La inquisición política
Ramón
Moreno Castilla *
Al comienzo de la
carta que el pasado 14 de agosto dirigí a S. S. el Papa Benedicto XVI, a
propósito de su visita pastoral a España, con motivo de la XXIV JMJ, y que
tantas expectativas despertó, decía: "...para denunciar ante Su Santidad
la gravísima e insostenible situación colonial de las Islas Canarias, utilizo
las páginas abiertas de este periódico, que es el único medio de comunicación
de este Archipiélago que defiende a ultranza la libertad y dignidad del pueblo
canario y pide abiertamente la independencia de este territorio de ultramar.
Por ello, su editor y director y colaboradores afines a su línea editorial
somos perseguidos y estigmatizados por el aparato del Estado español que opera
en Canarias y que actúa como una versión política de la Inquisición".
Pues bien, eso
exactamente es lo que está ocurriendo. Si antiguamente eran los
"infieles" aborígenes los perseguidos y castigados por el Tribunal
Religioso de la Santa Inquisición, en la sanguinaria conquista e impuesta
evangelización de esta tierra, ahora somos los patriotas canarios los
perseguidos, maltratados y represaliados por la inquisición política. Y todo
por difundir y hacer proselitismo de unas aspiraciones legítimas, como son la
libertad e independencia de Canarias, en un supuesto "Estado de
derecho" donde se proclama que todas las ideas políticas son defendibles
por la vía pacífica. ¡¡Mentira!! ¡¡Falso de toda falsedad!!
Y yo, que no tengo
ningún afán de notoriedad, que odio el victimismo y
que no soy nada proclive a quejarme (¡aunque tengo sobradas razones para
hacerlo!), me veo obligado a denunciar ante la opinión pública canaria un
episodio detestable del que he sido objeto y que demuestra fehacientemente cómo
España se vale de sus colaboracionistas en el Archipiélago para seguir manteniendo
la colonia al precio que sea; y cómo ha declarado una guerra sucia y sin
cuartel a los patriotas canarios hasta límites verdaderamente insospechados.
Nicolás Díaz-Saavedra Zerolo ("Colacho" para
sus amigos), ingeniero industrial, que desde hace tiempo veníamos colaborando
en temas empresariales (dada mi condición profesional de director de empresa),
y que por ese motivo había puesto la infraestructura de su empresa, RG10
Ingeniería Internacional, a mi disposición para usar internet
y explorar oportunidades de negocio y, de paso, acceder a mi correo electrónico
y escribir mis artículos de opinión, me dijo que tenía que comentarme algo muy
importante. Según su versión, "su padre, el reputado abogado don Nicolás
Díaz-Saavedra, a quien respeto y considero, recibió una llamada del Gobierno de
Canarias amenazando con que RG10 ya no sería adjudicataria de ningún concurso
(esa consultora ha estado realizando durante más de diez años todas las
peritaciones judiciales de la provincia de Las Palmas) ni más obras ni
proyectos si el independentista de Ramón Moreno seguía allí". Y como eso
iba a significar su ruina, debíamos suspender toda relación. Sin salir de mi
asombro, le entregué las llaves de la oficina, recogí mis cosas y me marché.
Esos son los hechos; y yo, que me quedé atónito, pregunto: ¿quién fue el
interlocutor del Ejecutivo canario que habló con el señor Díaz-Saavedra en esos
términos y cuyo nombre no desveló a su hijo, según me dijo este? ¿Por qué el
señor Díaz-Saavedra, al que creo una persona digna, no se opuso rotundamente a
ese presunto chantaje? ¿Cómo se prestó el señor Díaz-Saavedra a silenciar a un
ciudadano canario tan decente y respetable como él?
Bien es verdad que el
señor Díaz-Saavedra es un significado abanderado de la "españolidad de
Canarias", que defiende a capa y espada; y yo, en cambio, considero que
esa artificiosa españolidad fue impuesta por la fuerza de las armas, y creo
firmemente que Canarias es una anacrónica colonia española en África que debe
ser descolonizada cuanto antes. ¿Fue ese el motivo que subyace en la abyecta
reprobación de mi persona? Ya sabemos que esa Vegueta
colonial donde habitan el señor Díaz-Saavedra y su respetable familia, y donde
tiene su bufete, es cuna del famoso Sanedrín de Las Palmas y bastión de una
burguesía españolista, heredera de las prebendas y privilegios de la conquista,
que vota al PP, y que prefiere seguir siendo el medianero de la finca en lugar
de su legítimo propietario. Donde tienen su sede instituciones tales como la
Real Sociedad Económica de Amigos del País (que también está radicada en La
Laguna, Tenerife) y el Gabinete Literario, de las que el señor Díaz-Saavedra es
miembro destacado; y que son instrumentos del colonialismo español, al servicio
de la metrópoli, para preservar la única "posesión española" en
ultramar y el último reducto del imperio colonial español.
