Pedro González Cánovas
Cuatro años de impunidad política, garantiza al
partido en el poder hacer lo que le viene en gana, donde se incluye el
incumplimiento de las promesas electorales, al tiempo que deja mudos a los
votantes hasta las siguientes elecciones. Así es la democracia española.
La Constitución
española prevé la iniciativa popular en su artículo 87.3 y siguientes y en la
ley reglamentaria (Ley Nº 3 Orgánica de 1984). Se
requiere en mínimo de 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos. Las
firmas tienen que recogerse en un periodo de nueve meses. El proceso se inicia
mediante la presentación de la documentación en la Mesa del Congreso de los
Diputados, que examina la documentación y se pronuncia en el plazo de 15 días
sobre su admisibilidad. Sin embargo, cabe la posibilidad de que todo el
esfuerzo sea nulo, al no ser aceptado por un partido que gobierne en mayoría,
como es el caso del PP, partido nacionalista español en su máximo exponente,
que ya, sin contemplar otra posibilidad, ha anunciado que no admitirá a trámite
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presenta la Plataforma de Afectados
por las Hipotecas (PAH) pretendiendo implantar la "dación de pago",
sustentada en 750.000 firmas de ciudadanos que pasarán a la ignorancia del
gobierno de españa irremediablemente.
En el citado infierno
del sur de Europa, lo peor es que la deuda hipotecaria hay que saldarla
puntualmente hasta el final, porque en caso contrario, la legislación actual se
convierte en cómplice del poder financiero hasta embargar la vida de quién no
pueda hacer frente a los pagos. No se considera suficiente con que el
prestamista robe la propiedad inmobiliaria, sino que la legislación obliga a
seguir afrontando el pago a pesar de perder la titularidad de la propiedad. Con
la propuesta llamada "dación de pago" una vez la entidad financiera
se hace con la propiedad, el deudor queda absuelto de deuda alguna, aunque la
PAH haya intentado ir más allá, aportando propuestas de soluciones sociales que
podían haber sido impugnadas parcialmente de haberse aceptado la ILP.
De todas formas, la
derecha española que representa el PP le ha cortado la lengua a esas 750.000
personas firmantes y a quienes podamos adherirnos a la ILP. Todo cubierto por
la legislación que nos cuenta cómo es la democracia española y su Constitución.
Por lo que no me queda
más que valerme de aquel dicho canario, que dice lo de "guárdeme un
cachorro, pero que sea macho y capado..." a lo que yo añado "y que no
venga más al sur de Gibraltar".
* Miembro de Alternativa Nacionalista Canaria
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publicados en El Guanche y en El Canario