Europapanatismo y endofobia desatada
M.
Mateo López Rivero *
Hay que ver cómo se
han puesto en Canarias determinados sectores políticos y sindicales sucursalistas y sus corífeos
columnistas y tertulianos a sueldo por que la Comisión Europea haya aceptado
que sean primadas las empresas adjudicatarias de obra pública que contraten
desempleados con más de seis meses inscritos en demanda de empleo en Canarias.
Por lo visto,
pretenden que, sufriendo un 32% de paro, las inversiones públicas en las Islas
sirvan para importar mano de obra desempleada del Estado español y resto de la
Unión Europea o de terceros países, mientras a nuestros residentes consolidados
desempleados les hacen el pasillo, aplaudiéndoles al bajarse del avión, para
acompañarlos después en caravana hasta su nuevo puesto de trabajo, haciendo
sonar las bocinas.
¡Qué vergüenza para
los sindicatos españolistas instalados en Canarias verse superados por la
Comisión Europea en la defensa consecuente de nuestros parados!; y ¿qué decir
de los dos eurodiputados del PSOE amenazando con recurrir dicha disposición en
el Parlamento Europeo, o del ministro "canario" clamando contra una
supuesta transgresión del sacrosanto principio comunitario de la libre
circulación de trabajadores europeos?
Y no es que en
Identidad Canaria estemos tirando voladores por la medida, que consideramos una
tímida e insuficiente respuesta al gravísimo problema de desempleo que nos
afecta, que supera de largo las trescientas mil personas en edad de trabajar, y
que entendemos debería aplicarse no solo a los contratados para obras públicas,
sino al resto de los sectores económicos, dando preferencia en la contratación
según orden de antigüedad en su inscripción en el Servicio Canario de Empleo,
acreditando la cualificación necesaria.
Nuestra asociación ha
reivindicado, además, desde su fundación, la necesidad de una legislación
específica para Canarias reguladora de la condición de residente, basada en el
vínculo familiar canario y el arraigo suficiente en el seno de nuestra
Comunidad, siendo imprescindible disfrutar de dicha condición para acceder a
nuestro mercado laboral y profesional.
Las razones que
respaldan esta demanda son las mismas que se han tenido en cuenta para
establecer leyes de residencia específicas en otros territorios comunitarios,
como las británicas islas del Canal o de Man, donde
sus mismos connacionales ven restringido el derecho a residir en ellas. Razones
de mera sostenibilidad medioambiental condicionada por la limitada capacidad de
carga de unos espacios limitados, frágiles y fragmentados que ya soportan una
altísima densidad de población.
Limitaciones a la
libre circulación y establecimiento autorizadas también en otras zonas como
Dinamarca, donde se limitan las segundas residencias por razones de
superpoblación, o en Luxemburgo, por envejecimiento poblacional. Hasta el
propio Parlamento Europeo en 2009 aprobó una moción de la eurodiputada francesa
Margie Sudre, justificando
las excepciones a las políticas comunes en esta materia, sin olvidar a los
Países y Territorios de Ultramar (PTU) pertenecientes a Estados miembros, que
tienen reconocidas en los tratados modulaciones específicas para su aplicación.
Pero la insuficiencia
de estas medidas de estímulo a las empresas que contraten, para obras públicas,
desempleados inscritos en Canarias de larga duración no es impedimento para
valorarlas como un avance, sobre todo en lo que a desbloquear mentes y superar
complejos y prejuicios pseudomoralistas se refiere.
Porque otorgar
derechos preferenciales a nuestros parados no constituye ningún problema moral
o ideológico, tratándose simplemente de una cuestión competencial, y eso es lo
que les duele a los políticos sucursalistas, que
Canarias conquiste la aplicación de políticas específicas, hasta ahora solo
atribuidas a los Estados, que por cierto no tienen escrúpulos en promulgar
leyes de extranjería restrictivas o negar asistencia sanitaria no urgente a
personas en situación migratoria irregular y sin recursos.
La Comisión Europea,
al interpretar de formar flexible el principio de libre circulación en las
llamadas Regiones Ultraperiféricas, pone en evidencia el europapanatismo
rampante de quienes pretenden ser más papistas que el Papa en la aplicación de
las políticas comunitarias, quedando asimismo en ridículo al calificar, como
han venido haciendo tradicionalmente, de racista y xenófoba cualquier demanda
de trato preferencial en favor de los desempleados residentes en Canarias. ¿Por
qué no se atreven ahora a insultar así a las autoridades comunitarias nuestros
valerosos quijotes políticos y sindicales sucursalistas?
Su virulenta reacción
ante tales conquistas, pese a lo limitado de su ámbito de aplicación,
evidencia, por contra, una enfermiza endofobia contra
la población canaria, que de forma mayoritaria nutre las listas de desempleados
inscritos en nuestras oficinas de empleo. Una hemorragia de ira contra quienes
han tenido el atrevimiento de solicitar, y además conseguir, un trato
discriminatorio positivo para nuestra gente. ¡Y hasta ahí podíamos llegar!
