Elecciones
caciquil-coloniales o colonial-caciquiles
El
colonialismo español, con la colaboración necesaria de la oligarquía canaria,
tiene convocadas elecciones a nuestras (las de ellos) instituciones para el próximo
veintidós (22, 22, 22,… que decía el dúo sacapuntas) de mayo
(ayuntamientos, cabildos y parla-miento).
Elecciones
debería implicar democracia, pero no. Se trata de una nueva versión de la
farsa, major del sainete electoral, porque se pretende engañar nuevamente a
nuestro pueblo creándole falsas expectativas, haciéndole creer que de alguna
manera puede decidir sobre su futuro e intereses. Nada más lejos de la
realidad.
Por una democracia sin
barreras
Los
topes electorales son antidemocráticos: la exigencia de obtener un 30 por
ciento de los votos válidos en cada isla para acceder al parlamento reduce a un
máximo de tres los partidos que pueden obtener representación, originando un régimen
corrupto como el actual, a lo que hay que añadir la antidemocrática ley
D’Hont, que favorece a los partidos mayoritarios, el injusto reparto de la
publicidad en las radios y televisiones públicas y ahora la prohibición de
votar a nuestros emigrantes aunque aquí voten los extranjeros.
A
este cúmulo de despropósitos hay que añadir la maraña administrativa de la
convocatoria, como el nombramiento de los representantes de las candidaturas en
cada isla, en la que tienen que tener obligatoriamente su domicilio,
nombramiento que luego tiene que comunicarse a las juntas electorales central
(en Madrid, como no), de Canarias (en el parlamento) y provinciales (S/C de
Tenerife y Las Palmas, estructura administrativa provincial que ni el
estatutillo de autonomía de Canarias no contempla.
Los
representantes de las candidaturas, que tienen que tener domicilio en la isla
que representan, repetimos, con el listado de candidatos bajo el brazo, tienen
que desplazarse a las capitales de provincia para presentar la candidatura, como
si no viviéramos en un Archipiélago, el mismo en que en cierta ocasión un
ministro de Franco convocó a uno de nuestros técnicos urgentemente al
ministerio a una reunión que tenía que celebrarse el mismo día de la
convocatoria, a lo que el convocado respondió que el único avión que salía
con destino a Madrid salía de Las Palmas y el se encontraba en Tenerife por lo
que le resultaba imposible volar ese día, a lo que el ministro contestó que
cogiera un taxi hasta Las Palmas, que lo pagaba el ministerio.
Si
el representante supera los obstáculos, las barreras como descaradamente las
llama la propia ley electoral de Canarias, ha de poner especial atención pues
en la instancia ha de constar el nombre de los candidatos y al lado su
domicilio, aunque vaya incluida la fotocopia del DNI que es el requisito de la
ley general electoral.
Esta
maraña administrativa no es la excepción sino la norma con la que a diario
tropiezan los ciudadanos en su batalla administrativa, que, por cierto, es fácil
de simplificar. El Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario (Movimiento UPC)
propone sencillamente una Junta Electoral en cada isla, porque esto es un
archipiélago y lo mismo hará con el resto de la administración, para que los
hasta ahora sufridos administrados puedan realizar sus gestiones en taxi, en
guagua, en coche particular o simplemente andando, pues entendemos que la
administración tiene que estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al
servicio de la administración, como ocurre ahora.
La
razón de todos estos despropósitos está reflejada en el siguiente chiste.
Cuentan de un señor moribundo que le transmitía a un hijo lo que era su última
voluntad en los siguientes términos: “hijo, si me muero en Villa Ariba, por
favor que me entierren en Villa Abajo, pero si me muero en Villa Abajo entonces
que me entierren en Villa Arriba”. “Y eso pa’ qué, padre”.
“Pa’joder, hijo, pa’joder”.
Sin
embargo, todas esas artimañas del colonialismo español y la oligarquía
canaria no son sino parte del problema. El problema es la falta de competencias
de un falso parlamento canario cautivo de la metrópoli española, cuya jefatura
ostenta desde hace 36 años el rey Juan Carlos I, tantos años como Franco, del
que heredó el antidemocrático régimen.
La
solución es la Descolonización e Independencia aplicando las resoluciones de
las Naciones Unidas, suscritas por
España, 1514
(XV) de 14 de Diciembre de 1960 sobre la concesión de la Independencia a los países
y pueblos colonizados y la resoluciónción
55/146 de 8 de Diciembre de 2000, mediante la cual se declara el periodo 2001–2010 la Segunda Década Internacional para la
Erradicación de la lacra del Colonialismo, finalizada el 31 de diciembre de 2010, constituyéndonos en una Nación
libre, la República Federal Canaria.
* Resolución
1514 (XV) de 14 de Diciembre de 1960
* Resoluciónción
55/146 de 8 de Diciembre de 2000