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Antonio
Morales Méndez *
[de
Canarias acaban de llevarse 3.522 millones que estaban destinados a
financiar préstamos]
Se acaban de cumplir tres años (fue el 15 de septiembre de 2008)
desde que Lehman Brothers quebrara estrepitosamente sin que los sistemas de
control públicos o privados, sin que los economistas de pro,
muy dados hoy a darnos lecciones de austeridad y de recortes en los servicios
básicos para la ciudadanía, nos advirtieran de la existencia de una peligrosa
pirámide trilera de subprimes
y artificiosos productos financieros que acabaría saltando por los
aires sumiendo al mundo en un caos. Con la mayor de las
impunidades, sin que nadie les haya pedido responsabilidades, sin que rindan
cuenta de sus actos -más bien todo lo contrario pues la política se ha puesto
a sus pies- los ciudadanos no podemos más que observar, atónitos, como
tenemos que soportar sobre nuestras espaldas el precio de su codicia sin
límites. Un precio altísimo que se está llevando por delante la libertad y la
democracia y sometiendo a la exclusión social a millones de personas.
Con la complicidad de los gobiernos, los
bancos reguladores y los sistemas de vigilancia económica, los mercados
financieros han ido tomando el control de los estados y por tanto sometiendo
a la democracia a una situación de vacío y descrédito que pone en cuestión y
riesgo su esencia y abre paso a tiranías y totalitarismos peligrosísimos.
Frente a la afirmación de Sarkozy de que habría que
refundar el capitalismo, este ha cogido el toro por los cuernos y se ha
propuesto refundar una democracia de mínimos tutelada por “los banqueros”,
que tienen una avaricia sin fondo. Pero si bien en EEUU Barack Obama ha plantado cara
al sistema en algunas ocasiones presentando demandas contra los bancos,
reconociendo que se está más ante una crisis política que financiera,
gravando a los ricos en los últimos días o aumentando la inversión pública
frente a la imposición del recorte del déficit, lo cierto es que en Europa el
entreguismo es total y humillante.
No contenta con haber empleado hasta ahora 1,35 billones de euros para salvar
a la banca -nada más y nada menos que el 11% de su PIB- y después de que el
Banco Mundial afirmara que la UE pone en peligro la economía mundial y de que
los cinco grandes bancos centrales del mundo y el FMI decidieran que la
banca europea necesitaba apoyos para evitar su asfixia, Europa ha decidido en
estos días inyectar más dinero a sus bancos para afrontar la crisis.
Mientras, se nos pide a todos que nos apretemos el cinturón. Mientras, los
recortes sociales son brutales y se debilita lo público hasta límites
insospechados. Al tiempo que se señala a los ciudadanos e instituciones
públicas como derrochadores sin límites -ya está bien de sanidad y de
educación gratuita y universal, ya está bien de servicios sociales potentes y
de infraestructuras públicas eficaces que garanticen el bienestar, la
igualdad y la calidad de vida- el sistema bancario no tiene ningún pudor en
retirar los créditos a las pymes y a las familias
(de Canarias acaban de llevarse 3.522 millones que estaban destinados a
financiar préstamos). Y menos en mostrarnos cómo los mayores banqueros del
mundo se han subido el sueldo en un 36% y cómo las retribuciones de sus
directivos rondan los 10,1 millones de euros al año cada uno, más
sus pluses correspondientes, que, desvergonzadamente, se han asignado los
tres dirigentes más importantes de Bankia. Sí, ese
mismo banco que preside Rodrigo Rato y que se creó a expensas
de nuestra caja y otras, porque no tenían sentido sus existencias
derrochadoras controladas por cargos públicos.
Sin embargo la cosa no queda ahí. El acoso a un país tras otro es el pan
nuestro de cada día. Irlanda, Portugal, España, Italia, Francia, Inglaterra, Rumanía, Grecia (le acaban de pedir el despido de 20.000
funcionarios, cierre de empresas públicas…) son los primeros en probar sus
mieles y en ponerse de rodillas, mandando mensajitos continuos a los amos en
forma de recortes de derechos y reducción de los servicios públicos. Un día
sí y otro también se suceden las presiones sin medida a cargo de tres
empresas privadas calificadoras de riesgos (Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch) que conforman un oligopolio que auspicia con sus informes
el movimiento continuo de los especuladores; que ataca directamente a la
línea de flotación de la credibilidad y estabilidad de las economías y que
mantiene una estrecha vinculación con fondos de inversión opacos que se
benefician de sus predicciones. Para colmo, en un paso más para decidir sobre
la política y los estados, en estos días se han atrevido incluso a calificar
y cuestionar la legitimidad del Gobierno italiano que, aunque está
presidido por un impresentable de tomo y lomo, ha sido elegido
democráticamente por sus ciudadanos. Y otra vez Europa tragando y callando
sin atreverse a crear su propia agencia de calificación.
Aquella globalización que nos iba a llevar al paraíso nos ha impuesto de
sopetón un neoliberalismo -grabado hasta en la Constitución- que cuestiona y
ata de manos a la democracia, a las democracias del mundo. Hemos pasado de
ser ciudadanos con derechos a deudores. Todo se programa y se legisla
para contentar a nuestros acreedores. Pasamos de democracia a deutocracia como afirmaban recientemente los
juristas Gerardo Pisarello y Jaume Asens en Público. Se hace una llamada a la austeridad a
los que menos tienen y se ha legitimado el empobrecimiento de la sociedad
para beneficiar a los grandes poderes económicos. Se ha permitido que se
destruya la idea de sociedad (Alain Touraine), que se siembre el miedo y la
incertidumbre. El Estado ha hecho dejación de sus obligaciones de controlar y
regular al sistema financiero y por tanto también de su defensa de la
democracia. Ha propiciado el rechazo y el desprecio a la política y a los
políticos.
Fernando Vallespín citaba hace unos días en El País
a Charles Moore, conservador británico y biógrafo de Margaret Thatcher, quien afirmaba en un artículo que titulaba
“Estoy empezando a pensar que la izquierda en realidad tiene razón”, que “la
política democrática, dirigida al progreso de la mayoría, está realmente a
merced de esos banqueros, barones mediáticos y otros magnates que dirigen y
poseen todo”.
Se ha consentido la creación de un monstruo al que ahora no se puede
controlar. Michael Hudson lo define como un golpe de Estado financiero contra
el Estado Democrático y Social de Derecho en Europa. Ahora más que nunca se
necesitan instituciones fuertes, políticos fuertes y sensatos y ciudadanos
organizados e implicados. Es la falta de autoridad y de firmeza, la falta de
medidas ejemplarizantes, lo que ha permitido abrir esta veda a la
especulación y al gobierno de los inversores, a que los mercados contemplen a
los gobernantes como sus servidores. Se está atentando directamente contra
los derechos humanos y los derechos sociales. Se ha frustrado la confianza
ciudadana y el prestigio y la credibilidad de la política. Y esto no se
combate sino con más democracia y con el reforzamiento de las instituciones
públicas que debe comprender, entre otras cosas, la creación de una banca
pública.
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