Hace unos días, Fernando Clavijo viajó a Nueva York para obsequiar a foráneos y oriundos con un nuevo regalo en forma de mensaje: “queremos convertir a Canarias en la nueva Dubai o Singapur”. Estas palabras despejaron las dudas sobre cuál es el modelo por el que apuestan las élites oligárquicas insulares; un modelo absolutamente neoliberal, un capitalismo de rostro asiático, explotador y antagónico a lo que debería ser un país democrático, sostenible, respetuoso con el medio ambiente y por supuesto, no masificado (Singapur tenía en 2016 una densidad de población de 7.798 hab/km², mientras que Canarias en el mismo año contaba con 288 hab/km², siendo ya esta cifra muy superior a la media del Estado español, que posee una densidad de 92 hab/km²).

No es de extrañar entonces que el actual presidente canario anunciara, ya antes de las elecciones, que su apuesta para reducir el paro y la pobreza era “liberalizar el suelo”. Lo cierto es que esta Ley que el Parlamento aprobará con los votos favorables de CC, PP y Agrupación Socialista Gomera, (Podemos, Nueva Canarias y PSOE votarán previsiblemente en contra, aunque el PSOE apoyó la ley con su silencio cuando estaba en el Gobierno) no es la ley de Fernando Clavijo ni de Coalición Canaria. Es la ley de los fondos buitre, de los empresarios que apenas pagan impuestos tributando a la RIC y de los círculos y confederaciones de aquellos. Sin ir más lejos, los primeros en conocer la Ley fueron ellos. Todos recordamos cómo el presidente se reunió a puerta cerrada con la patronal para enseñarles el anteproyecto sin ni siquiera abrir antes un debate público con toda la sociedad, dando muestras de que este, es un proyecto hecho por y para ellos, de espaldas a la gente y sin tener en cuenta la opinión de importantes sectores implicados como es el caso del sector primario o de aquellos sectores que apuestan por un turismo sostenible.

Carta de naturaleza a la corrupción y a la urbanización descontrolada
A partir del 1 de julio, fecha en la que la ley entrará en vigor, se empezará a dar carta de legalidad a la corrupción urbanística desmedida. La Ley no aprueba la corrupción en sí. Lo que hace es difuminar los controles de legalidad existentes. Hasta ahora estos controles los ejercía la COTMAC, que ahora desaparece como tal, sustituyéndose por otro organismo competente (todavía, a clarificar por el Gobierno). La excusa que siempre ha esgrimido Fernando Clavijo es que la COTMAC frenaba inversiones y no era ágil en sus dictámenes. Sin embargo, la COTMAC ejercía un papel determinante en la construcción de una ordenación del territorio equitativa y sostenible, puesto que tenía la última palabra a la hora de, por ejemplo, aprobar un Plan General de Ordenación municipal.

Un caso que puede reflejar perfectamente las ansias desarrollistas de Clavijo es el PGO de La Laguna, en su día tumbado precisamente por este organismo autonómico compuesto por geógrafos, arquitectos, biólogos y otros profesionales; que también fue contestado ampliamente por la sociedad lagunera. Ahora el organismo capaz de frenar los desmanes se desvirtúa. La solución coherente hubiese sido dotar de mayores recursos a dicho organismo, pero el Gobierno ha optado por esta “solución”.

El Coladero “legal”

Dicho lo anterior, el articulado más peligroso de la ley no es el que está relacionado con la COTMAC, sino una especie de coladero “legal” que permitirá aprobar proyectos por la vía simplificada del tamaño de Playa del Inglés. Es el capítulo V del Título III (artículos 124 a 133), concerniente a “proyectos de interés insular o autonómico”, reservándose Cabildos y Gobierno de Canarias la posibilidad de aprobar un proyecto, si así lo considerasen, saltándose el planeamiento insular o municipal. ¿Esto en qué se traducirá? En un significativo aumento de los niveles de arbitrariedad a la hora de aprobar determinados proyectos, y como consecuencia, en un incremento de la corrupción en las instituciones, pues éstas aprobarán los proyectos dependiendo de quién los presente o de la “cantidad de chorizo que lleve el pan”. Tendremos que estar más atentos que nunca al BOC, no sea que nos vayan a poner mamotretos en la puerta de casa o en la playa de al lado y no nos enteremos a tiempo.

