Salir juntos del hoyo en que nos hemos
metido
Xavier Aparici Gisbert *
Se han convocado elecciones generales anticipadas en España para el
próximo 20 de noviembre, en un momento histórico en el que dentro y fuera de
nuestro Estado las condiciones sociales son de auténtica alarma, las políticas,
de corrupción generalizada y las económicas, un completo desastre ¿Cómo hemos
llegado a esta situación? Para provocar tal desafuero generalizado han hecho
falta varias décadas de descomposición de las sociedades civiles, a través de
la vulneración de las instituciones democráticas y de la subordinación a un
sistema económico antisocial e insostenible.
A partir de que a primeros
de los 80 las fuerzas reaccionarias “neoliberales” se hicieron con el poder
político en EEUU y en Inglaterra, continuaron con la usurpación de las
administraciones políticas en los demás Estados occidentales. Como la mayoría
de estas naciones tenían -y aún tienen- modelos mixtos de capitalismo
fiscalizado con fines redistributivos y procedimientos democráticos formales, fue
precisa la complicidad de las élites de poder.
Obteniendo en el proceso
sustanciosas prebendas y ganancias, estas redes sociales elitistas -formadas
por los más ricos y sus cuadros, los consejeros de las grandes empresas, los
políticos de máximo nivel y los funcionarios de alto rango- se aplicaron en
conseguir una hegemonía que, a pesar de su injusticia e inoperancia, aún
perdura. Aún así, con el colapso en 2008 del casino financiero global -en pleno
apogeo de su “libertad” y víctima de sus propias trapisondas- se puso en
evidencia la completa incompetencia del sistema capitalista para asegurar una
mundialización económica democrática y sostenible, la única opción
auténticamente civilizada para la gran mayoría de los seres humanos.
Pero el peligro de hundimiento
general es muy real y cada día se hace más amenazante, pues el Capitalismo, que
muere de éxito, puede arrastrar en su caída al conjunto de la humanidad y
provocar una grave crisis civilizatoria. Si la
ciudadanía de a pie de los distintos Estados aún formalmente democráticos, no
reaccionamos, unitariamente y a tiempo.
En el Estado
español, como la Transición Democrática echó a andar poco antes del predominio
neoliberal, este acoso y derribo de la legitimidad institucional fue
especialmente agresivo. Por eso, en España, el “Estado de Bienestar” no ha
llegado a ser sino una caricatura de los de los países europeos de su nivel;
por eso, la irresponsabilidad institucional y la corrupción pública campan por doquier; por eso, la precariedad socioeconómica
de su ciudadanía es de las más severas de Europa.
Con todo, en España aún
somos un Estado nación y el pueblo español -la ciudadanía en conjunto-,
legalmente, su único soberano. Y la Constitución en vigor, por muy vilipendiada
que esté por los usurpadores, es la única norma de derecho y deber general.
Según ella, en este Estado la riqueza debe tener una función social: “Toda la
riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está
subordinada al interés general”( Art. 128). Porque,
aunque soterrada, la nuestra es una nación democrática, y su objetivo general
es conformar “un orden económico y social justo”.
Hay tres cuestiones que
podrían concitar un consenso y un apoyo generalizados en las próximas
elecciones generales: la necesidad de la máxima solidaridad en la lucha contra
la precariedad socioeconómica; el enfrentamiento, sin paliativos, contra la
corrupción institucional; y la firme defensa de los valores democráticos
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo ello, a
través de los instrumentos de justicia social y económica asegurados por
nuestra Constitución. La gran mayoría de nuestra desprotegida e indignada
ciudadanía y las organizaciones políticas auténticamente comprometidas con la
consecución de una Democracia avanzada, podrían aglutinarse en torno a una
amplia alianza electoral que defendiera esos ejes políticos.
Esta sería una buena
oportunidad para regenerar nuestro Estado social de derecho democrático. Y
además, para profundizar y ampliar el control y la participación de la
ciudadanía en los asuntos públicos, exigiendo la máxima responsabilidad y
transparencia administrativas y afirmando el protagonismo ciudadano, pues los
deberes y los derechos socioeconómicos deben ser asunto de todos y cada uno de
los integrantes de la soberanía democrática; de asegurar la solidaridad social
como fundamento de las acciones políticas, fundándola en la reciprocidad y en
la riqueza pública; y de apostar, decididamente, por pautas económicas garantes
de la sostenibilidad ambiental, como expresión de nuestra conciencia ecológica
y de nuestro compromiso con las generaciones venideras.
Es cierto que, más allá de
esta unión estratégica, podrían haber propuestas más
ambiciosas o más rigurosas, las cuales, seguramente, exigirían modificaciones
constitucionales y un alto nivel de conciencia y compromiso político por parte
de la población. Por tanto, la relevancia y los riesgos mayores del momento histórico parecen recomendar seguir el lema “vamos despacio
porque vamos muy lejos”, y priorizar el hacer posible una segunda transición
auténticamente democrática, ante otras posibilidades más radicales pero,
previsiblemente, sin apoyo popular.
* Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de
Solidaridad.