«.» Francisco Javier González
Desde luego que el desarrollo de la situación política de Catalunya y la actuación estatal es un auténtico culebrón que va a tener más capítulos que cualquier serie de moda en la TV, por lo que preveo que mi análisis se alargará en demasía.
No fue suficiente la represión que desde principios de septiembre desató el gobierno de España contra el soberanismo catalán. Recordemos, a tenor de ejemplos, la irrupción de la Guardia Civil en la redacción del semanario de Valls (Tarragona) “El Vallenc” con la imputación a su director Francesc Fábregas por la Fiscalía tarraconense por los supuestos delitos de “desobediencia, prevaricación y malversación decaudales públicos” aún siendo una empresa periodística privada; la prohibición judicial de actos públicos en Madrid -en un local cedido por el Ayuntamiento- y en Euzkadi; la clausura de sucesivas páginas web de la Generalitat; la imputación por el Fiscal General del Estado José Manuel Maza nada menos que a 712 alcaldes catalanes por firmar un manifiesto de apoyo a la celebración de un Referéndum con el mismo sonsonete de “desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos”; la prohibición bajo amenazas a los medios de comunicación catalanes de insertar ninguna propaganda del Referéndum….. Todo nos indicaba la orientación que tomaría la “justicia” española ante cualquier intento democrático de consultar a la ciudadanía que, como ya relaté en el (I), culminó el 20 de septiembre con la detención de 13 altos cargos de la Generalitat y la práctica de más de 40 registros en sus dependencias oficiales. La resistencia pacífica que desató esa actuación gubernamental española fue la excusa para la detención y prisión incondicional por “sedición” de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart -losJordis– prisión que, fuera de toda lógica democrática, continúa a día de hoy.
Una hora después de proclamada la República Catalana, con los pormenores que ya expuse en el análisis anterior, el presidente español M.Rajoy avisa en el Senado con un amenazante “Ha llegado el momento en que se imponga la ley por encima de cualquier otra consideración”. La senadora de ERC, Mirelles Cortés se dirige a los que han aprobado la aplicación del 155 diciéndoles “Ustedes deciden todo desde aquí, pese a no conocer nuestro pueblo ni nuestra cultura. Ustedes han demostrado que es imposible, no ya una España a la catalana, sino una Catalunya dentro de España” para terminar con un ¡Visca la República Catalana!
No hizo falta mucho tiempo para materializar las amenazas de M.Rajoy. Tres días después el Fiscal General del Estado José Manuel Maza, decide presentar querella por REBELIÓN contra todo el Govern Catalá. Ahora bien, según dispone el Estatut de Catalunya, tanto el President como los miembros del Govern y del Parlament están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, salvo que lo sean por hechos acaecidos fuera de su jurisdicción. Por ello, el fenecido fiscal Maza tuvo que unificar criterios con los Fiscales del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y con los territoriales de Catalunya. Se basó Maza en que este supuesto delito de rebelión cometido por los miembros del Govern afecta a todo el territorio del Estado. Añade, además, que para ello han contado con propagandistas en el extranjero, contratando a una consultora especializada en USA y “contando con la adhesión de personajes más o menos conocidos del panorama internacional que van desde Julián Assange hasta Yoko Ono, cuya adhesión a la causa independentista no ha sido tampoco espontánea” lo que, junto a las actuaciones sobre Diplocat justificaban la necesidad de no respetar el aforamiento y, por tanto, el presentar las querellas ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
La Juez de la AN, Carmen Lamela, acepta la imputación y llama a declarar el 2 de noviembre a los miembros del Govern acusados del supuesto delito de “rebelión” por, siguiendo el alegato fiscal, haberse valido de la Mesa del Parlament para aprobar leyes manifiestamente inconstitucionales y usar las Asociaciones ANC y Omnium como brazo civil para proclamar la independencia de Catalunya fuera de las vías legales. Llamó Lamela a declarar al vicepresidente Oriol Junqueras, a las/los Consellers Dolors Barsa (Treball), Meritxell Borràs (Gobernació), Joaquim Forn (Interior), Raül Romeva (Exteriores), Jordi Turull (Presidència), Josep Rull (Territori), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa). Todos se niegan a declarar, excepto Santi Vila, que alude a que él había dimitido el día anterior a la DUI por inconformidad con la misma. La juez Lamela ordena el ingreso en prisión incondicional de todos ellos salvo de Santi Vila al que impone una fianza de 50.000 €, pesar de “que su comportamiento pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista”. En virtud de la orden de la juez, los hombres van a la madrileña cárcel de Estremeras y las mujeres a la de Alcalá Meco.
