Las
leyes ambientales de Canarias
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Wladimiro Rodríguez Brito
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Han
transcurrido más de 20 años desde la promulgación de las primeras leyes
ambientales en la Comunidad canaria. Nacieron en un momento de gran presión
sobre el suelo rústico, y jugaron un papel muy positivo en la defensa de los
espacios naturales y del suelo agrícola.
Ahora resulta que en un brevísimo plazo, hasta febrero de 2016, hay que
aprobar los planes de gestión de las 74 zonas de especial conservación (ZEC)
existentes en las Islas. Con la crisis inmobiliaria, la construcción prácticamente
ha desaparecido, pero avanza el abandono de las tierras cultivadas, ocupadas por
vegetación de complicada gestión en caso de incendios. Estas tierras
abandonadas se están convirtiendo en un riesgo para nuestros bosques y zonas
pobladas.
En los últimos años, hemos elaborado una maraña de leyes, en muchos
casos inaplicables en un territorio pequeño y fragmentado como es el nuestro.
Hasta cinco administraciones públicas tienen competencias sobre el territorio,
con grandes conflictos y contradicciones para sus habitantes. Al declarar el 50%
del territorio como supuestamente protegido, con 70 espacios dentro de siete
categorías de protección, hemos creado un pesado lastre para la actividad
agroganadera. Para hablar de la gestión ambiental en las Islas es fundamental
contar con sus habitantes, sus costumbres y sus modos de vida. No se puede
separar administración de administrados: la burocracia urbana no puede decidir
unilateralmente las pautas y el funcionamiento del campo.
Lo ocurrido estos días en Cantabria, Asturias y Galicia pone de
manifiesto la importancia de los ganaderos y campesinos. La desaparición de más
de 100.000 explotaciones ganaderas en la cornisa cantábrica ha convertido las
tierras de pastos en combustible para incendios, una lección de lo que no se
debe hacer. Por otro lado, en Arabia Saudí se riegan cereales con aguas subterráneas
de acuíferos fósiles, pero los problemas de dichos acuíferos han obligado a
reducir su producción. En California se repite la historia, con sus acuíferos
hipotecados por las demandas urbanas y agrícolas.
Aquí la maleza ocupa las tierras antaño labradas: zarzas, tojos, rabos
de gato, helechos, hinojos, magarzas, aulagas, etcétera. La gestión ambiental
tiene que contribuir a recuperar los usos tradicionales. Los agricultores y
ganaderos son necesarios en una sociedad más sostenible. Canarias no tiene
recursos para cuidar el 50% del territorio sin contar con sus habitantes.
Tenemos que acercar la gestión ambiental a la actividad rural: construir un
estanque, un gallinero o un baño en una casa no puede ser un laberinto legal
impuesto desde la ciudad por tantas administraciones.
Como bien plantea Fernando Clavijo, las leyes ambientales han de estar al
servicio de los ciudadanos y, por supuesto, del medio ambiente; no deben ser
solo barreras burocráticas que separen al hombre de la naturaleza. Necesitamos
un marco legal sencillo y claro.
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Doctor
en Geografía por la Universidad de La Laguna
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wladimirorodiguezbrito.blogspot.com.es