Sobre esta arbitrariedad manifiesta, se pronunciaba hace unos meses Manuel Sarmiento Acosta (sin difusión alguna en los medios de comunicación que ellos manejan, como de costumbre), catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El profesor explicaba sobre este punto, el de los proyectos de interés insular o autonómico, que “constituyen caldo de cultivo propicio para la irrogación de situaciones arbitrarias y no puede causar sorpresa que en otras comunidades autónomas se hayan producido importantes anulaciones en sede judicial respecto de instrumentos de similares características”.

De esta forma, podemos intuir que a pesar de que el Gobierno quiera simplificar al máximo cualquier trámite legal, lo cierto es que se pueden empantanar aún más los proyectos y planes de ordenación puesto que las denuncias y expedientes se van a multiplicar en los juzgados. Pero no solo esto, muchos ayuntamientos no dispondrán de medios para aprobar sus propios Planes Generales por lo que deberán acudir a las ya menguantes administraciones insulares o autonómica para aprobar dichos documentos. Parece ser que no les ha quedado claro que lo necesario para agilizar trámites no es volar los controles, sino mantenerlos contratando al personal cualificado necesario y no haciendo el trabajo de 20 personas con sólo 10.

Hacia el abismo económico, ecológico y social

A nadie se le escapa ya –salvo a esta élite descabezada– que las islas no pueden absorber bloques de cemento y turistas sin pagar caras las consecuencias. Los recursos naturales de los que vivimos en Canarias poseen una limitada capacidad de carga que hace imposible mantener unos estándares de calidad de vida aceptables, al mismo tiempo que se pretende meter en el archipiélago a 24 millones de turistas al año. Son cuestiones incompatibles. Máxime cuando ya existen graves problemas ambientales para gestionar los residuos que se generan por dicha actividad –en los vertederos no cabe más basura – y cuando estos residuos apenas se reciclan de forma verdaderamente eficiente. A esto tenemos que añadir que la gestión del agua, nuestro principal recurso junto al suelo y el paisaje, es bastante penosa, teniendo que importar cantidades ingentes de petróleo para desalar agua de mar con la que llenar piscinas y bañeras de hoteles y apartamentos (y regar sus campos de golf). Por otro lado, existe una enorme opacidad en lo concerniente a los recursos de agua dulce disponible en el subsuelo, no teniendo datos fehacientes publicados sobre la cantidad de agua que se utiliza para regar jardines o llenar depósitos en establecimientos turísticos. Podríamos hablar de depuración de agua, pero esa es una asignatura pendiente en Canarias, ya que en vez de invertir en I+D para poder depurarla con mayor eficiencia, como sucede en otros países, este gobierno recorta recursos a empresas públicas como el Instituto Tecnológico de Canarias.

Dicho esto, tenemos que hablar de la sostenibilidad económica, que va de la mano de la sostenibilidad ambiental. Lanzo la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto puede Canarias tener una economía estable si el 87% de los empleos provienen del sector servicios? (Estadística de empleo registrado según situaciones profesionales y rama de actividad, ISTAC 2016). Ya hemos visto con la burbuja inmobiliaria, que la construcción no va a absorber, por más que quieran, a toda la población en paro del Archipiélago. El turismo tampoco puede hacerlo, menos aun cuando se permite la entrada, sin reticencias, de población europea que ocupa los puestos más destacados dentro del sector, dejando a los canarios con los empleos más precarios y de menor valor. A esta ultra-dependencia del turismo, se suma también el hecho de que el gasto en destino, es decir en Canarias, apenas llega al 28% (ISTAC), lo que se traduce en una sangría de recursos hacia los países de origen de los turistas. Con todos estos indicadores, ¿cómo se plantea un Gobierno poner todos los huevos en la misma cesta?

