Informe manipulado
Ramón
Moreno Castilla
En el ejemplar del
periódico El Día del domingo pasado se publicaba (páginas 26 y 27) una
detallada información cuyo titular en grandes caracteres tipográficos decía:
"La Abogacía del Estado echa por tierra las tesis de Rivero sobre las prospecciones"[1],
y en cuyo subtítulo se ratificaba: "Un informe elaborado por el abogado
del Estado, José Ramón Mourenza Díaz, a petición del
subsecretario del departamento de industria del Ejecutivo español, concluye que
las competencias para otorgar los permisos para realizar las prospecciones son
únicamente del Estado"; y que "la delimitación de las denominadas
aguas canarias no tiene incidencia alguna en el reparto de competencias".
Este informe, que
viene a determinar, asimismo, que la tan cacareada Ley 44/2010 sobre aguas
canarias es un auténtico "bluff", como ya
hemos dicho en reiteradas ocasiones, constituye, además, un serio varapalo para
el Gobierno de Canarias, que ha estado y continúa amenazando con frenar en los
tribunales las prospecciones que pretende llevar a cabo Repsol. Hasta aquí todo
normal; porque no creo que nadie haya pensado ni siquiera remotamente que un
órgano del Estado español se fuera a pronunciar a favor de Canarias y en contra
de la propia Constitución. Inclusive, el propio Tribunal Supremo, en sentencias
que he rebatido desde estas páginas al inmiscuirse en materia de Derecho
Marítimo Internacional, en el que no es competente ningún tribunal español, es
claramente favorable a las tesis constitucionalistas de la primacía del Estado
sobre Canarias, ¡¡que es donde radica el verdadero problema, precisamente!!
Ningún tribunal de
justicia, organismo público o estamento del Estado español será nunca jamás
imparcial y objetivo a la hora de enjuiciar asuntos que competan a Canarias; y
mucho menos en darnos la razón sobre prerrogativas que correspondan a nuestra
tierra. Ni siquiera los dos entes docentes por excelencia, la ULL y la ULPGC,
cuyos rectores no son canarios, por cierto, siempre barren para España. ¿Cómo
se explica que en todo este tiempo, cuando se ha estado debatiendo sobre
espacios marítimos, aguas canarias, medianas, etcétera, las dos cátedras de
Derecho Internacional de ambas Universidades no se hayan pronunciado sobre el
particular? ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Al servicio de quién están estas
instituciones?
Aunque lo
verdaderamente indignante, por la descarada manipulación que se hace en el
texto, es el artículo de la página 27 titulado "Un ministro riguroso con
la ley"[2],
cuyo autor es el reincidente profesor de la Universidad de La Laguna (¡no será
de Derecho Marítimo!), un tal Juan Romero Pi, que
persiste en sus elucubraciones. Escrito que, según dice el autor, le encargó EL
DÍA para comentar el dictamen de la Abogacía del Estado al que hemos hecho
referencia.
Pero, antes de refutar
los planteamientos de este señor, debo recordar a los amables lectores los
antecedentes, nada edificantes, de este opinador. En
efecto: el domingo 7 de noviembre de 2010, este periódico publicó un extenso
artículo del profesor en cuestión titulado "¿Aguas canarias? [3]"
que no había por dónde cogerlo, ya que, como decía en mi réplica, "Derecho
Marítimo vs. opinadores"[4],
publicada en este mismo diario el 21 de noviembre del mismo año, era una
esperpéntica recopilación no solo por lo farragoso del texto, sino por la
descarada manipulación que hace el autor del Derecho del Mar reproduciendo
leyes inexistentes, confundiendo Derecho interno español con Derecho
Internacional y mezclando artículos, sentencias, formativas, etcétera, en un
ininteligible "totum revolutum".
Con el agravante de que su escrito es una burda copia y un indecente plagio de
artículos míos publicados en otros medios y en este mismo rotativo y que,
además, están todos colgados en la red. Léase el artículo de referencia.
Desconozco, por tanto,
qué motivo habrá inducido a mi periódico a recabar la opinión manipulada de
este señor, teniendo, como tiene, un cualificado experto, de sobra contrastado
y especialista en Derecho Marítimo en casa. Aunque, claro, por opinar todo el
mundo puede hacerlo amparándose en la libertad de expresión; otra cosa es que
se opine con conocimiento de causa, rigor y veracidad. Por ello debo replicar
al señor Romero Pi, como ya lo hice entonces. Su
artículo, de un trasnochado españolismo, queda reducido a una serie de diatribas
constitucionalistas anticanarias que se encuadran en
un discurso españolista pro colonial y cuyo rigor
conceptual y expositivo dista mucho de la praxis pedagógica que cabría esperar
de un profesor universitario; antes y ahora.
De toda la retahíla de
leyes españolas que enumera, todas ellas disposiciones de Derecho interno, solo
me referiré a una de las nombradas que hace inoperantes a las demás. Le
reitero, como ya le expliqué exhaustivamente en su día en el artículo reseñado,
que esa socorrida Ley 15/78 de 20 de febrero sobre Zona Económica Exclusiva
española, que de forma recurrente vuelve a invocar, ¡¡no existe jurídicamente!!
porque no está desarrollada. Esto es, desde la fecha
de su institución y proclamación (BOE, 23 de noviembre de 1978), ninguno de los
diferentes Gobiernos españoles ha hecho públicas, que se sepa, ni ha enviado
copias al secretario general de la ONU, las cartas marinas con las coordenadas
geográficas y el "datum" geodésico de esa
supuesta ZEE. ¿Por qué sigue usted insistiendo en argumentos peregrinos que ya
le he refutado con anterioridad?
Por cierto, y con
respecto al bicentenario de la famosa "Pepa", solo decir que me
remito a la definición de Cánovas del Castillo,
cuando dijo que "español era todo aquel que no podía ser otra cosa"[5].
Yo, personalmente, no tengo ese problema, porque soy canario, ¡¡y a mucha
honra!!
[1] Abogacia-Estado-echa-tierra-tesis-Rivero-prospecciones
[3] observatoriomaritimormc9.htm