La sospecha
Alicia
Mujica Dorta *
Tu destino está en los demás // tu
futuro es tu propia vida // tu dignidad es la de todos (José Agustín Goytisolo)
Ministerio
del Interior ha aplazado la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de
Seguridad Ciudadana, que estaba prevista para hoy día 22 de noviembre de 2013.
El
anterior ejemplo de este tipo de leyes lo tenemos en el texto de la Ley de la
Patada en la Puerta, como se apodó la Ley de Seguridad Ciudadana de José Luis
Corcuera de 1992, que permitía la invasión insólita en la intimidad bajo las
meras sospechas, y convertía cínicamente el derecho a la expresión política y
manifestación en una materia sancionable.
En esta
ocasión, el Partido Popular, con el artificioso argumento de amparar la
“seguridad ciudadana”, trata de impulsar un proyecto que plantea la posibilidad
de multar con 600.000 euros las concentraciones no autorizadas ante el Congreso
de los Diputados o imponer hasta 30.000 euros a quien insulte a un policía. La
norma pretende llegar al Parlamento antes de año, y esta vez no van a poder ir
por la vía del Decreto Ley, porque enfrentan derechos fundamentales de primer
orden, que afectan principalmente al régimen sancionador y a las posibilidades
de intervención de la policía respecto a la ciudadanía.
Se trata
de multas gubernativas, y esto significa que las instruye e impone el
Ministerio de Interior a través de las Delegaciones de Gobierno, y por tanto la
posibilidad de ser multados/as, puede tener un sinfín de razones, siempre
vinculadas a que no se comparta la postura o la política educativa, financiera,
fiscal, laboral del partido que se encuentre en el Gobierno. Esto implica que
todos, todas podemos ser sujetos de multa en cualquier momento por simplemente
salir a la calle a denunciar el grave desfalco que está sufriendo nuestra
economía, aún en el marco de concentraciones de tipo pacífico: el movimiento
estudiantil en defensa de la escuela pública y sus recursos; los afectados por
las hipotecas que cuestionan la práctica bancaria inhumana que ampara el
Gobierno con su política; los trabajadores, desempleados y sindicatos en
defensa del empleo, de los derechos laborales, de la sanidad pública, quienes
denuncien la invasión neoliberal en el mercado laboral; los colectivos
ecologistas y defensores de derechos medioambientales; plataforma de defensa de
las pensiones públicas; colectivos que cuestionen la reformas penales que
pretende este gobierno, entre ellas, la penalización del aborto y la afectación
de los derechos sexuales y reproductivos…
Es
perverso vincular la intención de este Anteproyecto al resultado de
ciertas encuestas donde se refleja que entre las principales
preocupaciones ciudadanas se encuentra la “seguridad ciudadana”. No es
seguridad ciudadana limitar a su antojo y conveniencia la posibilidad de
denuncia pública o generar sensación de inmunidad policial. No es cierto que la
población pida limitación de las libertades públicas en la exteriorización de
la opinión en la calle, ni que se exija la limitación de la libertad de prensa
o de expresión o comunicación en cualquier ámbito.
Una de las
intenciones del Anteproyecto es paralela a la reforma pretendida del Código
Penal, y trata de convertir en infracción administrativa lo que ahora es falta
en el Código Penal por alteración de orden público. ¿Cuál es la diferencia?
Indignante. Ahora el Ministerio de Interior quiere ser juez y parte. Cuando
sucede cualquier conflicto relativo a la manera de intervención de la policía
en el espacio público, y se lleva al Juzgado de Instrucción o al Juzgado de lo
Penal, es una tercera persona la que juzga. Ahora sería el propio Ministerio,
empleador de los cuerpos y fuerzas de seguridad, el que instruya y sancione a
los ciudadanos/as, en un quebranto indignante del estado de derecho y
separación de poderes.
Es necesario que las organizaciones
sociales de toda índole apoyen la retirada inmediata de este mal propósito
legislativo, ya que están en juego las reglas fundamentales del funcionamiento
democrático de este país, que hasta hace nada se mostraba orgulloso de haberse
alejado de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, modificada por el régimen
franquista para añadir a los homosexuales en el año 1954, que se mantuvo en
vigor hasta 1970, o de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, de
corte neofascista. Estas leyes, al igual que la que se trata de aprobar en
estos momentos junto a la reforma del Código Penal, pretende penar la sospecha
sobre las personas, y esto quebranta cualquier regla jurídica básica de
seguridad. El bien que trata de proteger es simplemente el temor de los poderes
políticos y económicos a que las presiones a las que viene sometida la
población, desempleo, recortes, eliminación de la clase media, limitación del
acceso a la educación y a las protección de la vejez, etc., determinen una
respuesta social, y la que la misma se estructure de manera insolente,
inquebrantable, solidaria y eficaz, o como diría Benedetti, irreductible. Ni
sospechamos la fuerza que tenemos, hombro a hombro, brazo a brazo, mano a mano.