Nuestra asociación
está ya acostumbrada a sus intolerantes y desaforados ataques, pues no en vano llevamos
más de dos décadas tratando de convencer a nuestros paisanos de la necesidad de
una Ley de Residencia para Canarias, tomando el testigo de otros compatriotas
ya desaparecidos, como José Cardoso Morales o Sergio Báez Marrero, de Tamarán, siendo el punto culminante de esta lucha la
manifestación que convocamos junto con la Confederación Canaria de Asociaciones
de Vecinos (CONCAVE) y el apoyo de organizaciones como el PNC, CCN y sectores
de la Intersindical Canaria, representados por Jaime Bethencourt, y la
presencia de varios cargos públicos municipales de Santa Cruz y La Laguna, el
29-10-2006, en Santa Cruz de Tenerife, con la asistencia de unas quince mil
personas pese a unas condiciones metereológicas
bastante adversas, que dieron todo un ejemplo de comportamiento cívico.
Pocos pueden imaginar
las enormes presiones sufridas por los organizadores. El Grupo Parlamentario
del PSOE llegó a pedir el cese de quien suscribe como asesor del Ayuntamiento
de Santa Cruz, portavoces de la Subdelegación del Gobierno, que no pudo
encontrar argumentos para denegar la celebración, realizaron varias
declaraciones arbitrarias contra la misma, varios medios de comunicación la
calificaron como "La Marcha Xenófoba" y hasta Cáritas
llegó a sumarse al coro descalificador, mientras prestigiosos especialistas
como Juan Manuel Fernández del Torco defendieron la constitucionalidad de
nuestra iniciativa (ver EL DÍA, 29-10-2006).
Mención aparte debemos
hacer del sorprendente boicot que sufrimos por parte de dirigentes de Coalición
Canaria, partido que apoyó junto con el PP una moción del PSOE en el Cabildo
contra nuestra convocatoria, mientras su presidente, Paulino Rivero, llamaba
telefónicamente al que suscribe "exigiendo" la desconvocatoria de la
manifestación, aunque durante la Presidencia de Román Rodríguez se encargó un
informe en el que participaron, entre otros prestigiosos juristas, Eligio
Hernández o Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, ponente constitucional, que
recomendaba la adopción de medidas específicas contra la superpoblación de
Canarias, documento que duerme el sueño de los justos en algún cajón de la
Comunidad Autónoma.
Sin embargo, nos
alegramos de que CC haya rectificado posteriormente su oposición, solicitando
en la Unión Europea medidas de protección de nuestro mercado laboral, que han
cristalizado ahora con la citada disposición de la Comisión Europea para las
RUP. Nunca es tarde si la dicha es buena, aunque hayamos tenido que pasar de
los 120.000 parados de la fecha de la citada manifestación a los 360.000 actuales,
para que reconozcan el grave problema que advertíamos entonces. ¡Un incremento
de un 200% en solo seis años! ¿Existirá ejemplo similar a nivel planetario?
Habrá que consultar el Guiness para saberlo. Mientras tanto, algunos deberían
tratarse sus padecimientos de dispepsia política (digestión lenta y pesada de
las ideas).
Regulaciones
específicas que nada tienen que ver con el disfrute exclusivo de privilegios
económicos, sociales o naturales, ni con la preservación de una determinada
identidad cultural, que es fruto precisamente de un rico sincretismo histórico;
ni tampoco con el debate existente a nivel mundial sobre las migraciones
humanas, sino, como hemos señalado, con la defensa de una sostenibilidad
medioambiental y el mantenimiento de la biodiversidad en un territorio insular
reducido, vulnerable y frágil, aunque tales regulaciones obliguen a establecer
una lógica discriminación en favor de la población local, castigada además por
unas insoportables cifras de desempleo.
Reaccionemos, pues, a
tiempo, porque aquí no se ve la famosa mano invisible reguladora por ninguna
parte y continuamos aumentando la población por la vía inmigratoria (5.646
foráneos más de saldo positivo en el primer semestre de
* De Identidad Canaria
Redacción de El Canario:
Países y territorios de ultramar (PTU)
Los veintiún Países y Territorios de
Ultramar (PTU) dependen constitucionalmente de cuatro Estados miembros de la
Unión Europea (UE): Dinamarca, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Sus
nacionales son ciudadanos europeos. Sin embargo, los PTU no forman parte del
territorio de la UE, por lo que no están directamente sujetos al Derecho
europeo, sino que gozan del estatuto de asociados a los Estados miembros, en
virtud del Tratado de Lisboa. El principal objetivo de esta asociación es
contribuir a su desarrollo económico y social
La Unión Europea y sus regiones ultraperiféricas (RUP) [+]
La denominación de "Regiones
Ultraperiféricas" es un recurso eufemístico por el que los las potencias
colonialistas europeas integran formalmente a los restos de sus colonias en el
aparato político-económico de la Unión Europea[1]