El fin de la Unión Europea
Ramón Trujillo *
La gente está percibiendo que ese superestado en construcción que
llamamos Unión Europea está dañando sus condiciones de vida y que, cada día que
pasa, es considerado más como un problema que como solución a los problemas
actuales. El Eurobarómetro muestra que mientras, en
2007, el 65% de los españoles confiaba en la Unión Europea (UE), hoy desconfía
el 75% de la ciudadanía. Y, asimismo, el 60% de la población de la UE desconfía
de la propia UE.
La UE se asienta sobre graves desigualdades territoriales y está
aplicando políticas que deterioran la calidad de vida y vacían de contenido las
estructuras democráticas de los Estados que la integran. Esto sólo puede
conducir, a medio y largo plazo, a la destrucción de la UE.
Branko Milanovic, un experto en
cuestiones de desigualdad, escribió en un libro reciente que una de las causas
de la disolución de la Unión Soviética y de Yugoslavia se halla en la fuerte
desigualdad interregional que tuvieron. La diferencia en el PIB por persona
entre la república soviética más rica y la más pobre era de
En 2014, la UE reduce su presupuesto un 6%, coincidiendo con el
ingreso de un nuevo Estado. Sin embargo, en cualquier caso, su presupuesto
sigue siendo similar al de Bélgica, pese a que su población es cincuenta veces
mayor. Ese presupuesto ridículo ha impedido dar recursos a Estados como España
o Grecia cuando se han visto perjudicados por una misma política monetaria
europea y por haberse quedado sin un verdadero banco central.
El Banco Central Europeo (BCE) tiene prohibido prestar dinero a
los Estados y, por tal motivo, lo que hace es prestar a la banca privada a un
tipo de interés muy bajo para que, a su vez, ésta conceda crédito a los Estados
a un tipo de interés mucho más elevado. Se trata de un negocio redondo para la
banca privada, que incrementa los intereses que pagamos la ciudadanía por la
deuda pública, y cuyos desastrosos efectos se refuerzan gracias a la reforma
del artículo 135 de la Constitución, que pactaron el PP y el PSOE, y que, al
priorizar el pago de la deuda, se transforma en una palanca de reducción del
gasto público social y desmantelamiento del Estado del bienestar. De hecho, hay
un economista que ha calculado que, si España tuviera un Banco Central de
verdad, que le prestara al 1%, en vez de estimular la especulación de la banca
privada sobre la deuda pública, tendríamos una deuda pública próxima al 14% del
PIB y no al 100%. Por culpa del modelo del BCE, que nos endosaron el PP y el
PSOE, en 2014 gastaremos más en intereses de la deuda que en ayudas a las
personas desempleadas.
La UE está dividida en más espacios fiscales que Estados para
provocar que los países compitan unos contra otros bajando impuestos y
erosionando la base fiscal con que se financia el Estado del bienestar. Un
estudio publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros muestra que el tipo
nominal del impuesto de sociedades en la Unión Europea de los Quince en 1995
era el 38,03% y, en 2005, el 30,11%. En 2004, ingresaron diez nuevos Estados
con un tipo impositivo nominal del 20,5%. La carrera hacia la desfiscalización de los Estados ha sido organizada de
manera muy eficaz.
Asimismo, el hecho de que en la UE quepan diferencias que
multipliquen por más de diez los ingresos salariales en unos países, en
relación con otros, facilita las deslocalizaciones y
la competencia salarial a la baja. El terreno de juego que se ha definido en la
UE actual es inmejorable para destruir derechos: presupuesto europeo casi
irrelevante, BCE que organiza la especulación de los prestamistas contra los
Estados, competencia fiscal y laboral a la baja y presiones constantes para privatizar
lo público y socavar las pensiones.
El diseño institucional europeo, apoyado con entusiasmo por el
bipartidismo español, ha agravado las consecuencias de la crisis y supone una
amenaza permanente para las condiciones de vida de la ciudadanía. Ese proyecto
de UE antisocial se apoya en la destrucción progresiva de las estructuras
democráticas. El propio presidente del BCE, Mario Draghi,
ha declarado que "muchos gobiernos todavía deben darse cuenta de que
perdieron su soberanía nacional". Esto quiere decir que hay pueblos
europeos que se han quedado sin soberanía para decidir, sin poder sobre sus
propios asuntos, y, por lo tanto, sin democracia. Porque democracia no es
elegir representantes que no pueden cumplir con el mandato programático
otorgado por la ciudadanía. Tal realidad genera frustración e impotencia. Y esa
impotencia la refleja la gente en España cuando el Eurobarómetro
señala que el 77% de los encuestados considera que su voz no cuenta en la UE.
El proyecto europeo debe dar un giro radical si quiere ser
sostenible y estar al servicio de la ciudadanía europea. Y ese giro no lo van a
dar ni el bipartidismo ni las derechas nacionalistas, que han apoyado el actual
modelo antisocial de la UE.
* Coordinador de Izquierda Unida Canaria