¿Puede ser justo desobedecer la ley?

Catalunya, la desobediente, demandó justicia. Catalunya, la reivindicativa, exigió soberanía. Ante la escalada del conflicto, el cualificado sociólogo Manuel Castells quiso mantener un forzado resquicio de esperanza escribiendo: “Si el 1 de octubre apareciese un destello de clarividencia en Madrid y se negociaran condiciones de una votación de gentes que sólo quieren decir lo que quieren ser, podríamos volver a mirar al futuro sin temer al pasado”. Era irreal. España, la nación de los viejos delirios imperiales, insistió en rendir a la Catalunya nacional. España, el Estado monopolizador de la violencia, se empeñó en reprimir a la ciudadanía catalana en cuanto saliese libremente a la calle. Con unos “antidisturbios” que para evitar que la gente se expresase se dedicaron a pegar, intimidar, patear, disparar y aterrorizar.

El Presidente del Gobierno lo ha tenido claro, sin embargo: “Hemos hecho lo que teníamos que hacer, actuando con la ley y solo con la ley”. Y punto. Cuarenta y ocho horas después del Día del Entusiasmo Catalán y la Ignominia Represora, Felipe VI proclamó —con amenazante catalanofobia— que: “Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional”. Una afirmación que la fina intuición de Iñaki Gabilondo entendió acertadamente que “no era ni un pronóstico, ni la expresión de un deseo, era de hecho una orden a esas autoridades del Estado”. Una declaración de guerra. Un discurso para fabricar realidad política. La señal esperada que había de galvanizar de inmediato a los poderes fácticos. Empezaba la inflexión del procés: el bloque monárquico españolista está cerrando filas dispuesto a todo, pero “con mesura”.

El cordero antaño disfrazado de lobo, Alfonso Guerra, se adelantó con rapidez a los suyos, manifestando que deberán utilizarse todos los instrumentos constitucionales y en su caso el Ejército, si fuese necesario. La caverna españolista del bipartidismo, con la guinda de la nueva derecha “ciudadana”, se puso en marcha, sin que faltase —cómo no— José María Aznar reclamando más dureza. A su vez, la gran banca y otras grandes multinacionales movieron ficha. A su pesar, Castells lo había barruntado: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el independentismo catalán, las tropas constitucionales han alcanzado sus últimos objetivos. La sedición ha terminado. Madrid, 1 de octubre de 2017”. Están sonando lejanos ecos de un pasado tenebroso: aquella militarista ocupación de Barcelona un 26 de enero de 1939, con las formas “mesuradas” de ahora.

Puede que Gabilondo tenga razón en que el rey se ha jugado la corona, pero lo grave es que le dio un reaccionario golpe de gracia a la tambaleante democracia española; puede que cerrase puertas en Catalunya, pero más grave aún es que dinamitase toda expectativa de reconocimiento de los derechos de las naciones del Estado (parece que Canarias ni siquiera se ha colocado todavía en la cola de espera gracias a una clase política de juguete). El españolismo más soez y el más sutil crecen como las setas en temporada. Por todas partes aparecen los vargasllosas de turno. En Canarias también.

Vamos a contar mentiras. Mientras se tensa el pulso, aprendemos mentiras y nos dejamos engañar a conciencia. Quien lo dude, que haga un repaso de las opiniones de la prensa canaria o madrileña de las últimas semanas. Se sorprenderá de la unanimidad con la que los diversos opinadores vienen bordando en el ojal de sus columnas periodísticas la bandera rojigualda, al ridículo estilo de nuestro “representativo” de primera división. Nos dicen que actúan “con la ley y sólo con la ley”, que “hay que cumplir la Constitución”. Lo oímos y repetimos una y otra vez, como papagayos atoletados. Y así dejamos que nos troleen. Mantras genéricos como “las leyes están para cumplirlas” o “hay que respetar la Constitución” se convierten así en dogmas de fe que hay que seguir a ciegas porque sí.

Oiga, no. Sepa usted que es un imperativo moral incumplir las leyes injustas. Y es también una obligación moral incumplir las interpretaciones injustas de las leyes justas. Porque las leyes pueden ser normas democráticas o antidemocráticas, pueden ser normas legítimas o ilegítimas. Lo estamos palpando. Y pueden dar lugar a interpretaciones democráticas o antidemocráticas, interpretaciones legítimas o ilegítimas. La ciudadanía está obligada, por sólidas razones poli(é)ticas, a desobedecer todas las normas legales, e interpretaciones derivadas, que sean antidemocráticas e ilegítimas. ¿O no? ¿No es antidemocrático e ilegítimo que la jefatura de un Estado de derecho sea hereditaria y varonil si se afirma el fundamental principio de igualdad de ciudadanos y ciudadanas? ¿O es que acaso es justa la discriminación?

