¡¡Bankiarrota!!
Ramón
Moreno Castilla
Nunca mejor dicho,
dada la extrema gravedad de la situación: "Después de aquellas lluvias
vienen estos lodos". Refrán que es perfectamente aplicable a la hecatombe
del sistema financiero español, en general, y del bancario, en particular; y
por extensión, aquí en la colonia, cuyas graves repercusiones están por llegar
todavía, pese a que ya nos hemos quedado sin instrumentos económico-financieros
propios (pese a la propaganda subliminal de Caja Siete) y a que nuestros
capitales son gestionados en España, fuera de nuestras fronteras. ¿Hay derecho
a esto? ¿Dónde están los culpables y a quiénes habrá que pedirles
responsabilidades?
Es evidente que España
está en clara "bankiarrota"; y así como en
Grecia será recordado el 12 de febrero de 2012 como la jornada de la Gran
Capitulación, en España se recordará el 9 de mayo y el viernes 11, día del
consejo de ministros del Gobierno español, como el segundo plan de ajuste y la
nacionalización del Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia. Para contextualizar ambos procesos, el griego y el
español, con sus peculiares características, y dado el paralelismo existente,
salvando todas las distancias, entre el rescate de Grecia y la debacle del
sistema bancario español, bueno será recordar los sucesos griegos, que podrían
ser los prolegómenos de lo que le puede pasar a España.
Ese día, el citado 12
de febrero, a cambio de la promesa de un segundo plan de rescate financiero, el
gobierno heleno aceptó las humillantes condiciones impuestas por el "clan
europeo de la triple A", liderado por Alemania: draconianos recortes del
gasto público, rebaja del salario mínimo, reducción de las pensiones, despido
de 150.000 funcionarios, subida de los impuestos y privatizaciones masivas. De
nada ha servido que los griegos lleven ya más de cuatro largos años de terapia
de choque y de sacrificio sociales durísimos, ni que hayan tenido que
someterse, el 10 de noviembre del año pasado, a un "golpe de Estado
financiero" mediante el cual Berlín impuso, sin ninguna consulta
democrática previa, al banquero Lukas Papademos
(exvicepresidente del Banco Central Europeo, BCE) como primer ministro de un
gobierno tripartito formado por social-demócratas, conservadores y extrema
derecha. Con el agravante de que el mapa político de Grecia tras las elecciones
generales del pasado domingo ha quedado absolutamente atomizado, donde la
fuerza ganadora de los comicios, la conservadora Nueva Democracia, tendrá que
pactar para gobernar, tal como ha propuesto su líder, Antonis
Samarás, y tal como está pidiendo la propia UE,
exigiendo la formación de un nuevo gobierno ya.
Pero a Atenas se le ha
exigido una afrenta aún mayor: se trata claramente de una enorme sesión de
soberanía, la mayor probablemente realizada por un país en tiempos de paz (EL
PAÍS, Madrid, 21 de febrero de 2012). De hecho, Grecia ha sido colocada bajo
tutela europea, y ahora dispone, en todo lo concerniente a su presupuesto y a
su economía, de un estatuto de soberanía limitada. Semejante advertencia se
veía venir, lo que constituiría, además, una seria advertencia a los otros
países en dificultades de la zona euro, entre ellos la misma España. Ya en
julio de 2011, Jean-Claude Juncker, primer ministro
de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo, que
supervisa y coordina las políticas y estrategias económicas de los Estados de
la eurozona, y que congrega una vez al mes a los ministros de Economía y
Finanzas de esos Estados, había avisado en una entrevista concedida a la
revista alemana Focus, el 4 de julio de 2011:
"La soberanía de Grecia será enormemente restringida". Y el 27 de
enero pasado, el prestigioso diario británico The Financial Times reveló un documento alemán que exigía el
envío a Atenas de un Comisario con derecho a veto para dirigir el presupuesto
público de la nación helena y bloquear cualquier gasto no autorizado por sus
acreedores. Un día antes, en una entrevista al diario alemán Der Spiegel, el jefe del grupo
parlamentario de la Unión Cristiano-Demócrata (CDU), Volker
Kauder, fue más lejos aún: reclamó el envío a Atenas
de "funcionarios alemanes que ayuden a construir una administración
financiera eficiente". Cosa que también solicitó el propio ministro alemán
de Economía, el liberal Philipp Rösler.
A tanto no se ha
llegado realmente, pero el acuerdo del 21 de febrero prevé "una presencia
permanente en Grecia de una misión de la Comisión Europea" para controlar
y vigilar sus cuentas, así como "una presencia reforzada de la troika
(Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional) para
supervisar permanentemente el pago de la deuda". Los fondos transferidos
en el marco del Plan de ajuste serán ingresados en una cuenta que solo la
troika gestionará, no el gobierno griego. Y que servirá únicamente para
reembolsar la deuda soberana, no para pagar los salarios de los funcionarios o
las pensiones de los jubilados, por ejemplo. Por tanto, los nuevos bonos del
Estado heleno no serán de derecho griego, sino de derecho británico. En caso de
conflicto entre Atenas y los acreedores privados, el litigio será dirimido en
Luxemburgo, no en Grecia. Y aunque no es una cuestión oficial, la República
helena ha dejado de ser un Estado soberano.
