La ley del imperio
La constitución a la española. Uno de los pilares fundamentales sobre los que se mantienen los imperios, también lo que queda del español, en forma de reino, es una arcaica legislación, cuya constitución a la española recoge en su artículo 8 el derecho a la “soberanía e independencia” del reino, derecho que niega a las demás naciones sometidas por el fascista régimen monárquico y colonial, constitución hecha a imagen y semejanza de la monarquía, a cuyo representante, con el cargo vitalicio de jefe del Estado, actualmente Felipe VI de España y nada de Canarias, le entusiasma, por lo que públicamente repite, como si de un mantra se tratara, aunque, probablemente, con altas dosis de incredulidad, pero seguro que le encantaría: “La constitución prevalecerá”, sobre todo teniendo en cuenta que le otorga poderes ilimitados, eximiendo de cualquier responsabilidad al jefe del Estado, haga lo que haga ¿Oíste pariente?
Vergonzoso ejemplo. El Parlament de Catalunya declaró la independencia en la mágica hora canaria de las 14:27 del día 27 de octubre del 2017, a lo que el Senado metropolitano respondió, con el apoyo del PPSOE y C’s, mediante un golpe de Estado, que hemos denominado el 155, dado que, torticeramente, pretende justificarse en ese artículo de la constitución a la española, cuando la realidad es que la autonomía catalana venía siendo intervenida desde mucho antes de celebrarse el Referéndum de Autodeterminación del 1 de octubre de 2017, que el totalitario régimen intentó impedir, sin conseguirlo por lo que, exhibiendo toda la soberbia de la que es capaz, y es mucha, procedió a destituir a todo el gobierno de la Generalitat en pleno, sustituyéndolo por el gobierno del corrupto Partido Popular (PP) (“sé fuerte, Luis”, arengaba Rajoy al tesorero del PP con multimillonarias cuentas en el extranjero, el “expreso” ex-preso Luis Bárcenas), apoyado en sus muletillas, el Partido Socialista Obrero Español-es un decir-(PSOE) (“No, es no, Sr Rajoy” le chillaba Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, el de la famosa consigna “OTAN, de entrada NO” y terminaron convocando un Referéndum pidiendo todo lo contrario, a nadie sorprende por lo tanto las piruetas del partido de la dislexia) y Ciudadanos (C’s), otro demagógico nombre.
El cuarto poder. La intervención de la Generalitat recibió la bienvenida del diario La Vanguardia, para deshonra de su cabecera, que llegó a afirmar que su President, el Sr Puigdemont había sido nombrado a dedo, como si eso fuera la excepción en vez de la regla en el reino de España, cuyos presidentes no los elige el pueblo sino los parlamentarios y el jefe del Estado ni siquiera eso pues, para vergüenza y oprobio de los demócratas, el cargo es hereditario y vitalicio, procediendo el actual de un golpe de Estado del penúltimo dictador, Franco, que dejó más de un millón de muertos y cientos de miles de represaliados, presos políticos y exiliados, régimen que transmitió al padre del actual monarca, que abdicó por el desprestigio del borbonato debido a los incontables escándalos, con matanza de elefantes incluída. El Señor Puigdemont se ha mantenido firme en su puesto, pues no es competencia de la presidencia del gobierno metropolitano su destitución y ha sido acusado por Rajoy, titular de dicho gobierno, de usurpación de funciones, cuando es al revés, es Rajoy quien ha usurpado la presidencia de la Generalitat, lo que debe ser denunciado ante los tribunales internacionales, pues es conocido qué intereses defienden los tribunales del colonialismo: en Canarias está privada de libertad la activista Aisha Hernández como presa política por realizar un graffiti denunciando nuestra deplorable tasa de paro juvenil y en la metrópoli los Jordis a instancias del fiscal Maza, reprobado por el congreso de los diputados, así como el Vicepresident de Catalunya y nueve consellers, mientras Urdangarin (popularmente conocido como “mangarín”), cuñado de Felipe VI, condenado a seis (6) años de prisión, disfruta de libertad en Suiza ¡En el borbonato no hay corrupción sino podredumbre!
