Sanidad pública: decir la verdad

Carlos García *

Es momento de decir las cosas claramente, sin rodeos, sin divagaciones, por su nombre y con la verdad por delante. Los ciudadanos estamos muy cansados de tantas mentiras, de tanto engaño, de maquillajes y doble lenguaje, de tanta palabrería. Nuestros dirigentes políticos son muy valientes en decir la verdad de lo que les interesa partidista y personalmente: que si la prima de riesgo, la deuda, los intereses, los rescates, las financiaciones... En eso son muy valientes y justifican con sus argumentos los recortes, las bajadas de sueldos, los despidos laborales, las pérdidas de derechos sociales: "No nos queda otra... Es culpa de la crisis".

Y mientras, engañan negando las evidencias. Niegan que se recorte la sanidad, de que se cierren quirófanos, de que lucharán para que los ciudadanos no pierdan educación, ni ayudas sociales ni vean mermada su salud. Pero es momento de decir la verdad.

Los ciudadanos tienen que saber que, en lo referente a la sanidad pública, todo ha cambiado. Lo logrado tras décadas de esfuerzos colectivos ha desaparecido. La "joya de la corona", que era el sistema sanitario público, tan ponderado internacionalmente, ha dejado de existir. La universalidad, gratuidad y equidad en nuestra salud ha muerto.

Y, por tanto, decir la verdad es hacer saber que, o se tiene dinero para costear nuestra salud o los pacientes apuntados en listas de espera no serán operados como corresponde sino que se eternizarán en esas listas que no se mueven, que no son operativas, con grave riesgo de la propia vida. Decir la verdad es recordar que las pruebas diagnósticas solicitadas, igual que las citas de consultas, tardarán años en realizarse, con grave riesgo de empeoramiento de las patologías y de la propia salud. Mentir es negar el grave retroceso en la calidad asistencial, es decir que aunque se cierren quirófanos y plantas hospitalarias no se verá afectado el servicio recibido. Mentir es negar un deterioro en la solución de nuestros problemas de salud si se despiden o dejan de contratar a miles de médicos, enfermeras, auxiliares y demás trabajadores sanitarios.

Decir verdad es decir que en Canarias existe un grave deterioro sanitario, casi el peor de todo el Estado, siendo la nuestra, una sociedad más enferma que la media general, sin adecuadas políticas de prevención y promoción de la salud, con las peores listas de espera de las comunidades autónomas, con un mayor índice de privatización de la sanidad.

Y la responsabilidad parece no asumirse. Canarias culpa a Madrid: los presupuestos de Rajoy y del PP nos obligan a recortar. Y Madrid culpa a Bruselas, a los mercados, al FMI y al BCE... Todo cierto, de acuerdo... Son vueltas de tuerca que recibimos. Pero, Canarias es responsable, también, de otra nueva vuelta de tuerca con todo lo anterior. Y es el Gobierno Autónomo quién debe asumirla y no mirar siempre hacia fuera. Son cómplices de lo que ocurre.

Las transferencias sanitarias y en educación o dependencia son responsabilidad de Canarias y, desde que se produjeron, muchos observamos empeoramientos en estos servicios sociales básicos, constitucionales, legales y humanitarios que no se respetan y se vulneran.

Porque la salud de un pueblo es responsabilidad del estado y no debiera dejarse en mano de entidades mercantilistas que negocian con la enfermedad como pueden ser los seguros privados. Por ello me niego a que la salud se traslade a unas entidades con ánimo de lucro que van a enriquecerse a costa de nuestra enfermedad.

Hay que decir, como verdad, que lo que se pretende es que cada uno se pague su propia salud. Si tiene dinero podrá usted operarse en alguna clínica privada o si dispone de un seguro se realizará sus mamografías, que por cierto quiere rebajar de la cartera de servicios la ministra del ramo, o sus resonancias o análisis. De lo contrario, existirán dos opciones: si trabaja, podrá ser tratado, con re-pago o co-pago incluido, en el sistema sanitario público y con sus males anteriormente expuestos; y si no trabaja, pasará a formar parte de un seudo sistema de beneficencia como existía hace cuarenta años; y si es un emigrante sin papeles... Dios sabe.

El impacto social que el Decreto de abril pasado dictado por el Gobierno del PP referente al sector público, ha finiquitado nuestro Sistema Nacional de Salud. Nada volverá a ser igual. Y hay que decirlo.