La Unión Europea ha
entrado, de forma encubierta, en una nueva etapa en la que los Estados fuertes
("el clan de la triple A" más Francia) exigen de los demás, y en
particular de los Estados de la periferia, un cambio de régimen. No se trata
estrictamente de un estatuto colonial, pero se asemeja bastante a un tipo de
administración que las grandes potencias establecieron durante la época
colonial: el protectorado. La diferencia con la colonia es que el "Estado
protegido" conserva formalmente sus instituciones pero cede a la
"potencia protectora" su política exterior y, sobre todo, su economía
y su comercio exterior. No debe sorprendernos, pues, que desde el comienzo en
2008 de la crisis financiera, hayamos asistido en el seno de la UE, y más
particularmente en la Eurozona, a una pérdida flagrante de soberanía de los
Estados más deprimidos (Irlanda, Grecia, Portugal, Italia y España). Como fase
preliminar del nuevo estatuto de "protectorado europeo" al que
desgraciadamente ha accedido Grecia. La canciller alemana Ángela Merkel acuñó en septiembre pasado el concepto de "marktkonforme demokratie"
(democracia en conformidad con el mercado), y lo definió de la manera
siguiente: "La elaboración del presupuesto del Estado es una prerrogativa
fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para que ese requisito
democrático esté en conformidad con el mercado" (declaraciones a la radio
pública alemana Deutschlandfunk, 1 de septiembre de
2011).
El mercado es ahora la
pauta, lo cual significa que ya no son los electores los que determinan las
decisiones legislativas, sino las Bolsas, los especuladores y los bancos (ver
Rafael Poch, "Un documento alemán pide un
comisario para Grecia", La Vanguardia, Barcelona, 28 de enero de 2012).
Esa nueva filosofía antidemocrática triunfa hoy en Europa, y se traduce en
normas, leyes y tratados que limitan los márgenes de maniobra de los gobiernos
y funciona como un "piloto automático" para domesticar a las
sociedades; y, a ese respecto, Grecia funciona como un modelo de lo que amenaza
a los demás países de la periferia. Y que el Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) va a establecer como norma legal en la Unión Europea a partir del
próximo mes de julio.
Concebido por Ángela Merkel y aprobado ya por el presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy, el MEDE es un nuevo mecanismo intergubernamental, una
especie de FMI europeo, que está siendo ratificado por los parlamentos de los
países europeos sin ningún debate público, pese a que sus características
podrían tener funestas consecuencias para los ciudadanos. El MEDE prevé la
concesión de ayudas financieras a países en dificultad, a condición de que
cedan soberanía, acepten colocarse bajo la tutela de una troika europea y
apliquen despiadados planes de ajuste.
El MEDE viene
articulado con el "Pacto fiscal" adoptado el pasado 30 de enero por
veinticinco de los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Este
tenebroso pacto, cuyo nombre verdadero es "Tratado sobre la Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y
Monetaria" es también una exigencia de Alemania, y obligará a los Estados
firmantes a incluir en sus respectivas Constituciones la llamada "regla de
oro", que impone mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5%
del PIB. Con la particularidad de que los países que no incluyan en sus Cartas
Magnas ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia
de la UE por cualquiera de los otros Estados miembros.
Que se prepare España
con la que le viene encima. Según un "gurú" de la economía, España
necesitará ser rescatada y, además, saldrá del euro. Es lo que sostiene el
prestigioso economista Nouriel Roubini,
profesor de la Universidad de Nueva York, que se ganó el apodo de "Dr.
Doom" por haber predicho la crisis de las hipotecas subprime.
En la apertura de la Skybridge Alternative
Conference, este economista dijo que España perderá
su acceso a los mercados este año, necesitará un rescate, y aún así no se
salvará del desastre. "Esto (el rescate) no va a funcionar. Entonces,
quizás dos años después se producirá una restructuración de la deuda, y al
final incluso España podría salir de la eurozona".
Pero no será solo
España. Para Roubini, Grecia y otros países tendrán
también que marcharse de la zona euro. El problema, dijo el economista, está en
que las economías de la periferia europea están presionadas por su incapacidad
manifiesta de hacer frente a sus deudas. Así, 2013 será el año de la
"tormenta perfecta global", gracias a los problemas económicos de
Estados Unidos -que según aventuró el economista volverá a entrar en recesión-
y la Unión Europea, que se sumarán a un conflicto militar con Irán y a una
ralentización del crecimiento de los países emergentes como China.
Y como quiera que del
asunto Bankia y de las medidas adoptadas por el
Gobierno español ya se ocupan profusamente todos los medios de comunicación,
solo hacer unas consideraciones finales.
La disyuntiva, en mi
opinión, está en si prevalece la lógica económica o el bienestar social. En
todo caso, lo que está claro es que la Obra Social de la Caja Insular de Las
Palmas se va a resentir; y la quiebra del sistema bancario español tendrá
graves repercusiones para Canarias, donde el estatus colonial que soportamos se
agudizará.
¿No será el momento
oportuno para cortar amarras y arreglarnos solos a partir de ahora?