7 DE ABRIL, UN DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

DEVALUADO POR LA REALIDAD

*Julián Ayala Armas/Luis Pérez Serichol *

El 7 de abril se conmemoró el Día mundial de la Salud y la Sanidad. Su relevancia ha sido, en esta ocasión, muy especial por la excepcional situación que atravesamos y por lo que esta nos está enseñando. Con frecuencia representantes de instancias oficiales se llenan la boca, declarando que España tiene uno de los mejores sistemas públicos de salud, y es posible que sea así, que tengamos un buen modelo sanitario, basado en la sanidad universal financiada por el Estado, con excelentes hospitales y mejores profesionales. El modelo es bueno, pero su desarrollo real no lo es.  

SANIDAD DEVASTADA. Hemos podido constatar, tristemente, que no es oro todo lo que reluce en la sanidad española. La pandemia ha puesto de relieve las graves carencias del sistema, consecuencia de las políticas de privatizaciones, que a partir del ya lejano año 1991 fueron eliminando los aspectos progresistas recogidos en la Ley General de Sanidad promulgada por el PSOE de Felipe González en 1986, que sobre el papel no permitía la entrada de empresas privadas en la sanidad pública. Este lento proceso de deterioro tomó carta de naturaleza a partir de la Ley 15/1997 aprobada conjuntamente por PSOE, PP, CIU, Coalición Canaria y PNV que, con el pretexto de “modernizar la sanidad”, permitió la entrada de todo tipo de empresas privadas lucrativas en la gestión sanitaria pública, dando lugar al progresivo desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, acelerado con las políticas del PP y otros partidos (Coalición Canaria en nuestra Comunidad) antes, durante y después de la crisis de 2008, con la consiguiente reducción de centros (los hospitales del Norte y del Sur de Tenerife siguen en el limbo), la eliminación de camas y el recorte de personal y de medios, cuyos  efectos nocivos  se han puesto de manifiesto en la actual crisis del Vid 19.

Para centrarnos solo en algunos casos más significativos, resulta deplorable observar cómo el personal sanitario se ha tenido que enfrentar a un virus tan contagioso con una gran carencia de medios. El resultado es que 20.000 de ellos se han infectado por falta de equipos de protección individual (EPI) y algunos incluso han fallecido. Concretamente en Canarias, el número de sanitarios que han dado positivo por coronavirus supone un 20% del total de contagios. La industria sanitaria se ha depauperado hasta el punto de no poder garantizar mascarillas para los trabajadores y trabajadoras de la salud y mucho menos para el conjunto de la población. A más de dos meses del inicio de esta crisis, seguimos en la misma situación, y eso en un país con los recursos económicos que tiene España. No podemos dejar de señalar también la carencia de material esencial para el tratamiento de los pacientes, como los necesarios y escasos respiradores, que han obligado a los facultativos, en casos puntuales, a decidir a qué enfermos se les debía aplicar.  

 LA TRAGEDIA DE LOS GERIÁTRICOS. A propósito del Día Internacional de la Salud y la Sanidad, queremos llamar también la atención sobre la situación de las personas ingresadas en residencias geriátricas. Según los inciertos recuentos de estos días, han muerto ya más de 8.000 residentes, aunque posiblemente la cifra sea mayor, porque la información transparente brilla por su ausencia, los datos no están centralizados y cada comunidad informa como y cuando quiere (1). Pero sí hemos podido acercarnos al conocimiento de lo que ocurre detrás de esas paredes. El 75% de las residencias de mayores en nuestro país son privadas (un 87% en Madrid), y muchas de ellas pertenecen a fondos buitre de inversión, los mismos que desahuciaron y siguen desahuciando a miles de personas de sus viviendas. Esos fondos de inversión, sobre todo franceses, pero también británicos, no han venido a invertir en residencias de mayores por su vocación de cuidado a las personas dependientes, sino para ganar dinero. España es un país con una gran longevidad y esas multinacionales han visto aquí un nicho de negocio seguro. El resultado está siendo desastroso para las personas alojadas, hasta el punto de que la cantidad de fallecidos en esas residencias supone más del 35% del total de muertos por covid19 o síntomas compatibles en todo el país. Esto se debía haber prevenido y evitado.

En Canarias, el número de geriátricos privados no es tan alto como en la Península. Abarcan alrededor del 46% de las plazas existentes; pero las largas listas de espera evidencian que la oferta pública no está cubriendo las necesidades y va cediendo terreno al negocio privado. También hay que tener en cuenta que buena parte de las residencias públicas son de gestión privada, con lo que no es aventurado suponer —y las denuncias al efecto lo confirman— que, al igual que sucede en otros lugares, la lógica del beneficio prima generalmente sobre la atención que merecen las personas. A fecha 9 de abril la dirección general de Salud Pública del Gobierno Autónomo estimaba la existencia en Canarias de 8.500 residentes en geriátricos, de los que 8 habían fallecido infectados por coronavirus.  