Aun así, lo más peligroso no radica en el desmesurado extractivismo de recursos económicos. Lo realmente alarmante es la dependencia de todos los canarios con respecto a este sector. En este país llevamos 5 siglos jugando a la ruleta rusa con la economía, con grandes altibajos en las producciones de monocultivos, produciéndose siempre un fin de ciclo catastrófico que obligaba a emigrar a miles de canarios. Sucedió con la caña de azúcar, con el vino, con la cochinilla, y sucederá con el turismo si no somos capaces de diversificar la economía y el empleo. Es de extrema urgencia cambiar este modelo productivo. Sin embargo, los promotores de esta ley, los que financian las campañas electorales del tripartito autonómico, prefieren ganar todo el dinero que puedan mientras dure el bisne, sin aportar visión de futuro alguna. Es una pena que el pueblo canario no tenga memoria. Si la tuviese, sabría que en cuanto se recuperen los competidores turísticos, el mercado canario se desplomará como se desplomó la cochinilla (lo que provocó la emigración de aproximadamente un tercio del total de la población). Y todo, por repetir modelos cíclicos que abocan al fracaso, con una economía que depende única y exclusivamente de la bonanza europea y que en ese sentido, apenas ha cambiado.

Pero sobre todo, ¿qué consecuencias sociales tiene esta Ley para la población? Todas las que se puedan imaginar: pérdida de biodiversidad, mayor importación de petróleo, mayor dependencia exterior, pérdida de mayor suelo agrícola a pesar de tener que importar el 90% de los alimentos (con esta Ley, el suelo rústico es el principal amenazado), catástrofe social en caso de caída en el número de visitantes (emigración, pobreza…), empleo precario destinado a la población canaria, llegada masiva de trabajadores europeos con las nuevas inversiones (como ya sucediera anteriormente), salinización del suelo y pérdida del mismo, gentrificación en las ciudades, problemas con el alquiler vacacional y la disponibilidad de vivienda (como está sucediendo en Lanzarote), etc.

Lo lógico en un país democrático, soberano, moderno, sostenible, del siglo XXI, sería afrontar un debate serio sobre la ordenación del territorio en Canarias planteando un proyecto de Ley que nos permita, a 20 años vista, tener una soberanía alimentaria de al menos un 40% (como recomienda la FAO), una soberanía energética que se aproxime a niveles del 100%, y modificar el modelo turístico para alcanzar la excelencia y la calidad buscando que la mayor parte de los recursos económicos derivados de la actividad se queden en el Archipiélago y no se vayan a España, Reino Unido, Alemania, los países Nórdicos o Italia. Pero ya sabemos que eso no está entre los planes de la sempiterna oligarquía. No existe visión de futuro alguna, ni planteamiento de sostenibilidad posible. En definitiva, no hay proyecto de país. Para ellos el país sigue siendo esa República bananera que describiera Alonso Quesada, ahora con aires de Dubái. La única opción posible es que la sociedad canaria empiece a tener memoria y afronte que la están engañando, otra vez.

Una puntualización. Finalmente la Ley no entrará en vigor hasta el 1 de septiembre. Disculpen.

Fuentes:

www.tamaimos.com/2017/06/21/ley-del-suelo-hacia-el-abismo

www.eldiario.es/canariasahora/politica/Clavijo-convertir-Canarias-Dubai-Singapur

www.datosmacro.com/demografia/poblacion/singapur

www.datosmacro.com/demografia/poblacion/comunidades-autonomas

http://diariodeavisos.com/2016/07/empleo-solo-una-excusa-la-ley-del-suelo-verdadero-interes-beneficiar-elites-empresariales/

www.eldiario.es/tenerifeahora/politica/Santiago-Perez-Clavijo-Ley-Suelo_0_650934968.

www.lacasademitia.es/dictamen-encargado-fcm-cuestiona-seguridad-juridica-ley-suelo/

www.rwlwater.com/en-donde-se-practica-la-mayor-reutilizacion-de-agua

www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do

Documento de la Ley del Suelo en PDF:

http://www.parcan.es/files/pub/bop/9l/2016/291/bo291.pdf

Quesada, A., (1985): República bananera. Edición de Afriko Amasik. Santa Cruz de Tenerife.

Millares, A., Millares S., Quintana F., Suárez M., (2011): Historia Contemporánea de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.