El médico funcionario acosado
Artemio
Rodríguez Méndez
Francisco es un médico
de familia que trabaja en un centro de salud. En los años 80 abandonó una
cómoda consulta de unas 2,5 horas diarias de los antiguos ambulatorios del Insalud para incorporarse a un centro de salud, con siete
horas diarias de consulta cobrando casi lo mismo. En aquel entonces creía en el
lema de la OMS de "Salud para todos en el año 2000". Ahora piensa
que, lejos de cumplirse los objetivos, nos hallamos en una situación crítica en
la sanidad, con riesgo de privatización; con pacientes hiperfrecuentadores;
con una consulta demencial, con una media de cincuenta a sesenta pacientes
diarios, de los que casi la mitad son sin hora que alegan urgencias y que en la
mayoría de los casos no lo son.
La cita previa ha
supuesto un fracaso, porque el retraso de la misma puede llegar a varias
semanas, y sin visos de mejora, porque con la crisis apenas se contratan
sustitutos y los pacientes del médico ausente lo tienen que ver sus compañeros.
Se acuerda Francisco de que cuando estaba en su antiguo ambulatorio repartían
de unos treinta a cuarenta números diarios por médico, sin lista de espera ni
cita previa, y todos contentos porque los pacientes eran vistos el mismo día y
el médico se programaba el horario. Ahora, el médico no sabe cuántos pacientes
acabará viendo en el día. Ello le ocasiona estrés y ansiedad por la presión de
los que están sin hora. Sabe de compañeros que han tenido que tomar
ansiolíticos y de otros que han tenido que abandonar la consulta por crisis de
ansiedad o por crisis hipertensiva. Este deterioro progresivo de la salud
física y mental es contemplado y vivido por los médicos residentes, estudiantes
de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, quienes se desaniman y
algunos abandonan la especialidad.
Recuerda que los
funcionarios no son solo aquellos de las películas, los que están detrás de una
ventanilla haciendo argollas, sino que incluye también a los sanitarios
(médicos, enfermeros y auxiliares de Primaria y de Hospitales), maestros,
policías y todos los que trabajan para el Estado. Y qué fácil es, aprovechando
la crisis, bajarles el sueldo a los funcionarios, quitarles la mitad de la paga
extra y controlarles hasta el último minuto. Se lo quitan a los funcionarios,
pero los políticos no se lo aplican. Por no nombrar las incoherencias de los
millones derrochados en la Televisión Canaria o la Policía Canaria.
Resulta muy llamativo
que en tiempos de Franco había unos ochocientos mil funcionarios y ahora
tengamos tres millones y medio. De estos, un millón pertenecen a los diecisiete
cánceres autonómicos y otro millón -no se sabe exactamente- a los funcionarios
políticos, los de carnet, los de los cargos públicos. Pues si quitamos a estos
últimos parásitos no haría falta reducirles el sueldo a los sanitarios que han
obtenido su plaza por oposición. Y, en consecuencia, la sanidad y la calidad
asistencial mejorarían, porque sus empleados, que trabajan con personas y no
con máquinas, se sentirían valorados y estarían motivados. Esto no lo entiende
la consejera regional de Sanidad, quien, recientemente, ha insinuado que los
sanitarios hospitalarios no cumplen sus funciones. ¡Ya está bien de tanto
acoso! Los médicos españoles son los peor pagados de la UE, los que más trabajo
tienen y los que menos tiempo pueden dedicar a sus pacientes. Y, además, los
médicos de familia canarios se han convertido en uno de los peores pagados de
toda España.
¡Qué poco considerados
están el médico y la sanidad en general! ¡Cuánta sobrecarga de trabajo y
vueltas de tuercas le han dado de forma impune, sin que se vea un mínimo
movimiento de indignación corporativa y colegial! Francisco se pregunta: ¿por
qué tragamos todo lo que nos echan? ¿Acaso la sanidad y la educación no son dos
pilares fundamentales de la sociedad? ¿Por qué en Canarias les han reducido, a
ambas, seiscientos millones en tres años? ¿Por qué dejaría mi consultorio del
ambulatorio?