¿Es admisible, en justicia, esa prisión que dura ya más de 3 meses de los miembros del Govern y la aún más larga de los Jordis, o se trata de una imposición del gobierno español para atemorizar al independentismo, y no solo al catalán? La mayoría de los juristas serios, tanto españoles como extranjeros, contesta con un rotundo NO. Según el Código Penal español (Art. 472) “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para –entre otros fines– Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Es necesario, por tanto, que se produzca un“alzamiento VIOLENTO y público” para ser reo de este delito. El Fiscal José Manuel Maza, trata de justificar que se cumple esta condición –y la juez Lamela lo acepta- planteando que “la violencia no tiene porqué ser física, bastando que se tenga capacidad para ella” y que “la capacidad de movilización que habían demostrado los independentistas intimidó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. ¡Déu ens lliuri i guardi! Me pregunto ¿Tan timoratos son los miembros de las Fuerzas del desOrden Público, con sus armas y bagajes, para que los intimide esa “capacidad”? además, ¿basta “la capacidad” de cometer un delito para encarcelar a alguien? Si es así, ¿Cómo no está la totalidad de la Banca y del Gobierno del Estado y su PP tras las rejas, con la capacidad que poseen y los hechos que conocemos?
Añade además el alegato que el 1 de O “hubo un alzamiento violento con insultos, amenazas y agresiones con sillas a los agentes de la policía y la Guardia Civil”. Supongo que esa referencia explícita se debe a un vecino de 40 años de Sant Joan de Vilatorrada que lanzó una silla contra los guardias que entraban violentamente en el IES Quercus, rompiendo las puertas, para impedir la votación. Fue detenido por la Guardia Civil el 25 de octubre con lo que, según nota de ese mismo día del Gabinete de Prensa de la Guardia Civil, con esa persona “La Guardia Civil ha detenido hasta la fecha a seis individuos por agresiones a agentes de la autoridad ocurridas el día 1 de octubre”. ¡Terrible alzamiento violento de un paisano armado de una silla y 5 vecinos más! Probablemente, los más de mil heridos civiles y el ojo que perdió por un disparo de pelota de goma el paisano de 38 años Roger Español se los causaron ellos mismos, en un acto loable de servicio a España, para que el fiscal y la juez pudieran probar la violencia del alzamiento. Creo más probable que el pobre Roger Español estará pensando en cambiarse de apellido.
El mismo burdo intento de justificar el “alzamiento violento” lo hace la juez Lamela al afirmar que “los Mossos llegaron en algunos casos a increpar e incluso a enfrentarse a alguno de los agentes de la Guardia Civil que en el ejercicio de sus funciones se encontraba en el lugar”. Carajo, ¡como me viene a la memoria lo del “Glorioso Alzamiento Nacional” que me sorroballaban continuamente de niño y pibe y que ahora M.Rajoy& Cía quiere recuperar en las escuelas! Desde luego que en la rebelión franquista que, en una guerra incivil que duró casi 33 meses y causó medio millón de muertos en los frentes y más de 150.000 muertos, asesinados fría y calculadamente en la retaguardia, se usó algo más que una silla y 5 paisanos. Solo aquí, en esta colonia de Canarias, donde no hubo batallas ni resistencias, unos 5.000 asesinados y más de 6.000 presos, nos recuerdan lo que es en realidad un “alzamiento violento y público” en que se basó la restauración monárquica española.
El President Puigdemont y los Consellers Antoni Comin (Salut), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Ensenyament) y Lluis Puig (Cultura) decidieron abandonar España y se trasladaron a Bruselas el 30 de Octubre. Por ello, la juez Lamela, el 3 de noviembre, imputándoles, además de los mismos delitos que los ya presos, los de “prevaricación y desobediencia”, cursa una Orden Europea de detención (OEDE) contra todos ellos. El proceso completo da un vuelco cuando el 24 de noviembre el Juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, que ya llevaba la causa contra la presidenta del Parlament Carme Forcadell y de los cinco integrantes de la disuelta Mesa, dicta un auto haciéndose cargo de la causa contra todos los presos y exiliados, que suman ahora 22 personas, dejando a la AN solo la investigación de Josep Lluis Trapero y Teresa Laplana.
