La
Educación Afectivo Sexual en la Ley Canaria de Educación,
de nuevo, una asignatura
pendiente
Mary C. Bolaños Espinosa (*)
Hubo una vez un tiempo
en que en Canarias existía un Programa
Institucional de Educación Afectivo Sexual (del año 1986 al 2003) que
promovía una educación afectivo sexual integral, que
aportaba formación, apoyo, orientación y materiales de calidad a los centros
escolares; un tiempo en el que
Canarias contó con un Plan Institucional de
Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil
(1997-2003), que puso en marcha importantes
acciones vinculadas a la información, a la educación y a la atención a la
sexualidad.
Hubo una vez un tiempo
en que esta experiencia
se conformó en modelo para otras muchas
iniciativas, con gran reconocimiento
estatal e internacional, en el que el Ministerio de Educación español
coeditó los materiales del Programa Harimaguada,
Andalucía hizo lo propio con algunos de ellos, Euskadi los tomó como referencia
para la elaboración de los suyos…,
Fue precisamente en ese
tiempo, en el que, si consultamos las estadísticas del Ministerio español de
Sanidad, comprobamos que se redujo la tasa de abortos por mil mujeres entre 15 y
44 años en Canarias. Este indicador
bajó, en el periodo 2000-2004, de un
Pero pasó el
tiempo, y en el año 2003 la Consejería
de Educación del Gobierno de Canarias tomó la irresponsable decisión de suprimir el Programa Institucional de Educación Afectivo-Sexual Harimaguada,
acabando de esta manera con dos décadas
de trabajo serio e innovador al servicio de la comunidad educativa canaria. Así
mismo, el resto de recursos y servicios
puestos en marcha por el Plan Canario de Educación y Atención a
la Sexualidad Juvenil se han ido desmantelando, de forma
progresiva, en la última década (consultas jóvenes, teléfono de información
sexual, planes municipales, formación, campañas de sensibilización, etc.), y
los pocos que resisten lo hacen gracias al empeño y voluntad de un grupo de
profesionales.
A partir de ahí, La Educación Afectivo-Sexual (EAS), en buena parte de los centros educativos, simplemente no ha existido. En
otros, ha quedado reducida a algunos temas de fisiología y anatomía. Y, en demasiadas ocasiones, promovidas desde las
instituciones o desde ONGs con apoyo institucional, encontramos intervenciones puntuales, limitadas a la
población adolescente, con sesiones de “personas expertas” sobre métodos de
prevención, en las que se indica lo que se debe y lo que no se debe hacer, o
sobre aspectos muy concretos del ámbito afectivo y sexual. A la par, el modelo
moralista ha avanzado, bajo el
auspicio de la Iglesia, algunos medios de comunicación y algunas
administraciones.
A
partir de ahí, el modelo biográfico e
integral de la EAS, como tarea conjunta y
coordinada de todos los agentes sociales, basado en
un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los
vínculos afectivos, que
busca que las personas se formen para vivir
satisfactoriamente y sin riesgos su sexualidad, así como que sepan resolver sus
necesidades afectivas, relacionales y de vinculación, en el marco de una ética
relacional de igualdad, sinceridad, respeto y responsabilidad, se ha visto desplazado.
A partir de ahí,
lógicamente, la
realidad ha cambiado. Sencillamente, no se
están dando, a nuestras niñas, niños y jóvenes, las herramientas necesarias
para que puedan decidir sobre sus sexualidades, sobre sus cuerpos, sobre sus maternidades/paternidades,
sobre sus vidas. Como ejemplo, no hay
más que revisar como la tasa de abortos por mil mujeres entre 15 y 44 años
pasó, en Canarias, de 6,23 en el año
Ni siquiera la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción Voluntaria del Embarazo, que aún con sus limitaciones, fue un
relativo avance en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos, pues
reconocía la necesidad de la educación y atención sexual y reproductiva y concretaba las responsabilidades de los
poderes públicos a la hora de garantizarlas, trajo cambios a esta dura realidad. Después de sus cuatro años de vigencia, las Administraciones no han
desarrollado sus medidas preventivas.