CATÁSTROFE SIN PALIATIVOS. Las evidencias de las malas condiciones de vida de las personas ingresadas en geriátricos y de la falta de medios y de personal con formación adecuada para cumplir sus funciones son numerosas, pero las administraciones hacen oídos sordos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, la más afectada por los decesos, se ha negado sistemáticamente a aceptar las comisiones de investigación solicitadas por la oposición en numerosas ocasiones, a partir de las denuncias de sindicatos y personal de los centros sobre el mal funcionamiento de muchos de ellos, ahora puesto en evidencia por la pandemia.

De todos los ancianos y ancianas fallecidos en centros geriátricos 4.260, la mitad aproximadamente, corresponden a Madrid, lo que equivale al 8% de los 52.000 mayores acogidos en las residencias de esta Comunidad. Una catástrofe sin paliativos atribuible sobre todo al PP, que gobierna Madrid desde 1995 hasta la actualidad. Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes —todos sometidos a investigación judicial por los casos de corrupción en los que aparecen implicados— fueron los antecesores de la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso. Durante sus años de gobierno, especialmente cuando la crisis de 2008, la Comunidad madrileña fue líder de recortes y privatizaciones en sanidad y hoy registra el trágico ranking de ser la Autonomía con menor inversión sanitaria por número de habitantes y mayor privatización de hospitales y residencias de mayores.

Pero no es solo Madrid; pocas comunidades autónomas españolas saldrían bien paradas de una inspección seria. Los cadáveres de ancianos localizados en residencias por la Unidad Militar de Emergencia no se han encontrado únicamente en la capital de España.  

PREPARARNOS PARA LA GUERRA DE CLASES QUE VENDRÁ. La alarma pasará y todos nos felicitaremos por lo bien que hemos sorteado la pandemia y, como los chinos, homenajearemos a los sanitarios que nos han cuidado, a los farmacéuticos, a los trabajadores de los comercios de alimentación, a las limpiadoras… Todos y todas habremos tomado conciencia de la importancia de disponer de unos servicios públicos universales y de calidad, pero si no aprovechamos esa conciencia recién adquirida para crear organismos y plataformas ciudadanas que enfrenten con resolución y firmeza los años de crisis que vendrán, cuando la pandemia deje de ser nuestra principal preocupación, volverán los recortes y las privatizaciones. A poco que bajemos la guardia, esa exigua minoría de grandes empresarios, capitalistas sin conciencia, para los que la acumulación de riqueza está por encima del bienestar general y, como constatamos ahora, también por encima de la vida de las personas, no cejarán en su intento de hacernos pagar la crisis a las clases trabajadoras y medias, a los pensionistas, a los jóvenes subempleados, a los parados y paradas, a los inmigrantes con y sin papeles, a los marginados y excluidos sociales, a las clases subalternas en general.

Esa minoría expoliadora no cejará nunca en su ambición. Ni tampoco sus testaferros y mamporreros: la ultraderecha política y social y sus medios de prensa afines, que ya desde hoy, con sus ataques desaforados al Gobierno de coalición PSOE-UP, están preparando el terreno para la guerra de clases que vendrá.

“No volveremos a la normalidad, porque la normalidad es el problema” escribió alguien especialmente lúcido en un muro de calle durante las pasadas protestas en Chile. Y es que no hay normalidad a la que retornar cuando la pandemia se controle, porque esa normalidad nos ha llevado a la situación que sufrimos hoy. A la gente de abajo nos toca ineludiblemente crear una nueva normalidad, que tenga en cuenta por encima de todo la noción y el objetivo del bien común. Utópico, pero no imposible. Como estamos viendo estos días, nos va la vida en ello.  

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* Julián Ayala Armas y Luis Pérez Serichol son, respectivamente, presidente y vicepresidente de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias  

(1)     El pasado 8 de abril el diario digital Público daba una cifra de 8.138 fallecidos en todo el país. Al día siguiente la Cadena SER elevaba este número a 8.421. Ambos medios informativos se referían a datos obtenidos de las comunidades autónomas en sus informaciones al Gobierno central, haciendo la salvedad de que varias de ellas se habían negado a facilitar la información. Además de los 8.421 fallecidos, la SER añadía 13.000 mayores contagiados, con positivo confirmado por laboratorio.