Porque para que la privatización sanitaria tenga lugar, y es lo que pretenden, hay que romper y debilitar el sistema público. Por ello tantos recortes, tanta rebaja en las prestaciones, tanto co-pago, tanto desmantelamiento. Se renuncia a la atención universal y se excluyen a sectores de población ignorando que debe ser un derecho ciudadano independiente de la condición social. Se renuncia a la eficiencia, la calidad y la equidad y se potencia la medicina para ricos, para los que puedan pagársela, como una mercancía, como un artículo de lujo.

Y detrás, el discurso cansino y falaz de la falta de dinero, de recursos, por haber vivido por encima de nuestras posibilidades, por haber abusado del sistema a pesar de que ningún dato lo sostiene. Uno de los sistemas sanitarios más financiados del mundo es el de Estados Unidos con casi un 17% del PIB del país, y es el más ineficiente entre la población. Aquí no llegamos al 7% de financiación; de los menores de la Unión Europea.

Mienten cuando insisten en que existe un despilfarro y que por ello hay que recortar. Si existe despilfarro habrá que corregirlo pero nunca recortar y hacerlo desaparecer. Porque la sanidad pública, en el entorno sociopolítico en el que nos movemos, tiene pocos recursos y son otros intereses los que predominan para hacerla desaparecer.

En Canarias se han recortado los sueldos a los trabajadores sanitarios, han desaparecido pagas extras, se ha aumentado la jornada laboral, se han anulado convenios colectivos y desaparecidos beneficios sociales y laborales con años de implantación. Todo porque no hay dinero....

Pero vuelven a mentir, no dicen la verdad nuestros responsables políticos y dirigentes sanitarios. Porque se siguen pagando dobles sueldos completos a profesores vinculados a tareas asistenciales en los hospitales; porque a pesar de la normativa dictada por el propio Gobierno de Canarias en cuanto a evitar duplicidades en los servicios médicos, se dictan decretos nombrando, a dedo, nuevos jefes de servicios, de sección, con duplicación de los existentes; se siguen manteniendo figuras directivas no asistenciales, sin ninguna labor de servicio ciudadano, en guardias a distancia telefónicas por la que se abonan suculentas cantidades; se pagan incentivos a los directores y gerentes por su condición de especial dedicación... ¡Una vergüenza¡

Entonces... ¿Hay o no dinero? ¿Por qué para algunos no existe la crisis?

En Canarias tenemos 340.000 personas en paro, con un 51% de paro juvenil, con más de la mitad de los trabajadores activos con contratos temporales, con grandes niveles de fraude fiscal, con una sociedad enferma de muchas cosas, con 700.000 pobres según Cáritas, un 38% de niños, con importante desnutrición entre ellos, con graves carencias sociales en los dependientes.

Ahora salta la noticia de que se gastan dos millones de euros en telefonía móvil por parte de los distintos estamentos políticos y públicos de nuestra administración. Y se sigue financiando una televisión autonómica y una policía. ¿Dónde están las prioridades sociales? Y se siguen contratando asesores políticos entre los actuales responsables políticos. Y no lo entiendo, porque yo voto democráticamente a unas personas que se presentan a un cargo político y no a decenas de asesores y puestos funcionales de libre elección que parasitan la cosa pública y para los que no deben existir presupuesto económico; estos deberían financiarlos los propios gobernantes que los designan. Y si se precisan asesores deben buscarse entre los técnicos y especialistas de la función pública existente, que los hay y muy buenos.

La sanidad está inmersa en todo este confuso y abusivo estado de cosas y así le va. Porque está en manos de mediocres gestores, de arribistas políticos que se perpetúan en el cargo directivo, que interpretan la dirección sanitaria de las instituciones públicas como cotos personales, como áreas de poder creyéndose dueños y señores de los servicios públicos que dirigen, aplicando políticas oscurantistas y dictatoriales en su gestión. Por eso Intersindical Canaria viene solicitando, desde hace tiempo, una dimisión de estos gerentes y directores, apoyando una profesionalización de los cargos, ajenos a los grupos políticos en el poder. En ocasiones son, a pesar de ser del mismo gremio laboral, los peores enemigos de los trabajadores, de los ciudadanos y del propio sistema sanitario. Son verdaderos supervivientes en este mundo corrupto que pivota en torno a la salud con afanes personalistas, con sueldos desmesurados, a veces incluso con tintes ilegales, ligados a empresas privadas sanitarias que no tienen reparo en dirigir instituciones públicas dedicándose a lucrarse en centros privados.

En nuestros hospitales se mantienen quirófanos cerrados, no funcionan unidades como la cirugía ambulatoria, se cierran plantas y camas hospitalarias, se privatizan servicios, se dejan en paro a miles de trabajadores que dejan de realizar tareas asistenciales que precisan los pacientes, se siguen detrayendo presupuestos asignados a los capítulos de personal, se mantienen las millonarias deudas a los proveedores y farmacias.