A nivel estatal, la
llegada del Partido Popular, en el año 2011, trajo consigo la puesta en marcha
de un conjunto de contrarreformas que han supuesto un claro retroceso en los
derechos sexuales y reproductivos, entre otros derechos democráticos básicos.
La modificación que el gobierno del PP pretende realizar a la citada Ley
Orgánica 2/2010 no solo atenta contra los derechos humanos y no
va acompañada de medidas que contemplen la educación y atención afectiva y
sexual, sino que va paralela a la aplicación de la LOMCE, en la que se promueve
un modelo de educación sexista, clasista,
doctrinario y segregador, y a la desaparición de los escasos recursos
de atención a la salud sexual y reproductiva con los que contábamos.
En Canarias, mientras tanto, la Administración educativa
canaria no ha querido hacerse eco de la vigencia de la ley de salud sexual y
reproductiva, sino para decir que están en contra de que se suprima.
Sencillamente, NO HAN HECHO NADA en
relación a las medidas educativas y preventivas que, según esta Ley, han de desarrollarse.
En febrero de 2014, el
Parlamento de Canarias aprobó una Proposición
No de Ley, a propuesta del Colectivo Harimaguada
y apoyada por la Plataforma Aborto libre, legal, seguro y gratuito, en la que
se Insta al Gobierno
canario a que asegure la puesta en
marcha de un conjunto de medidas que garanticen
el desarrollo de una educación y atención sexual y afectiva con
perspectiva de género y no heteronormativa en todos
los niveles de la enseñanza, como tarea conjunta y
coordinada de todos los agentes sociales implicados, y el acceso a los
diferentes métodos anticonceptivos con garantía de gratuidad y facilidad de
acceso.
Por ello, llama poderosamente la atención que el pasado
8 de julio, cinco meses después, en ese mismo Parlamento, los mismos grupos
políticos que aprobaron dicha PNL, hayan dado el visto bueno a una Ley Canaria de Educación que no contempla la Educación Afectivo Sexual
en su articulado.
En Canarias
“algo está fallando”. Y es que las políticas en materia de educación y atención
a la sexualidad son prácticamente inexistentes o simplemente erráticas. No se están desarrollando medidas educativas y asistenciales,
desde una perspectiva integral, para preparar a la población para que asuma de
forma satisfactoria y responsable el hecho de ser sexuado.
La Ley Canaria de
Educación era un buen instrumento para concretar las responsabilidades que la
Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva, aún vigente, le asigna a la Administración Educativa en
relación a la educación afectivo sexual, contrarrestando el tremendo retroceso
que hemos sufrido en los derechos sexuales y reproductivos con las medidas
desarrolladas por el PP y para atender a las demandas hechas al Gobierno
Canario por parte del Parlamento Canario. Y, no menos importante, para
contrarrestar las actitudes de desidia mantenidas en la última década, que nos
han hecho retroceder un camino que se inició y que empezaba a dar sus frutos.
Pero no, la Educación
Afectivo Sexual ni se nombra en la Ley Canaria de Educación. Y es que para
priorizar las necesidades humanas frente a los intereses mercantiles y
electorales, en las políticas puestas en marcha, hay que ir más allá de las declaraciones, los
gestos simbólicos y las fotos, hay que tener la voluntad y el compromiso
necesario para dedicar muchos más
recursos a los servicios públicos, y en concreto, a la
información, formación y atención afectiva y sexual en los ámbitos de la
enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, que garanticen los derechos
sexuales y reproductivos de las personas. Y,
una vez más, no ha sido así.
(*) Miembro
del Colectivo Harimaguada y de IDEPC
(Iniciativa
en defensa de la Enseñanza Pública Canaria)