La dictadura de Felipe VI de España

y nada de Canarias

Por segunda vez en menos de dos años el heredero de la Jefatura del Estado español ha manifestado públicamente, atribuyéndose el tutelaje de los derechos de los ciudadanos, que la constitución al servicio de la monarquía que él representa prevalecerá sobre los derechos de los pueblos reconocidos por el ordenamiento jurídico internacional, suscritos por España, olvidando, interesadamente, la sentencia de Pi y Margall que dice “No se adquiere la propiedad de los pueblos conquistados ni con la prescripción de los siglos”.

Felipe VI, que jamás ha recibido un solo voto de los electores y jamás se ha sometido a votación alguna, se arroga la potestad de hablar, demagógicamente, en nombre de la democracia, repetimos, por segunda vez afirmando que “la constitución prevalecerá” con el deseo de mantenerse como Jefe del Estado de por vida sin someter dicha jefatura al veredicto de las urnas, dado que la actual constitución está hecha a imagen y semejanza de la monarquía.

¿Por qué Felipe VI es el Jefe del Estado español? Porque, incomprensiblemente, la “democrática” constitución española dice en el apartado 1 del artículo 57 que “La corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea, el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos” y el ahora Jefe del Estado, al ser el único varón de tres hermanos, aún siendo el benjamín, pues según parece tiene especial interés en que prevalezca la constitución.

Item más, el apartado 3 del artículo 56 de dicha constitución dice literalmente “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, lo que constituye una extraña forma de entender la democracia, dado que en la democracia las personas electas son responsables de sus actos y rinden cuentas tanto a los electores que han depositado en ellas su confianza como a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, si hubiera o hubiese la separación de poderes inherente a cualquier democracia que, lamentablemente, no es el caso del Estado español.

El Rey, al haber tomado partido en contra de la justa y legítima reivindicación que mantenemos los anticolonialistas ante el totalitario régimen monárquico y colonial español, le quedan dos alternativas, renunciar a la jefatura del Estado o presentar su candidatura, en unas elecciones libres y democráticas, para presidir dicho Estado, independientemente de dejar de descalificar a los demócratas de verdad, aquellos que representan a los ciudadanos habiendo presentado su candidatura a las elecciones y habiendo sido elegidos por los votantes.

La Generalitat de Catalunya ha aprobado, democráticamente, convocar un referéndum de autodeterminación el próximo 1 de octubre de 2017 acorde con el ordenamiento jurídico internacional que, sin embargo, ha sido prohibido por un amañado tribunal constitucional diseñado también a imagen y semejanza pero en este caso del partido que ostenta la presidencia del gobierno, los conservadores, por decirlo de forma suave, del Partido Popular y con esta prohibición se están conculcando derechos fundamentales como la libertad de expresión, de manifestación y de representación política, requisando publicidad electoral, prohibiendo la difusión del referéndum en los medios de comunicación masiva, tanto públicos como privados, desalojando locales sufragados con el dinero de todos los contribuyentes en los que se debate sobre dicho referéndum en un golpe de Estado en toda regla con la connivencia y complicidad del Partido Socialista Obrero Español y el otro partido de la burguesía española, Ciudadanos (C’s).

Sólo el pueblo soberano es capaz de acabar con las dictaduras, saliendo masivamente a las calles en defensa de la democracia y de los derechos fundamentales, en defensa de la justicia y de la libertad y ahí tenemos que estar todos los anticolonialistas en particular y todos los demócratas en general. El pueblo canario, los pueblo hermanos de Euzcady y Nafarroa y los demás pueblos del Estado español (Galitzia, Al Andaluz, Catalunya, además de los restantes) tenemos una gran experiencia de lucha anticolonialista, tanta como el régimen monárquico y colonial español tiene de aherrojadora experiencia colonial.

Las consecuencias de no resistir las tiranías en los primeros intentos de su establecimiento fueron resumidas magistralmente por Martín Niemöller: “Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a por los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a por mi, no había nadie más que pudiera protestas” y completa Bertolt Brecht de la siguiente manera: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son mucho mejores. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles”.

El pueblo canario concretamente es una colonia española desde aquel aciago año de 1402 en que tuvo lugar el primer asentamiento del colonialismo en el Rubicón, Titerroygakat (Lanzarote). La única oportunidad que hemos tenido de manifestar nuestra opinión al respecto ocurrió el 12 de marzo de 1986 mediante el Referéndum sobre nuestra integración en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Referéndum en el que el pueblo canario votó en contra por una aplastante mayoría, mientras España decidía la integración. Ya nos hemos autodeterminado por lo tanto. Nadie nos preguntó jamás si queríamos ser parte de España, muy al contrario, mediante una cruel, vil y sanguinaria guerra que duró desde 1402 hasta 1495 con la claudicación de Chinet (Tenerife), casi cien años por lo tanto, el régimen monárquico y colonial español ha sometido implacablemente a nuestro pueblo, con guante de seda y mano de hierro. Sólo procede por lo tanto proceder a la descolonización e independencia de nuestra patria.

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones políticas, sindicales, sociales, culturales, deportivas, etc., así como a todas las personas a título individual para que el próximo 12 de marzo de 2018, en el treinta y dos aniversario de nuestra gloriosa victoria en el Referéndum en contra de la OTAN procedamos a proclamar la República Democrática Federal Canaria.

Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario

Movimiento UPC

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