Canarias, un Estado Archipelágico. No somos nosotros los más apropiados para dar consejos al pueblo español sobre la forma de gobierno mediante el que deben administrar sus asuntos dado que mantenemos, como sano ejercicio mental y praxis intelectual, el no inmiscuirnos en los asuntos internos de otros estados, aunque preferimos antes que un caduco reino medieval un moderno Estado republicano como la República Democrática Federal Canaria, en nuestro caso en forma de Estado archipelágico, cuya declaración de independencia de 1 de enero de 2011, coincidiendo con la finalización del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la erradicación de la lacra del colonialismo según lo define dicha organización, hemos asumido y asumiremos igualmente la proclamación de nuestra república el próximo 12 de marzo de 2018, coincidiendo con el 32 aniversario de nuestra gloriosa victoria, por aplastante mayoría, rechazando nuestra integración en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), organización de la que forma parte el reino de España, mediante el Referéndum celebrado el 12 de marzo de 1986, siempre y cuando estén de acuerdo las demás organizaciones canarias: políticas, sindicales, sociales y culturales, así como cuantas personas a título individual se adhieran voluntariamente a dicha proclamación.
La ley del imperio tiene la obligación de acatar el imperio de la ley. La Resolución 1514(XV) de la Asamblea de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960, sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, en cuya votación España, como país colonial que es, vergonzosamente se abstuvo, obliga a los países miembros a poner los medios necesarios para que las posesiones coloniales bajo su dominio, como es el caso de Canarias, culminen su descolonización e independencia, Resolución que España, sistemáticamente, se niega a acatar, bien al contrario, ha implantado un Estado policiaco y judiciaco, transformándose en un execrable Estado forajido* en definición del filósofo estadounidense John Rawls.
No es esta la única normativa que, lamentablemente, infringe el reino de España pues además incumple, tozuda y también sistemáticamente, la Carta fundacional de las Naciones Unidas, los acuerdos de Ginebra y el tratado de Roma por el que se rige la Corte Penal Internacional, que actualmente dispone de un amplio dossier sobre los abusos del colonialismo español suministrado por el Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario y que ha abierto el correspondiente expediente, motivo por el que agradecemos que nos hagan llegar cualquier vulneración de los derechos humanos por parte del reino de España, comprometiéndonos a hacerlo llegar a la citada Corte.
Todo este cuerpo legislativo internacional ha sido suscrito por España a cambio de que la admitieran en los organismos internacionales y el ordenamiento jurídico interno, por llamarlo de alguna manera, está sometido al ordenamiento jurídico internacional, que es de rango superior, lo que el reino de España no asume, al carecer de escasa, por no decir nula, tradición democrática, lo que afortunadamente está reconociendo la prensa internacional, como escribe Jon Lee Anderson en el diario The New Yorker: “A deep-seated insecurity runs through the heart of the Spanish political and media establishment about the depth of Spain’s democratic culture, and with good reason”, recurriendo al método que mejor conoce, la picaresca, con la connivencia, cuando no la complicidad, de los organismos internacionales haciendo uso de una intolerable dejación de funciones en esta desdichada edad de la sordera.
* El término “Estados forajidos” lo acuño John Rawls, quien indica que los “Estados forajidos” son aquellos gobernados por grupos e individuos que no respetan los derechos humanos, convierten el derecho en una farsa y sustituyen las normas éticas de la convivencia social por un comportamiento propio de bandidos, no de personas civilizadas y, mucho menos, de estadistas, representando una peligrosa amenaza para sus vecinos. En base a la definición de Rawls, en la práctica se identifica como “Estados forajidos” a aquellos que en la actualidad sus gobernantes incumplen las leyes y convenios internacionales y desafían, en vez de acatar, las decisiones de los organismos internacionales, encargados de preservar el orden y la paz mundiales.
Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario
