¡Rehabilitación
inmediata de Cho Vito!
El
derribo del poblado marinero de Cho Vito, amparado por las fuerzas de ocupación
colonial, concretamente las instituciones armadas Guardia Civil y Policía
Nacional española, en el municipio tinerfeño de Candelaria, que había sido
solicitado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Movimiento UPC, no se ajusta
ni siquiera al derecho interno español, al vulnerar el Artículo 33 de la
Constitución Española (CE), concretamente en sus apartados 1, que reconoce el
derecho a la propiedad privada y a la herencia y 3, que textualmente dice
“Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada
de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización
y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”, pero además hay que tener
en cuenta que España se anexionó y colonizó Canarias mediante una vil agresión
armada y en consecuencia ocupa este territorio ilegalmente, por lo que no es de
aplicación la Ley de Costas española ni ninguna otra legislación emanada de
ese Estado.
¿Cuál
es la utilidad pública y el interés social de este atropello a los habitantes
del poblado marinero? Absolutamente ninguna, muy al contrario, el Litoral
Canario ha sido masacrado sistemáticamente en detrimento de la utilidad pública
y el interés social al haber sido puesto a disposición de los especuladores y
el interés de las constructoras y las multinacionales del sector turístico
para su lucro, así como el del Estado al que declaran sus impuestos, España,
lo que ha provocado un deterioro prácticamente irreversible de nuestro
territorio costero y terrestre, que se manifiesta en los síntomas enfermizos
que aquejan al mismo: innumerables especies en peligro de extinción o, lo que
es peor, extinguidas, desertización del territorio, escasas o nulas
precipitaciones, degradación del paisaje y cambio climático.
Insistimos
¿Dónde reside entonces la utilidad pública y social? No podemos confundir el
interés publico, el interés de la comunidad, con el interés de los
especuladores que siempre son los mismos, igual que son siempre los mismos los
que hacen los negocios.
El
pueblo canario, obviamente, siempre ha estado unido en estrecha simbiosis con el
océano, al vivir en Islas, rodeadas de mar por todas partes, y decimos
simbiosis porque históricamente ha sabido hacer un uso sostenible del medio
marino, al que jamás ha provocado la mínima contaminación ni destrucción de
ningún tipo, muy al contrario, la contaminación ha venido de la construcción
irresponsable, sin estudio de impacto ambiental, del vertido incontrolado de
petroleros y otros barcos de cabotaje, cuyos residuos aparecen sistemáticamente
en nuestras costas, en forma de piche, sobre todo en las playas, al no disponer
del control de nuestras aguas jurisdiccionales y estar las mismas o bajo
jurisdicción del reino de Marruecos o ser consideradas internacionales, a
excepción de las doce millas alrededor de cada isla, bajo jurisdicción del
reino de España.
La
destrucción del poblado marinero de Cho Vito es una agresión a todos los
canarios y canarias, pues lo que subyace detrás de la misma no es otra cosa que
una agresión a una forma de vida elegida por una parte importante de nuestro
pueblo que tradicionalmente ha elegido vivir en zonas costeras, lo que le
permite hacer un uso sostenible de ambos ecosistemas, el terrestre y el marino,
además de utilizarlo como una zona lúdica y de ocio al que también tiene
derecho.
Parodiando
la frase del pastor protestante Martin Niemoeller (1892-84), atribuida por error
a Brecht: “primero vinieron a desalojar a los de Cho Vito y yo no hablé
porque no era de Cho Vito. Después vinieron a por los de La Bombilla y Ojos de
Garza y yo no hablé porque no era ni de una ni de otra. Después vinieron a por
los del Pozo de las Calcosas y yo no hablé porque no era de Las Calcosas. Después
vinieron por mí y en ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por
mi” ¿Oíste, pariente?
