servicios de los
sindicatos se suma a otro tipo de asignaciones presupuestarias, cuotas y
subvenciones.
2. En total, durante todo el año 2009, los
sindicatos, sin contar este cobro por los ERE, se embolsaron cerca de 200
millones de euros.
3. El ingreso por el servicio en los ERE
puede ser mucho mayor, pero los expertos apuntan la dificultad de calcular la
parte variable de la indemnización.
4. Ese importe oscila, según casos, entre
un 10% y un 15% de la cantidad que se obtiene por encima de los 20 días de
indemnización por año trabajado.
5. La estimación realizada es sólo una
media de la parte fija. Al oscilar el cobro hasta los 400 euros por trabajador,
puede incluso llegar a duplicarse.
6. En pleno boom de los ERE, durante el
primer trimestre de 2009, sólo UGT tenía en nómina a 316 abogados y 55
graduados sociales. CCOO, a 400.