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en defensa del Derecho a Decidir que nos asiste a la ciudadanía, el 23-N, con o
sin permiso de Madrid, diremos NO. Y antes, el 18 de octubre, a las 18.00 horas
volveremos a ocupar las calles del archipiélago. Aquí vivimos, aquí
decidimos. ]
Nos tienen acostumbrados nuestros representantes políticos a múltiples
promesas electorales, que luego incumplen, así como a no permitirnos participar
más allá de depositar un voto que los apoye cada cuatro años.
El derecho a decidir es un derecho democrático reclamado de manera
creciente por la ciudadanía, a la par que reprimido desde posiciones
autoritarias y recentralizadoras del gobierno estatal del PP. La derecha
recalcitrante no ha abandonado los viejos 'tics' del Franquismo y considera que
lo recorrido en el Estado de las Autonomías tiene que revisarse bajo los
criterios recentralizadores del "una, grande y libre".
Nuestro modelo económico, que debiera ser debatido socialmente,
nuestro Fuero, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, está más al
servicio de las minorías empresariales que de los intereses generales. Algunas
de sus figuras, como la Reserva de Inversiones Canarias, ha devenido en un
continuado fraude de ley sin que parezca que haya responsables que lo impidan y
persigan. Y tanto el Gobierno de Canarias como el empresariado están
configurando la nueva modificación del REF, a espaldas de la sociedad canaria.
Nuestro modelo medioambiental, con Gobiernos sucesivos de
CC-PP-PSOE, ha traído consigo en las últimas décadas un progresivo deterioro
de gran parte de nuestro territorio y, en especial, de nuestras costas, ocupando
algunas de nuestras tierras más fértiles con cemento y piche. Desastres como
los Puertos de Arinaga y Granadilla, proyectos como el de Tindaya, cierre del
anillo insular por el norte de Tenerife, Mamotreto de Las Teresitas y adjunto
pelotazo urbanístico y otras actuaciones son el claro ejemplo de desarrollo
insostenible potenciado desde el tándem político-empresarial que nos gobierna.
Por tanto, D. Paulino Rivero y D. José Miguel Pérez, que
defienden esta consulta sobre las prospecciones petrolíferas en aguas próximas
a Canarias y, por supuesto, D. José Manuel Soria, que actúa como un probo
empleado de REPSOL, no son ni aliados ni defensores de la mayoría social de
estas islas. Los intereses espúreos que les llevan a enfrentarse son ajenos y
contrarios a nuestros intereses.
Está claro que el Gobierno Canario tiene el derecho y el deber de
velar por los intereses de la población canaria y, entre ellos está también
la defensa del medioambiente, factor determinante para el mantenimiento de
nuestra primera industria, el turismo. Y las prospecciones y posible explotación
de petróleo y/o gas en aguas próximas a Canarias no sólo son un peligro
potencial sino también real para nuestro hábitat y nuestra economía.
Entre nuestras señas de fragilidad, cabe reseñar: En torno a
2.100.000 habitantes que vivimos sobre 7.447 km² y una densidad de 284,46
hab/km² y a los que se añade cada mes un millón más de visitantes. Una
sociedad con el 32.7% de población en paro y más de 800.000 personas bajo el
umbral de la pobreza. Unas islas, cuya agua potable, en gran parte procede de
plantas desaladoras. Un sector primario agonizante. Una boyante industria turística,
cuyos beneficios aumentan para el empresariado a la par que disminuyen las
condiciones de vida y trabajo para la población empleada en dicho sector. Jamás
unos pocos habían ganado tanto a costa de los trabajadores y trabajadoras, que
nunca habían perdido tanto y en tan poco tiempo.
El Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, tras
mantener un encuentro con representantes institucionales, partidos políticos y
colectivos ciudadanos, ha anunciado la pregunta que se pretende formular el 23
de noviembre a la ciudadanía en una consulta sobre las prospecciones petrolíferas
y, en este sentido, apuntó que esa cuestión consistirá en conocer la opinión
de los canarios respecto a: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su
modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".
El Presidente Rivero, acuciado por otros motivos y no precisamente
porque se haya convertido al ecologismo, ha lanzado este envite al Gobierno del
PP, que intentará buscar todos los subterfugios posibles para impedir la
consulta. Si el Constitucional tardó unas horas en pronunciarse sobre la
consulta catalana es probable que ahora la consigna sea la contraria, la de la
dilación. Y ahí es donde D Paulino tendrá que demostrarnos hasta dónde está
dispuesto a llegar. Si tenemos la legislación favorable (Ley de Participación
Ciudadana, votada por cierto en el Parlamento Canario por CC y el PP del Sr.
Soria en 2010 y enmendada por el PSOE, que manifestó su desacuerdo con que
apareciera el término 'referéndum') y la consulta se desarrolla dentro del
marco competencial canario, cumple los requisitos legales y por tanto no hay
excusa que valga para retrasarla o no celebrarla.
Que no se pretenda con esta pregunta matar dos pájaros de un tiro:
que la población canaria se pronuncie y que, a la par, apoye los desmanes en
materia de modelo económico y medioambiental impuesto en Canarias. No vamos a
admitir gato por liebre.
Vamos a decir claramente No a las prospecciones que dañan nuestro
medioambiente y, por consiguiente, al turismo, nuestra mayor fuente de trabajo;
pero ese NO se hace extensivo a todos los desmanes y atropellos medioambientales
cometidos por los respectivos gobiernos canarios, donde siempre ha estado
Coalición Canaria, y ese NO va dirigido también a una patronal del turismo que
subyuga a las personas que trabajan en el sector con salarios de miseria,
contratos en precario y condiciones laborales decimonónicas, apoyados por la
reforma laboral del PP.
Por tanto, en defensa del Derecho a Decidir que nos asiste a la
ciudadanía, el 23-N, con o sin permiso de Madrid, diremos NO. Y antes, el 18 de
octubre, a las 18.00 horas volveremos a ocupar las calles del archipiélago. Aquí
vivimos, aquí decidimos.
* Coordinador General de Intersindical Canaria