Un coste insostenible
Ramón Moreno Castilla
La infame e ignominiosa situación colonial de Canarias, pese a lo
que se diga en contra, no admite dudas. Basta ver que capacidad de decisión
tenemos los canarios sobre los temas que nos afectan y constatar, una vez más,
que todo lo importante se decide en Madrid y/o Bruselas, con todo lo que ello
implica de indefensión político-jurídica de este pueblo. Es el precio que los
canarios estamos pagando por ser "comunidad autónoma española" y
"región ultraperiférica" europea. En otras palabras, el gravoso
coste de la españolidad y el denigrante peaje de la europeidad.
Por el contrario, siempre se nos ha inculcado, en un canallesco
lavado de cerebro, que los canarios tenemos un enorme coste con esto de la
insularidad: un territorio fragmentado, a
¡Puras falacias! Pero el ignorantado pueblo canario -como dice el
compatriota Víctor Ramírez-, no solo se lo ha creído sino que, además, está
de acuerdo. Pero nada más lejos de la realidad. Si algún coste real tiene
Canarias, ese es, como ya he dicho, el coste de la españolidad; o si se
prefiere el coste de la "peninsularidad", por emplear el mismo
eufemismo utilizado desde siglos para evitar que desde las colonias se dijera y
se diga España.
Los problemas son los lógicos derivados de la insularidad, dada
nuestra condición de Archipiélago: conjunto de Islas y, en consecuencia,
territorio discontinuo que España ha ido separando cada vez más, impidiendo
nuestra cohesión territorial y fomentando el pleito insular, en una clara y
deleznable política de "divide y vencerás".
No debemos perder la memoria histórica. Recuérdese que, en el
plano político, y en la construcción artificiosa del Estado español de las
autonomías -en la etapa de UCD- se nos metió de cabeza por el artículo 143 de
la Constitución española de 1978, ante el temor al resultado del referéndum
que implicaba la vía del artículo 151 por el que accedieron los llamados
territorios históricos y la misma Andalucía.
En la plena integración de España en la CEE, el Gobierno del
PSOE, con el beneplácito de sus correligionarios en las Islas y del lobby agrícola,
se nos obligó a abandonar el Protocolo II -que mal que bien contemplaba
nuestras especificidades- para forzar nuestra entra en Europa, con el
"resto del Estado". Y después de aquellas lluvias vinieron estos
lodos.
Previamente se había diseñado una política europea para los
territorios insulares extracomunitarios con "innegable vocación europeísta",
plasmada en la Resolución 110 de 1979, donde es patente la argumentación del
criterio de "soberanía política", en detrimento del principio
emergente de "localización geográfica", consagrado en el Derecho
Internacional contemporáneo.
De esta forma, somos considerados territorio RUP de la Unión
Europea, junto a los Territorios DUM franceses (Guadalupe, Guayana Francesa,
Martinica y Reunión) y Azores y Madeira; cuyo caramelo envenenado, los fondos
comunitarios, nos han convertido en una pedigüeña y dependiente economía
subvencionada, en un mercado cautivo consumidor de excedentes comunitarios, y en
el balneario geriátrico de Europa, entre otras rémoras.
Ello ha implicado graves problemas de dependencia exterior, como no
tener soberanía alimentaría, y que Canarias tenga menos ventajas que los países
ACP a la hora de exportar nuestros plátanos y tomates, mientras países
terceros, como el Reino de Marruecos, envía sus producciones agrícolas sin
ningún problema, a cambio -y eso no se dice- de que Francia le coloque sus
excedentes de cereales.
¿Es Marruecos, como se dice insistentemente para desviar la atención,
el culpable de que Canarias, supuesto territorio europeo, tenga problemas con la
PAC? ¿O la verdadera culpable es España, que nos engañó miserablemente diciéndonos
que una vez dentro del Mercado Común de la época ya no tendríamos más
problemas de cupos, contingentes ni precios de referencia? Pero lo fácil es
echarle las culpas al país vecino[1].
¡¡Todo esto y más, constituye el oneroso coste de la españolidad!!