CASTIGADOS
SIN “PISA”
Fernando Pellicer Melo*
Estos días nuestro maltrecho archipiélago ha recibido
la visita de una Comisión de expertos de la Organización
para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), a fin de realizar un diagnóstico de nuestra situación
educativa y, en consecuencia, proponer medidas para mejorar los negativos
resultados escolares que padecemos. Todo ello, a instancias del Gobierno de
Canarias y con un coste para las arcas públicas desconocido hasta la fecha. Los
expertos del organismo internacional responsable del prestigioso Informe PISA,
dentro de este “trabajo de campo” previo, han mantenido una ronda de contactos
y reuniones con diversos agentes sociales y educativos del archipiélago,
siguiendo una agenda previamente diseñada por la propia Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias.
Hasta
aquí y sin entrar a valorar la mayor o menor conveniencia de invertir dinero
público en nuevos diagnósticos sobre la situación y necesidades del Sistema
educativo canario, podríamos considerar como razonable lo acontecido. Podríamos
incluso llegar a pensar que, el Gobierno de Canarias, preso del desasosiego
ante los malos índices escolares, busca responsablemente -acudiendo a
organismos de reconocido prestigio- fórmulas que coadyuven a avanzar en tan
capital asunto. Podríamos incluso especular, en una alarde de ingenua
condescendencia y pese a conocer la escasa importancia que el Gobierno de
Canarias ha otorgado a la multitud de informes y diagnósticos previos
existentes, que nuestros presentes (y al parecer futuros) mandatarios
educativos están dispuestos a escuchar las recomendaciones de los expertos de la OCDE y apostar decididamente
por introducir mejoras que conduzcan a una elevación de nuestra situación
educativa. Podríamos incluso inferir, rozando ya la utópica ensoñación, que
nuestro Gobierno autonómico va a tener en consideración las propuestas de
mejora expresadas en la Iniciativa Legislativa Popular por una Ley
Canaria de Educación, presentada ante el Parlamento de Canarias con el aval de
más de 35.000 firmas y pendiente de debate en dicha institución. Y, finalmente,
como consecuencia de todo ello, podríamos concluir, plenos de dicha y gozo, que
el Gobierno de Canarias está dispuesto a abandonar su política de feroces
recortes presupuestarios en el ámbito educativo (más de 180 millones de euros
en dos años) para, desde el consenso y el diálogo con todos los sectores de la Comunidad Educativa,
situar la educación como un eje prioritario en su gestión de gobierno,
comenzando por incrementar paulatinamente la inversión hasta niveles
equiparables a los de los países de la
OCDE.
Sin
embargo, todas nuestras elucubraciones más esperanzadoras se disipan cuando,
estupefactos, observamos como en la ronda de contactos diseñada por los
mandamases de la
Consejería de Educación para la mencionada Comisión de
Expertos -y que incluyó una reunión con representantes de diferentes fuerzas
sindicales del sector educativo-, se excluye expresamente al STEC-Intersindical
Canaria. Ello, pese a ser la organización sindical más representativa del
ámbito educativo en Canarias y, por si fuera poco, también del estado español, a
través de la Confederación
de STEs-i.
Del
incrédulo asombro pasamos al rechazo más enérgico cuando, por fin, nos
enteramos -a través de la prensa- del motivo oficial de este inconcebible
“destierro”: el STEC-Intersindical Canaria no es invitado a la reunión por no
haber firmado el “Pacto por la Economía y el Empleo” que el Gobierno de Canarias
propuso el pasado mes de abril y al que sí se adhirieron la patronal
empresarial y las organizaciones sindicales participantes en el encuentro con
los expertos de la OCDE.
¡Acabáramos! Ciertamente, y esto
quizás es lo único comprensible en toda esta historia, el STEC-Intersindical se
negó a rubricar dicho Pacto por considerar que su contenido apunta hacia la
profundización de la actual política de recortes en los Servicios y el empleo
público. De todas formas, poco importa lo peregrino y absurdo de la excusa, la
realidad es que hubiera valido cualquier otra ante
la incontestable evidencia: el Gobierno de Canarias ha apañado una hoja de ruta para la Comisión de
Expertos de la OCDE
donde -aparte de visitar sólo unos pocos centros educativos estratégicamente
escogidos- se intenta por todos los medios evitar que entren en contacto con
representantes del STEC-IC -al igual que con otros sectores “críticos”- no
vayan a llevarse una “mala impresión” de nuestra situación educativa y de la
gestión del propio Gobierno autonómico al respecto.
Esta
increíble opereta, caso de ser aceptada -como parece acontecer- por la referida
Comisión de expertos, pondría en entredicho la independencia y objetividad de
su diagnóstico y por extensión, de las medidas de mejora que pudieran proponer.
Todo indica, más bien, que estamos ante una nueva “operación de maquillaje” del
Gobierno de Canarias y su Consejería de Educación que, a golpe de talonario,
pretenden encargar un informe “a medida” con el claro objeto de justificar su
negligente gestión y su política de desmantelamiento del Servicio Público
Educativo.
Los
expertos de la OCDE
(a los que no podemos dejar de imaginar custodiados por fornidos agentes de la Policía Autonómica
para evitar que se les acerque ningún “indeseable” del STEC-Intersindical
Canaria), tienen la oportunidad de salvaguardar la independencia y credibilidad
de su trabajo, rechazando de plano estas artimañas propias de repúblicas
bananeras y exigiendo al Gobierno de Canarias total libertad para reunirse con
quien consideren oportuno. Claro, siempre y cuando la apretada agenda de
“eventos culturales” con que el Gobierno de Canarias les obsequia para
complementar las reuniones de trabajo, se los permita. De momento y con pocas
esperanzas de que ello ocurra, Dña. Milagros castiga
nuestra crítica cabezonería dejándonos sin cena, o mejor dicho, en este caso,
sin “PISA”. Chascarrillo fácil para
una sombría realidad.
* Fernando Pellicer Melo es miembro del Secretariado
Nacional del STEC-Intersindical Canaria