La
Ley de Costas española pretende acabar con la idiosincracia de los canarios y
canarias que viven en las zonas costeras, como un mazazo más a nuestra
identidad y nuestra cultura y todo ello, insistimos, con una legislación que no
es aplicable a Canarias, en tanto que colonia sometida por la fuerza de las
armas por el yugo colonial del reino de España.
Esta
amenaza afecta por lo menos a 38 núcleos costeros en toda Canarias y a más de
150.000 personas. La Ley de Costas del Estado forajido español, forajido porque
no acata la legislación internacional, pretende demoler los poblados marineros
tinerfeños de El Tablado, Santa Lucía, Cho Regino y Agache (Güimar, aunque
este último ya ha ganado dos sentencias en la Audiencia Nacional española),
Bajo La Cuesta (Candelaria, cerca de Cho Vito), Playa de Lima y Playa de la
Viuda (entre Candelaria y Arafo), La Sarnosa (Arico), Boca Cangrejo y Varadero
(El Rosario), Las Galletas (Arona), El Pris (Tacoronte), El Caletón (La
Matanza), Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero (Anyashw n Chinet, antes
Santa Cruz de Tenerife).
En
la isla de Benawaré (antes La Palma) destaca La Bombilla (entre Los Llanos de
Aridane y Tazacorte), El Remo (Los Llanos de Aridane), Playa de La Zamora, El
Faro y Punta Larga (Fuencaliente), Puerto Trigo, Puerto Paja y Martín Luis
(Puntallana), Las Maretas (Mazo) y Caleta de Palo (Breña Baja).
En
el poblado marinero asentado en Puntallana (Ipalán, antes San Sebastián), en
La Gomera, también pretende el gobierno colonialista de la obsoleta monarquía
medieval española aplicar su ilegítima Ley de Costas, aunque España no ha
sido capaz de exhibir a lo largo de su negra historia, que no leyenda negra, ni
un solo documento que avale el sometimiento de los insumisos gomeros, para honra
y orgullo de todos nosotros, auque consta la demolición en Ipalán de 34
viviendas que el colonialismo tendrá que indemnizar y rehabilitar, igualmente.
En
la isla de los bimbaches, Hero, el gobierno metropolitana pretende aplicar su
Ley de Costas en El Tamaduste y El Pozo de Las Calcosas, donde ya se ha
efectuado una demolición, concretamente en Arenas Blancas, pendiente también
de rehabilitar e indemnizar por el gobierno colonialista de España (ambos
poblados en Valverde) y Pozo de La Salud (Frontera).
En
Tamarán (antes Canaria y Gran Canaria) España pretende aplicar su
inquisitorial Ley de Costas en Boca Barranco (Gáldar), Tufia (Telde) y San
Felipe (Santa María de Guía), aunque ya se han efectuado demoliciones en Hoya
Pozuelo (Telde), San Bartolomé de Tirajana y el Barranco de Arguineguín.
En
Titerroygacat (antes Lanzarote) es el poblado marinero de El Golfo el que
pretende derribar la ilegítima Ley de Costas de España.
En
Maxorata (antes Fuerteventura) la citada ley española amenaza al Puertito de La
Cruz y Ajui (Pájara), Majanicho (La Oliva), Jacomar (Antigua), Los Molinos, que
ya ha sufrido algunas demoliciones y Puerto Lajas (municipio de Puerto de
Cabras).
La
único que tiene que hacer España con respecto a Canarias es retirarse a sus
fronteras y asumir la legislación internacional, específicamente las Resoluciones de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), suscritas por España, 1514 (XV) de 14 de Diciembre de 1960 sobre la concesión de la
Independencia a los países y pueblos colonizados
y la resolución 55/146 de 8 de Diciembre de 2000,
mediante la cual se declara el periodo 2001–2010 la Segunda Década
Internacional para la Erradicación del Colonialismo,
finalizada el 31 de diciembre de 2010.
Canarias 17 de Noviembre de 2012. Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario
Movimiento UPC
