Crisis y desigualdad: tu opinión cuenta
Carlos
Alonso *
No cabe duda de que la
crisis económica actual, más allá de provocar cambios económicos y financieros
enormes, está modificando la estructura de distribución de la renta, con un
empobrecimiento significativo de la clase media española y canaria. La crisis
no es sólo una crisis financiera y de modelo de producción sino, sobre todo,
está siendo, por su duración y profundidad, una crisis en la estructura de la
renta afectando a la estructura social. Recientemente El País y el diario
digital El Confidencial, ideológicamente contrarios, publicaban sendos
artículos en este sentido en los que reflejaban la enorme pérdida de riqueza de
las familias españolas donde el 20% de la población que más ingresa obtiene 7,5
veces más renta que el 20% que menos ingresa (la media de la UE es de 5,7 según
Eurostat).
Hoy producimos
globalmente el mismo valor de bienes y servicios que hace cinco años antes de
la crisis. Sin embargo se ha producido un importante cambio en la distribución
de la renta que genera esa producción. Las principales evidencias de ese cambio
profundo son el incremento del número de personas en desempleo con la
consecuente pérdida de rentas salariales, el aumento significativo del peso de
los costes financieros y por tanto la atribución de rentas en favor de las
entidades financieras, nacionales y, sobre todo, extranjeras, sin olvidar, la
evidente reducción de los gastos en las políticas del Estado del bienestar,
perdiendo peso, por ejemplo, el gasto en sanidad, educación y servicios
sociales en favor de los intereses de la deuda.
Este último punto es
preocupante porque a través de las políticas de ajuste se está produciendo una
reducción de los recursos dirigidos a los servicios y bienes públicos que más
allá de las subvenciones, son los que realmente pueden compensar las
desigualdades. Una muestra de esta tendencia lo tenemos claramente en los
Presupuestos Generales del Estado para 2013 que, según un estudio realizado por
la Fundación FEDEA, carga el ajuste comprometido con la UE exclusivamente sobre
las comunidades autónomas (de hecho el presupuesto del Estado y de la Seguridad
Social aumenta en más de 6.600 millones de ?). Hay que recordar que sobre las
Comunidades Autónomas recae la responsabilidad del mantenimiento de los servicios
públicos esenciales del Estado del bienestar.
Hilo todo esto con la
responsabilidad de la política en buscar soluciones y no sólo culpables. Nos
hemos ocupado en recetar medidas de ajuste a este enfermo que por el camino se
nos está desangrando sin tener en cuenta que el diseño de las políticas
fiscales y de gasto público debería tener en cuenta estos cambios tan
drásticos. Con razón la clase política es percibida por el ciudadano como una
casta que pierde día a día credibilidad, de manera más forzada durante esta
profunda crisis que como consecuencia de otros factores que han minado en los
últimos años la imagen en la opinión pública española: corrupción,
corporativismo, cainismo o partitocracia
comparten ahora escena con una crisis a la que los dos grandes partidos
responden con recetas similares sin atender, casi, al problema que avanza con
creciente peso, la disolución de la clase media.
Nos toca a todos
proponer medidas que se centren en este problema principal. Del lado del
ingreso, modificando el esquema de la política fiscal española para
redistribuir adecuadamente el esfuerzo fiscal, reduciendo el peso de la
contribución de las rentas salariales, aumentando el esfuerzo de las rentas que
más crecen en este periodo de crisis y entablando una verdadera cruzada contra
el fraude fiscal. Del lado del gasto, protegiendo la financiación de los
servicios esenciales, sanidad, educación y servicios sociales como partidas
orientadas a mantener una menor desigualdad. Justo lo contrario de lo que se ha
hecho en este último año. Impulsando las partidas destinadas al desarrollo del
empleo, potenciando económicamente aquellos sectores que tienen capacidad de
crecimiento y de reducción de nuestra factura exterior, potenciando así la
apropiación de la renta generada con nuestra producción en favor de los
factores de producción residentes. Justo lo contrario de lo que se ha hecho en
este último año y en particular en el caso de Canarias, con el tratamiento al
sector turístico y al de las energías renovables por parte del gobierno del PP.
El PP presentó el
pasado mes de septiembre una moción al Pleno del Cabildo de Tenerife
solicitando la adhesión del Cabildo al artículo 2 de la Constitución española,
que consagra la unidad de la nación española. Contestamos desde los grupos del
PSOE y de CC con un texto alternativo, que fue aprobado por unanimidad, en
donde poníamos en primer lugar de las prioridades la protección de los
principios instruidos por la Constitución respecto a nuestro Estado del
Bienestar: empleo, sanidad, educación, vivienda como derechos consagrados en
los capítulos 2 y 3 del Título II de la Carta Magna.
Creo que eso es lo que
nos debe preocupar y ocupar más que la unidad del Estado y me parece que el
Pleno del Cabildo puede ser una ventana adecuada para lanzar propuestas para
esa necesaria política de rentas que falta en el debate actual. Acercándonos a
todos para recibir nuevas ideas. Me comprometo a dinamizar ese debate, en los
medios tradicionales y en las redes sociales, al menos aunque sea sólo para
armarnos de esperanza y de razones ante la exuberancia irracional del ajuste.
* Vicepresidente del Cabildo de Tenerife
Publicado en el periódico El Día, 15-10-2012