El médico funcionario acosado

 

Artemio Rodríguez Méndez

 

Francisco es un médico de familia que trabaja en un centro de salud. En los años 80 abandonó una cómoda consulta de unas 2,5 horas diarias de los antiguos ambulatorios del Insalud para incorporarse a un centro de salud, con siete horas diarias de consulta cobrando casi lo mismo. En aquel entonces creía en el lema de la OMS de "Salud para todos en el año 2000". Ahora piensa que, lejos de cumplirse los objetivos, nos hallamos en una situación crítica en la sanidad, con riesgo de privatización; con pacientes hiperfrecuentadores; con una consulta demencial, con una media de cincuenta a sesenta pacientes diarios, de los que casi la mitad son sin hora que alegan urgencias y que en la mayoría de los casos no lo son.

La cita previa ha supuesto un fracaso, porque el retraso de la misma puede llegar a varias semanas, y sin visos de mejora, porque con la crisis apenas se contratan sustitutos y los pacientes del médico ausente lo tienen que ver sus compañeros. Se acuerda Francisco de que cuando estaba en su antiguo ambulatorio repartían de unos treinta a cuarenta números diarios por médico, sin lista de espera ni cita previa, y todos contentos porque los pacientes eran vistos el mismo día y el médico se programaba el horario. Ahora, el médico no sabe cuántos pacientes acabará viendo en el día. Ello le ocasiona estrés y ansiedad por la presión de los que están sin hora. Sabe de compañeros que han tenido que tomar ansiolíticos y de otros que han tenido que abandonar la consulta por crisis de ansiedad o por crisis hipertensiva. Este deterioro progresivo de la salud física y mental es contemplado y vivido por los médicos residentes, estudiantes de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, quienes se desaniman y algunos abandonan la especialidad.

Recuerda que los funcionarios no son solo aquellos de las películas, los que están detrás de una ventanilla haciendo argollas, sino que incluye también a los sanitarios (médicos, enfermeros y auxiliares de Primaria y de Hospitales), maestros, policías y todos los que trabajan para el Estado. Y qué fácil es, aprovechando la crisis, bajarles el sueldo a los funcionarios, quitarles la mitad de la paga extra y controlarles hasta el último minuto. Se lo quitan a los funcionarios, pero los políticos no se lo aplican. Por no nombrar las incoherencias de los millones derrochados en la Televisión Canaria o la Policía Canaria.

Resulta muy llamativo que en tiempos de Franco había unos ochocientos mil funcionarios y ahora tengamos tres millones y medio. De estos, un millón pertenecen a los diecisiete cánceres autonómicos y otro millón -no se sabe exactamente- a los funcionarios políticos, los de carnet, los de los cargos públicos. Pues si quitamos a estos últimos parásitos no haría falta reducirles el sueldo a los sanitarios que han obtenido su plaza por oposición. Y, en consecuencia, la sanidad y la calidad asistencial mejorarían, porque sus empleados, que trabajan con personas y no con máquinas, se sentirían valorados y estarían motivados. Esto no lo entiende la consejera regional de Sanidad, quien, recientemente, ha insinuado que los sanitarios hospitalarios no cumplen sus funciones. ¡Ya está bien de tanto acoso! Los médicos españoles son los peor pagados de la UE, los que más trabajo tienen y los que menos tiempo pueden dedicar a sus pacientes. Y, además, los médicos de familia canarios se han convertido en uno de los peores pagados de toda España.

¡Qué poco considerados están el médico y la sanidad en general! ¡Cuánta sobrecarga de trabajo y vueltas de tuercas le han dado de forma impune, sin que se vea un mínimo movimiento de indignación corporativa y colegial! Francisco se pregunta: ¿por qué tragamos todo lo que nos echan? ¿Acaso la sanidad y la educación no son dos pilares fundamentales de la sociedad? ¿Por qué en Canarias les han reducido, a ambas, seiscientos millones en tres años? ¿Por qué dejaría mi consultorio del ambulatorio?