Una ley discriminatoria para Canarias

 

Antonio Alonso Orihuela

La Comunidad Autónoma de Canarias, con más de 1.500 kilómetros de litoral, es una de las regiones más afectadas por la aplicación de la Ley de Costas 22/1988, ya que desde su entrada en vigor hasta el presente ha omitido completamente la singularidad y especificidad de nuestras costas, y de la forma de vivir de los canarios.

Actualmente, se ha presentado una reforma denominada "Anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas" que, de producirse su aprobación por el Congreso de los Diputados, seguirá marginando claramente a Canarias.

Resulta que el proyecto de ley viene cargado de excepcionalidades al regular un régimen específico y diferenciado para la isla de Formentera, exonera a las empresas de acuicultura y salineras del dpmt, da un tratamiento especial a las urbanizaciones marítimo-terrestres y excluye del dominio público marítimo terrestre varios núcleos de población sin que en ningún momento exista motivación razonable alguna ni en el cuerpo normativo ni en la Exposición de Motivos del anteproyecto. Y lo más importante: se olvida totalmente de la Comunidad Autónoma de Canarias, y obvia totalmente su especial geografía.

La nueva Ley de Costas salva barrios enteros, sin ningún título de propiedad, sin razonamiento jurídico alguno; mientras, en Canarias, más de cien asentamientos costeros, pueblos tradicionales, viven desde hace años entre la espada y la pared; casi 135.000 canarios amenazados con el derribo de sus viviendas.

Otra particularidad de la ley es la diferencia que expresa en Formentera, al aplicar un deslinde diferente al resto del litoral español, por el simple hecho de que es una isla con especificidades geomorfológicas diferenciales del resto de España.

En Canarias no se aplica esa diferencia, y eso que en nuestro archipiélago se dan características geomorfológicas como para repartir, dado que cada una de las islas tiene una edad geológica distinta a las demás.

Formentera tiene más de once sentencias firmes de ocupación del dominio público que, de aprobarse este proyecto de ley, quedarían olvidadas en algún sótano de los juzgados, mientras que en Canarias se ha aplicado la ley más dura, demoliendo pueblos enteros y dejando sin viviendas a demasiadas personas. Se amplían las concesiones; todos los casos a los que alude y a los que supuestamente (está por ver) se les concederá una concesión de 75 años. Son construcciones anteriores a la ley y en nada dañan el medio ambiente.