Manuel
Marrero Morales *
La
coincidencia de la muerte de Adolfo Suárez, que había olvidado su pasado, en
las mismas fechas en que más de dos millones de personas salíamos a las calles
en las Marchas por la Dignidad reclamando nuestros derechos y los de nuestros
descendientes, nos conduce a varias reflexiones, sobre un pasado
reciente, cuyo modelo está agotado para los intereses de la clase trabajadora
y, sobre todo, con la vista puesta en el futuro que queremos.
En los albores de la
inmodélica Transición discutíamos sobre Ruptura o Reforma. Se impuso esta
última y los poderes del Franquismo permanecieron inalterables: la Iglesia
Católica, el ejército, los poderes económicos, la Corona, en definitiva,
los derechos de la clase privilegiada siguieron imponiéndose sobre los de la
clase trabajadora. Y así durante más de tres décadas. Y en esta
construcción del modelo de Estado han jugado un papel fundamental la mayoría de
los partidos políticos, la patronal, la banca, la iglesia, el sindicalismo
mayoritario... Y la creencia popular, alimentada por medios de comunicación
tramposos, de que vivíamos en el mejor de los mundos posibles: entrada en la
OTAN, en la UE, en el euro, en el G-20+1, crecimiento armamentístico, crédito
fácil, burbuja inmobiliaria, megaconstrucciones, pactos sociales
domesticadores, corrupción por doquier... Y, sobre todo, largos periodos de
desmovilización y adormecimiento ciudadano.
Se impuso el modelo
donde la participación ciudadana no sólo se ignoró sino quedó proscrita. Ya
bastaba con los representantes, políticos o sindicales, elegidos: los
conseguidores, los apuntaladotes imprescindibles del sistema, que ahora están
ocupados en los despachos, con sus pactos sociales, en labores urgentes de
achicar el agua del barco que naufraga y de cubrir las grietas el
edificio que se les viene encima. Mientras, sus hipotéticos representados
nos encontramos en las calles, reclamando dignidad.
En lugares como
Canarias, ni en los mejores momentos de principios de los 90, bajamos del 9%
del paro. En la actualidad ostentamos la indecorosa cifra de un 35.4%, junto a
unas 800.000 personas (de 2.100.000) que viven bajo el umbral de la pobreza.
Sin embargo, llevamos
varios años en que se acabaron los cantos de sirena que nos adormecían, y
comenzaron los duros castigos sobre la población: modificación del
articulo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda, reformas
laborales que eliminan nuestros derechos, recortes sociales en educación, salud
y dependencia que dejan nuestros derechos como una tabla rasa, leyes
retrógradas de alto contenido ideológico, moral y represivo como la LOMCE, la
del aborto o la ley mordaza "de inseguridad ciudadana". En
definitiva, la creciente privatización de lo público y el ataque feroz a
nuestros exiguos derechos y libertades, conquistados en las luchas.
Los efectos de estas
medidas salvajes no se han hecho esperar: seis millones de personas en paro,
implantación del copago, deterioro de los servicios públicos de salud,
educación y dependencia, obligada emigración de la juventud mejor formada de la
historia de este país, retroceso de medio siglo en educación, congelación,
privatización e incierto futuro para las pensiones, pérdida de derechos y
libertades...
Y frente a esta
catástrofe social, dos huelgas generales, miles de movilizaciones parciales, el
15-M, y ahora las Marchas de la Dignidad. Estamos desperezándonos del largo
letargo. El bostezo inicial se ha convertido en grito, en clamor popular que al
unísono los señala con un "no nos representan". Muchos cientos de
miles, millones de personas, sabemos, por fin, que es lo que no queremos.
Y estamos unidos en esa negación a asumir las imposiciones de la Troyka y las
de sus portavoces políticos. No estamos de acuerdo con que la economía mande
sobre la ciudadanía. Repudiamos el cascarón vacío de participación en que han
convertido a la democracia. Defendemos nuestros derechos intentando impedir que
lo público sea objeto de negocio privado, luchando contra los desahucios y las
abusivas hipotecas. Queremos una banca al servicio de nuestros intereses y no
al revés. Cuestionamos la monarquía y el euro. Nos negamos al pago de una deuda
ilegítima. Exigimos una renta básica. Somos personas, no mercancías. Abogamos
por la insumisión, por la desobediencia civil frente a leyes injustas. Hemos
salido pacíficamente a las calles bajo el lema "pan, tierra, trabajo
y techo" y, en Canarias, además, contra las prospecciones petrolíferas. En
esencia, estamos construyendo y contraponiendo de forma colectiva un nuevo
modelo social, económico y político, donde se antepongan los intereses de la
clase trabajadora a los del capital, donde nuestras decisiones cuenten, donde
florezcan las libertades, la igualdad y la justicia social. Caminamos
inexorablemente hacia esa utopía. Vamos lentos, porque vamos lejos.
El cortoplacismo es un
efímero consejero. El miedo está empezando a cambiar de bando. El futuro nos
pertenece y claro que sí se puede. Las asambleas ciudadanas, la coordinación
estable de las organizaciones alternativas, la información y el debate en los
centros de trabajo, en los Institutos y Universidades, en las familias, sumando
militantes para esta necesaria transformación, es un trabajo lento, que exige
tesón, disciplina y compromiso. Los cambios de mentalidad son el producto de
lentos procesos de interiorización, de contraste, de aprehensión de ideas
convincentes, de asunción de responsabilidades para sentirnos protagonistas y
corresponsables de las decisiones que afectan a nuestras vidas. De una
ciudadanía resignada a una ciudadanía insumisa, rebelde y militante activa en
defensa de nuestros derechos y libertades.
La movilización
sostenida tendrá que propiciar la unidad de acción, la elaboración
de pensamiento crítico compartido, la pérdida del miedo, la participación
creciente, la construcción de alternativas sociales, económicas y políticas, la
continuidad de la lucha sin desfallecer asumiendo nuestra responsabilidad
generacional.
Y estoy convencido que
esta guerra desatada contra la clase trabajadora la ganaremos en las calles, en
las plazas. Y ocurrirá el día en que, convencidos de ello, salgamos y ocupemos
definitivamente las calles y las plazas y seamos la mayoría los que los
desalojemos a ellos, a todos los que no nos representan.
* Coordinador General de Intersindical Canaria