Y como "bueno es
lo bueno y malo lo demasiado", hasta aquí podía llegar el independentista
Ramón Moreno, que tuvo la osadía de escribir una carta a S. S. el Papa para
que, en su doble condición de jefe del Estado Vaticano y Vicario de Cristo en
la Tierra, y gran defensor de los derechos humanos, mediara ante las
autoridades españolas para resolver de una vez el contencioso histórico Estado
español-Canarias, que data desde hace seis siglos. Y que días después firmaba
un artículo prohibitivo titulado "Independencia sí o sí", en el que
instaba a esa misma burguesía -timorata y pusilánime, reitero- a coger las
riendas del futuro de su tierra y liderar el proceso emancipador que la historia
de los pueblos colonizados le está demandando.
¡¡Así funciona esa
España inquisidora y fundamentalista!! Un Estado forajido (ver artículo con el
mismo título, EL DÍA, 10 de octubre de 2010) que incumple sistemáticamente y a
sabiendas la legalidad internacional. Y aquí hay que precisar que la expresión
de "Estado forajido" está perfectamente tipificada y fue incorporada al profuso glosario posguerra fría de la nomenclatura
internacional, para identificar y señalar a aquellos Estados nacionales cuyas
autoridades tienen un comportamiento contrario o al margen de la comunidad
internacional, incumpliendo los convenios internacionales válidamente suscritos
y vigentes. Pero lo más grave es que el Estado forajido genera, por sí
mismo, y ampara un "Gobierno forajido"; lo que supone una peligrosa y
terrorífica simbiosis, absolutamente devastadora, sobre todo, para los
disidentes, como es el caso de los patriotas canarios, entre los que me
encuentro. De hecho, y al ser ambos entes indisociables, habría que hablar, en
todos los casos, de Gobierno forajido por ser este quien actúa en nombre del
Estado, ser su representante y quien aplica las políticas por cuenta del mismo.
Por tanto, cabe afirmar que Gobierno forajido es todo poder político de una
nación que se sale de las normas del Derecho internacional. Es decir, toda
nación (España) que por decisión de su gobierno o de quien detenta el poder
comete tropelías y desmanes, y persigue implacablemente a los ciudadanos por
sus ideas políticas; acciones execrables que conculcan de forma flagrante la
legalidad internacional.
Por todo ello, España
es el paradigma de Estado forajido. Una rancia y decrépita nación, con
importantes antecedentes históricos ¡y penales!, que ha cometido crímenes de
lesa humanidad, que son imprescriptibles; delitos, nada presuntos, de
terrorismo de Estado; tráfico y venta ilegal de armas y un sinfín de hechos
deleznables, y que, además, legisla y promulga leyes contrarias al Derecho
Marítimo Internacional como la ilegal "Ley de aguas de Canarias".
Una España que se
autoproclama como un "Estado de derecho", cuando en realidad es un
"Estado torcido", en el que la política está judicializada y la
justicia politizada; y donde los tres poderes, pilares del verdadero y
auténtico Estado de derecho, que propugnara Montesquieu, el ejecutivo, el
legislativo y el judicial, ni son independientes ni cosa que se les parezca. El
ejecutivo de turno, que surge de las componendas de los partidos, y no siempre
del más votado, elige al fiscal general del Estado, con lo cual queda en
entredicho y seriamente cuestionada su debida neutralidad e independencia. El
Parlamento está mediatizado por una ley electoral injusta, con listas cerradas,
que prima siempre a las mayorías en detrimento de las minorías; lo que
convierte a España en una dictatorial partitocracia
bipartidista. Y el poder judicial, en el que los partidos políticos tienen sus
cuotas de jueces afines, está enfrentado y dividido en asociaciones
corporativistas de "jueces progresistas" y "jueces
conservadores". Sin olvidar que ese Estado español que se define como una
"Monarquía Parlamentaria" se sustenta en la ilegitimidad de una
Corona que no fue plebiscitada, sino impuesta por el dictador; por lo que dicha
denominación carece de rigor jurídico en parapraxis
del constitucionalismo ortodoxo.
¿Dónde está esa
"garantista" y tan cacareada democracia? ¿Quién y desde qué
instancias se defiende a los inermes ciudadanos de los excesos y
arbitrariedades de los tres poderes del Estado?
¿Cómo se puede
perseguir y acosar a un canario de bien por sus ideas políticas y, al mismo
tiempo, sostener hipócritamente que todas las opiniones pueden ser expresadas
libremente de forma pacífica? ¿Qué indecente y atentatoria doble moral es esa?
Esa es la España
cavernícola, retrógrada y decadente que nos arrastra al abismo, y que nos
coloniza saqueando nuestras riquezas desde hace seiscientos años; y a la que
los canarios "apátridas" quieren seguir uncidos. ¡¡Un Estado
forajido, al margen de la ley, que vulnera por sistema los derechos humanos de
los patriotas canarios por defender, con la palabra, la libertad y dignidad de
su pueblo!!