En Canarias se han recortado en sanidad más de 460 millones de euros en los últimos tres años. En el HUC, a los 11 millones de recorte en el pasado mes de agosto de 2012, acaban de volver a recortar 2,5 millones más en el mes de septiembre, lo que dará como resultado el paro de 300 trabajadores, médicos, enfermeras, auxiliares, etc., el próximo 30 de noviembre, que traerá mayor precariedad en la calidad y en las prestaciones a los usuarios. Esto es decir la verdad. Lo demás mentir. Datos fríos y objetivos.

Y seguirán aumentando las listas de espera, esas listas que ocultan y no quieren notificar por lo escandalosas que son. Y se ha disminuido la actividad asistencial aunque lo nieguen, a pesar de obligarnos a realizar ampliaciones de jornadas porque que no crean los ciudadanos que con ello se aumenta la prestación y mayor productividad con mejoras en los servicios sanitarios porque no es así; es solo una manera de reducir costes y de abaratar la sanidad, de cubrir los despidos con el personal restante. Son improvisaciones que no tienen efecto en la mejora de lo recibido.

Las caóticas situaciones en los servicios de urgencias y en la atención especializada demuestran un fracaso de la atención primaria tan olvidada por nuestros políticos. Los problemas en la salud mental y drogodependencias empeora la situación. La deficiente atención socio sanitaria sobrecarga nuestros hospitales convirtiéndolos en geriátricos por no disponer de hospitales de menor nivel y de centros hospitalarios para esas patologías. ¡Otra gran mentira de nuestros políticos: los hospitales del norte y sur de Tenerife! Cuantas décadas engañando al pueblo con su apertura, sus inauguraciones, sus retrasos, sus carteras de servicios...

De igual modo que desde el Gobierno de Canarias se invita a la población a manifestarse públicamente en contra de los recortes recibidos desde Madrid, o de la reducción a la ayuda del transporte, manifestaciones que apoyamos muchos, también debemos pedir a nuestro pueblo que se manifieste contra esta política que nos aplican nuestros gobernantes locales. Hay que insistir en las denuncias, incluso ante los Juzgados, por una vulneración de unos servicios que nos hemos merecido a través del pago de nuestros impuestos, de nuestras cotizaciones. Hemos cumplido con nuestro abono económico durante años, durante nuestra vida laboral ante el Estado y la Comunidad Autónoma y ahora, en el momento en que precisamos recibir lo pactado por nuestro pago, se nos niega. Parece algo fraudulento. Hemos pagado y ahora nos niegan lo que nos deben y tenemos derecho.

Por todo ello no hay que callarse. Basta ya de seguir humillando la cabeza. Tenemos que sacudirnos de esa "cultura" que nos han venido imponiendo año tras año de que todo es inevitable, de que no existe otra salida, de que hay que aceptar, nosotros, los ciudadanos, lo que ellos imponen pero que no se aplican a si mismos.

Se pueden y se deben reformar administraciones en este estado en el que vivimos: centrales, autonómicas y locales. Nuestro modelo político precisa de una reforma inmediata y profunda porque es el responsable de los dos tercios del gasto público. Nuestra crisis poco tiene que ver con los salarios de los trabajadores ya que un 60% de estos ganan menos de 1.000 euros. Y nuestras pensiones no son nada elevadas, con una media de 750 euros. La razón de nuestra crisis es el modelo de estado, secuestrado por los políticos y sus partidos en franca conexión con los grupos financieros y económicos, verdaderos mandamases de nuestras vidas. Ya no nos gobiernan los políticos que elegimos... Las ayudas económicas no van al pueblo sino a los grupos financieros y a los bancos, por otra parte tremendamente politizados culpables directos de la situación actual.

No podemos soportar más recortes, más impuestos, menos servicios sociales. Sobran políticos, prebendas y beneficios a los de siempre, sobran presiones externas económicas. Se debe volver a una democracia, al poder del pueblo. No queremos ni permitamos tanta corrupción y despilfarro en nuestra sociedad. Necesitamos más transparencia y menos injusticias sociales. Nuestra clase media ha ido desapareciendo y se produce una bipolaridad entre los ricos, cada vez más, y los pobres. Este sistema es ineficiente. Habrá que cambiarlo.

Pero mientras, hay que decir la verdad, con la voz alta y sin miedo a hacerlo. Nos va la vida y la salud, nunca mejor dicho, en ello.

* Médico. Intersindical Canaria