El
"lobby" proespañol
Ramón Moreno Castilla
[Aquí, dada la cantidad de población foránea que nos
invade, y que pasa por residentes canarios, no necesitamos un referéndum de
autodeterminación, que sería adulterado, sino que España nos restituya la
libertad que le arrebató cruelmente a nuestros antepasados.]
Para
cualquier analista riguroso e independiente que se precie, sea cual sea su
credo o ideología política, que haya nacido y viva en Canarias, y que ¡ame a
esta tierra por encima de todo!, existe un hecho evidente que condiciona el
devenir de este pueblo, y que no se puede ocultar, por muchos subterfugios
lingüísticos y eufemismos al uso que utilicen políticos y medios de
comunicación afines, que sirven de correa de transmisión del depredador
colonialismo español que nos aqueja. Se trata de un auténtico y poderoso
"lobby" proespañol, omnipresente en todos
los estamentos de la sociedad canaria que, por un lado, impone con su presencia
intimidatoria y coactiva el actual statu quo (los tres Ejércitos, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, con sus correspondientes servicios de inteligencia,
así como la Justicia, con mayoría de jueces y fiscales españoles); y por otro,
los partidos políticos nacionalistas españoles (las franquicias del PP y el
PSOE), y los pseudonacionalistas (CC, NC y demás), y
numerosas instituciones de variada y diversa naturaleza (que sería prolijo
enumerar), que son los colaboradores necesarios para mantener sine die la impuesta y artificiosa "españolidad de
Canarias".
O
sea, esa España, una vieja y rancia nación europea, decrépita y decadente, con
muy poca credibilidad, sumida en una impresionante crisis económica, sigue
manteniendo a toda costa un enclave en África; situación, contraria y opuesta a
la legalidad internacional, que España conculca sistemáticamente como un
deleznable Estado forajido, al margen de la ley. Y cuando en la metrópoli, una
"democrática" partitocracia donde predomina
un feroz bipartidismo, la política está judicializada y la justicia politizada
(con la aberración de organizaciones de jueces conservadores y progresistas), y
donde no existe una efectiva separación de poderes, como mandan los cánones de
un auténtico y fiable Estado de derecho, en Canarias las extensiones españolas
del poder legislativo, ejecutivo y judicial están perfectamente unidos y
cohesionados actuando al unísono para mantener la finca y seguirla explotando.
Lo
más grave y denigrante de esta situación es que el pueblo canario, que parece
masoquista, está resignado a su suerte y prefiere seguir siendo una eufemística
"comunidad autónoma" del Estado español, y una colonial región
ultraperiférica (RUP) europea, colocada en un minúsculo recuadro en un extremo
del mapa oficial de Europa, junto a los territorios DUM franceses. Y de ese
intolerable oprobio y escarnio a esta tierra se sienten orgullosos todo ese
lumpen político y muchos canarios sin personalidad ni autoestima; encabezados
por el inepto ese de Paulino Rivero, el político más nefasto y entreguista que
ha dado Canarias.
Pero
a pesar de todo, la realidad es incontestable y la geografía implacable:
Canarias es un caduco e inconsistente "territorio nacional europeo"
en otro continente; una enorme contradicción que, además, la legalidad
internacional ya no contempla ni ampara en pleno siglo XXI. Con un pueblo que
no decide por sí mismo, aculturizado y mediatizado,
sin referentes y sin otros valores que vivir bien, al precio que sea, y
conseguir dinero fácil, como sea.
Por
ello, conviene recordar que el Derecho Internacional (que está por encima y
tiene primacía sobre el Derecho interno de los Estados y organismos
supranacionales como la UE) nos ampara a los patriotas canarios. En el proceso
de emancipación de los pueblos, sobre todo en África -que dio lugar a la
Resolución 1514 XV de la ONU- la "modalidad" imperante, hasta la
fecha, de "propiedad" de territorios sufrió un duro revés. En efecto,
al decimonónico y proscrito criterio de "soberanía política" se le
opuso el principio emergente de "localización geográfica", al cual es
inherente el binomio población y territorio, consustancial con el nuevo
criterio de independencia política puesto de manifiesto al finalizar la Segunda
Guerra Mundial. No obstante, la descolonización de Canarias es un caso
singular. Aquí, dada la cantidad de población foránea que nos invade, y que
pasa por residentes canarios, no necesitamos un referéndum de
autodeterminación, que sería adulterado, sino que España nos restituya la
libertad que le arrebató cruelmente a nuestros antepasados. ¿Quién no está de
acuerdo?
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