Una casta política envilecida

 

Patético resulta ver a Don Rivero (era una costumbre medieval poner el Don al apellido) tratando de amordazar a la prensa de la colonia con lo tribunales del reino colonialista de España en la figura de Don José Rodríguez, director del rotativo “El Día”, lo que viene a confirmar una vez más que cuanto más débil es un gobierno más autoritario se vuelve.

 

El 24 de Septiembre de 2008 Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, componentes del parlamento títere de Madrid y nada de Canarias, se ponían de acuerdo unánimemente (sólo lo habían hecho hasta ese momento para subirse los sueldos) para condenar a un medio de comunicación cuyo “delito” consistió en afearles la conducta a sus señorías, que entran en la citada institución mediante una ley electoral diseñada a medida por ellos mismos o sus predecesores, que exige obtener un 30 por ciento de los votos (aunque sólo voten 3 electores) en cada isla o un insignificante 6 por ciento (al ser determinante el porcentaje insular) en toda la colonia para obtener representación parlamentaria.

 

El ensañamiento, tanto del colonialismo (corrió el rumor de que hasta el mismísimo jefe del reino medieval español le dijo a una representante de la “Colisión”: “tenemos que acabar con esos editoriales”) como de los lacayos (recuerden: empleados de librea) a su servicio, el ensañamiento, reiteramos, con un medio de comunicación, por cierto el más leído de Canarias, y, por extensión, a un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, reconocido por todos los regímenes democráticos y por las instituciones internacionales, no tiene parangón en un estado de derecho, lo que en definitiva viene a demostrar que el tal estado no existe en el reino de España.

 

A día de hoy (y hace cinco años de los hechos) aún no se ha producido una rectificación de tan deleznable acuerdo.

 

Según ha trascendido, pues sus señorías lo ocultaron mientras pudieron, los emolumentos percibidos por cada uno de ellos en concepto de dietas superan los veinte mil euros anuales, que además no tienen que declarar, según la ley elaborada por ellos mismos, que los ampara, superando sólo con las dietas el salario de un funcionario de tipo A.

 

No son, lamentablemente, las únicas pruebas del envilecimiento de la casta. Tenemos otro ejemplo reciente en el trágico accidente que tuvo lugar en el muelle de Tedote (antes Santa Cruz de La Palma) la víspera de la fiesta carnavalera de los Indianos y que le costó la vida a cinco tripulantes del crucero Thomson Majesty que visitaba la Isla. No sólo no se declaró ni un solo día de luto, ni se les rindió un pequeño homenaje, sino que tanto el Cabildo Insular como el Ayuntamiento no aplazaron ni suspendieron la fiesta y sacaron a la calle a miles y miles de personas en un ambiente festivo para vergüenza y oprobio de todos nosotros, y esto hay que tener el coraje de denunciarlo siquiera sea ante la opinión pública.

 

Lo mismo ocurrió con el último temporal que segó la vida de una jovencísima turista alemana que visitaba la Gomera. El consejero de presidencia, responsable de seguridad, se limitó a decir que habían distribuido las normas a tener en cuenta en estos casos, sin ni siquiera tener la consideración de que nuestros visitantes, afortunadamente para ellos, no tienen obligación, como nosotros, de hablar español.

 

No menos viles fueron las declaraciones del consejero de educación ufanándose de haber conseguido disminuir en tres puntos el abandono escolar temprano. Y esto es cierto, pues es la casta la única responsable de la agudización de la crisis crónica que padece Canarias desde la colonización española, lo que ha ocasionado el regreso a las aulas de algunos parados, aulas que habían abandonado por un penoso trabajo en la construcción, pero no parece razón suficiente para ufanarse de ello ¿O sí?

 

El Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario (Movimiento UPC) hace un llamamiento a todas las canarias y canarios para acabar con este insostenible envilecimiento y advierte recordando que son ilegítimas todas las administraciones coloniales, pues son consecuencia del vil (de ahí viene envilecimiento) e injusto sometimiento armado de nuestra Nación, viles imprescindibles para mantener el dominio colonial. El Movimiento UPC tampoco reconoce legitimidad a esas instituciones coloniales.

 

Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario

Movimiento UPC