¿No es antidemocrático e ilegítimo que el Ejercito sea el garante del ordenamiento constitucional y la integridad territorial? ¿O es que acaso es justo el militarismo incrustado en la Constitución? Cualquier militar demócrata sabe que no. Y si lo desconoce es porque no es demócrata. Así, se puede seguir preguntando de la misma manera por muchos preceptos de la Constitución del 78 y de algunas de las Leyes derivadas, sobre los derechos y libertades, la judicatura, la Iglesia, la economía, etcétera, etcétera. También conviene preguntarse lo mismo, claro está, sobre las recientes Leyes catalanas de referéndum y transitoriedad, normativas asimismo infumables, pero—eso sí— inmediatamente suspendidas por un Tribunal Constitucional (TC) del que se puede decir cualquier cosa menos que sea independiente de los poderes fácticos.

La intervención de Catalunya viene de atrás. Porque el Estatuto de autonomía catalán se había mostrado insuficiente e insatisfactorio para gran parte de los catalanes desde hacía décadas. En el año 2005 fue reformado y mejorado, después de arduos debates en el Parlament catalán y luego en el Parlamento español. Y a continuación fue refrendado por la sociedad catalana. ¡Cumpliendo las leyes y la Constitución! Sin embargo, a instancias de la derecha españolista, diez personas —sin control alguno— que conformaban el TC en 2010 se atrevieron a recortar lo que la voluntad de dos parlamentos representativos había elaborado y aprobado y un referéndum ciudadano había ratificado.  Su sentencia (STC 31/2010), a juicio del constitucionalista Javier Pérez Royo, no sólo fue inconstitucional: fue materialmente un “golpe de Estado” que rompió el pacto constitucional del 78 de las élites española y catalana.

Fue el hachazo que ha dado lugar al 1-O y demás acontecimientos derivados. “La sentencia del Tribunal Constitucional —escribe Pérez Royo— desautoriza el pacto y desconoce el resultado del referéndum. Ni pacto ni referéndum, sino lo que yo decido”. Así, se ha llegado en Catalunya, como consecuencia de ese hecho, a aprobar una segunda legalidad (Ley de referéndum y Ley de transitoriedad): los catalanes carecen desde hace siete años de un auténtico Estatuto de autonomía; el que se les impuso fue un ilegal e inconstitucional “Estatuto del PP para Catalunya”, como lo denomina Pérez Royo. Sin embargo, es absurdo impulsar —como se ha hecho— una ruptura jurídica para abrir paso a una ruptura política, cuando en democracia solo pueda ser legítimo lo contrario. El conflicto no podía más que agudizarse. Estamos a un paso de la ocupación de Catalunya por la fuerza, pero “con mesura”. Se busca realmente una nueva declaración: “…cautivo y desarmado el pueblo catalán…”.

Pero cualquiera sabe que la demanda de más autogobierno y soberanía por parte de un pueblo libre siempre es legítima en democracia. Filósofos de las Universidades catalanas —autonomistas, independentistas y autodeterministas, según creo— han manifestado que “un referéndum negociado sobre la independencia catalana podría ser una salida, aunque no la única. Los referéndums tienen que ser cuidadosamente preparados, requieren un debate público justo, bien informado e imparcial, guiado por los ideales de la democracia deliberativa. En este debate, las opciones alternativas, como una mayor autonomía para Catalunya o una reforma federal de España, deberían estar plenamente presentes también”. Porque, en efecto, el Régimen del 78 hace aguas por todos los costados y ha de ser revisado de forma pacífica y democrática, para resolver el explosivo conflicto entre Catalunya y el Estado, y también para encarar otros muchas demandas nacionales y sociales no menos justas. Pero no judicializando la política, ni exigiendo que se cumplan leyes y directrices injustas.