Cuando la fiscalía belga analiza la cuestión de la detención y extradición a España de los exiliados en Bélgica y antes de que los jueces de ese país dictaminen al respecto, el juez Llarena, convencido de la imposibilidad de probar ante ningún tribunal europeo –y, por ende, no “dependiente” de la voluntad gubernamental española- el supuesto delito de rebelión, decide, el 5 de diciembre, cuando los presos en España llevaban ya más de un mes de reclusión “preventiva” injustificable, retirar la OEDE que había cursado la juez Lamela. Retirada esa orden los exiliados –“fugados” según los constitucionalistas españoles y sus voceros mediáticos- pueden libremente residir y viajar por toda Europa, salvo España, por supuesto, donde serian inmediatamente encarcelados “preventivamente”. El 4 de diciembre el juez Llarena deja en libertad bajo fianza a Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Turull y Josep Rull. Las asociaciones ANC y Omnium Cultural abonan la fianza, igual que habían hecho con la de Carmen Forcadell. A los Jordis, Oriol Junqueras y Joaquim Forn los mantiene en prisión
M.Rajoy, ejerciendo de President –nada Molt Honorable- de la Generalitat en virtud del 155, convocó elecciones “autonómicas” para el 21 de diciembre (pudo haberlas hecho el 28, también jueves, pero más “inocente”). Su intención previsible era que, con el miedo en el cuerpo por las represalias y los monárquicos constitucionalistas envalentonados, el independentismo tuviera una sonora derrota electoral. Lo que no pudieron evitar es que los presos o los exiliados pudieran presentarse como candidatos. No estaban ni condenados ni privados de sus derechos individuales, salvo, por supuesto de su LIBERTAD. Los partidos monárquicos, a pesar de la espectacular subida de C’s que salió beneficiada de la desesperada llamada a las urnas del españolismo y del hundimiento del PP, no lograron superar al independentismo que, esta vez, acudió dividido. No cabe duda de que la posición política del President desde el exilio y las limitaciones de todo tipo que los tribunales españoles pusieron a los independentistas presos desde hacía mes y medio como Oriol Junqueras influyeron notablemente en los resultados. De los presos en España se presentaron Oriol Junqueras, Joaquin Forn y Jordi Sánchez y de los exiliados en Belgica Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, además de los puestos en libertad condicional bajo fianza.
Desde Junts x Cat se solicitó a la Junta Electoral Central que “se adopten las medidas que sean necesarias para asegurar el derecho de todos los candidatos a participar en condiciones de igualdad en la campaña electoral” dado que, declara la propia JEC, según la Ley General Penitenciaria española “los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio salvo que fuesen incompatibles con el cumplimiento de su condena”, condena que en este caso aun no existe. La JEC se inhibe a favor del juez Pablo Llarena con el voto particular en contra del presidente de la JEC, el magistrado Segundo Menéndez y otro magistrado que proponían aceptar medidas como participar con videos grabados en prisión. El Juez Llarena, que más que juez es sajorín porque debe poseer propiedades de adivinar el futuro, el 14 de diciembre, una semana después de comenzada la campaña electoral, contesta a las peticiones de Jordi Sánchez y Joaquim Forn, negando el permiso para salir aún custodiados por la policía para participar en algún mitin de campaña porque“no solo facultarían el impulso de movilizaciones inmediatas, sino que pueden aprovecharse para propiciar que los tumultos se materialicen en respuesta a la conformación institucional que resulte de los comicios”, prohibición a la que añade la de celebrar en prisión ninguna entrevista que se le solicite o conectarse a internet en horario amplio. El auto del juez argumenta su decisión en que según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “los derechos del voto y de elegibilidad no son derechos absolutos” y, desde luego, los hechos demuestran que la libertad tampoco constituye un derecho cuando está de por medio la justicia española.
Todos los candidatos en prisión o en el exilio resultaron elegidos. El 17 de enero, con la ausencia de los exiliados evitando una impugnación del TC, y tras un extraordinario y lúcido discurso del Presidente de la Mesa de Edad, Ernest Maragall, que aceptó -con la protesta de C’s y de la exigua representación obtenida por el PP- la delegación de voto de los diputados presos, se eligió la Mesa definitiva y los cargos de la misma, donde el diputado de ERC Roger Torrent resultó electo para presidir la institución.
Aquí empieza otro dolor de cabeza para el españolismo y nuevas arbitrariedades en la actuación de los poderes del Estado, pero esto ya forma parte de otro capítulo de esta historia.
Francisco Javier González
Gomera a 12 de febrero de 2018.