Las leyes injustas no deben cumplirse. Felipe González Vicén, nuestro gran filósofo del derecho, se preguntó (en 1979, no por casualidad el año siguiente de la aprobación de la Constitución) “si es que hay una raíz última, un fundamento irreductible que hace de la obediencia al Derecho un imperativo ético, y cuál es este”. Después de repasar todas las teorías jurídicas que escamotean o que no resuelven un problema “tan antiguo como la historia misma del pensamiento jurídico”, especialmente —ojo— la teoría de la seguridad jurídica, que no es más que “la ideología clásica de la clase burguesa acerca de la obediencia jurídica”, González Vicén expuso su punto de vista. Y con ello abrió un profundo debate que desarmó a la inmensa mayoría de los biempensantes jóvenes juristas españoles de entonces (los de su generación eran mayoritariamente conservadores, por no decir que franquistas). Fue entonces cuando desde la ética se alzó la voz de Javier Muguerza para dar justificación moral al enfoque de tan eminente jurista sobre la desobediencia al derecho (y sobre la desobediencia civil, pese a las diferencias que entre ambas existen), incorporándole su filosofía del disenso.

La conclusión de González Vicén fue meridiana, y la escribió en cursivas, para evitar así cualquier posible cambalache a propósito de sus palabras: “mientras que no hay un fundamento ético para la obediencia al Derecho, sí hay un fundamento ético absoluto para su desobediencia”. Porque a su juicio “no hay obligación de obedecer al derecho”, si se toma el concepto de obligación en su sentido estricto, es decir, en su sentido ético. De ahí que este insigne profesor —cuya obra está recogida en el Fondo bibliográfico de la ULL que lleva su nombre— sentenciase casi con sarcasmo que “hay que olvidar, de una vez, la piadosa representación del Derecho como un orden normativo con validez propia y revestido además de poder, y abrir los ojos a la verdad inconcusa de que el Derecho es esencialmente poder: ‘poder no es algo que se encuentra ‘detrás’ del Derecho, sino algo que funciona a través del Derecho’. O como decía Nietzsche con la agudeza casi enfermiza de sus afirmaciones: ‘Derecho es la voluntad de perpetuar una situación determinada de poder’”.

El formalismo y el positivismo jurídico no son, pues, doctrinas ingenuas, sino intentos de dar un poder absoluto a las leyes al margen de su contexto histórico, de su calidad democrática y de su validez garantista. En y contra la Catalunya actual tenemos un buen ejemplo de lo que no se debería hacer, de lo que deberíamos cuestionar cuando se hace contra las personas y las comunidades.

Enlaces:

Un forzado resquicio de esperanza y Lo había barruntado: Manuel Castells, lavanguardia.com/opinion/20170930/431643266323/2-de-octubre.html

Pegar, intimidar, patear, disparar y aterrorizar: Ruth Toledano, eldiario.es/zonacritica/ordeno-Rajoy-violencia-catalunya_6_692640743.html

Con la ley y sólo con la ley: Mariano Rajoy, politica.elpais.com/politica/2017/10/01/actualidad/1506875884_885225.html?rel=mas

Asegurar el orden constitucional: Felipe de Borbón, politica.elpais.com/politica/2017/10/03/actualidad/1507058161_929296.html

Era de hecho una orden: Iñaki Gabilondo, cadenaser.com/programa/2017/10/04/hoy_por_hoy/1507100616_821442.html

Una declaración de guerra: Iñigo Sáenz de Uriarte eldiario.es/zonacritica/discurso-guerra_6_693340697.html

Fabricar realidad política: Enric Juliana, lavanguardia.com/politica/20171004/431779983185/articulo-155-a-la-vista.html

El ejercito, si fuese necesario: Alfonso Guerra, politica.elpais.com/politica/2017/10/04/actualidad/1507103845_030853.html

Aquella militarista ocupación de Barcelona: youtube.com/watch?v=0F2z3qOwK4w

Aprendemos mentiras: Jorge Stratós, tamaimos.com/2017/09/23/desaprender-para-aprender-tambien-de-los-catalanes/

Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional: boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11409

Ni pacto ni referéndum: Javier Pérez Royo, eldiario.es/zonacritica/Estatuto-Cataluna_6_692990719.html

Ley de referéndum: http://www.elnacional.cat/es/politica/texto-ley-referendum_171561_102.html

Ley de transitoriedad: elnacional.cat/es/politica/documento-texto-integro-ley-transitoriedad-juridica-fundacional-republica_186198_102.html

Un referéndum negociado:

 ara.cat/2017/10/05/Declaracioe_sobre_Catalunya_2017_CAT.pdf?hash=f4d8cc0697609e482868bfd7b35a9cd4d1173c61

La obediencia al derecho: Felipe González Vicén, dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=962481; además dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=32735 y dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=32922

Filosofía del disenso: Javier Muguerza, dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=32770

 

Fuente: www.tamaimos.com/2017/10/07/puede-ser-justo-desobedecer-la-ley/