Arado
y fuego
Wladimiro
Rodríguez Brito *
Hemos tenido un verano complicado en el
que se han quemado más de doce mil hectáreas en Canarias. Más del ochenta por
ciento de la superficie calcinada no ha sido en suelo forestal. Esta es una
situación compleja y novedosa puesto que se trata de zonas antaño cultivadas en
abandono, pero que continúan siendo habitadas.
El mayor problema de los incendios de
este verano ha sido la afección a las viviendas en núcleos dispersos. A la vez
que se combatían los incendios con los medios disponibles se han destinado
importantes recursos a desalojar y mantener a más de quince mil personas fuera
de sus hogares. Por otra parte, se han sufrido importantes pérdidas económicas
en viviendas, cuartos de aperos, explotaciones ganaderas y campos de cultivo;
afortunadamente no ha habido pérdidas humanas.
Los incendios, aunque los llamamos
forestales, como vemos afectan más a las zonas pobladas. La profunda crisis
agraria y ganadera de los últimos cuarenta años ha significado que la población
activa del sector primario haya pasado de un cuarenta por ciento a un
discutible cuatro por ciento. La situación actual de nuestras medianías hace
que la mayor parte de los incendios se hayan generado en zonas de cultivo
abandonadas. Como ejemplo, los incendios de este verano en Ifonche,
Ruigómez, Chipude, Mazo, Benchijigua, etcétera. Así, en la isla de La Gomera hubo que desalojar más de veinte caseríos antes de que
el fuego se adentrara en el Parque Nacional de Garajonay. En La Palma, gran parte del incendio de Mazo se desarrolló en el entorno de
tierras antaño cultivadas con viña, cereales, pastos y frutales. En el caso de
Tenerife, si bien el incendio del Sur hizo daño en los pinares de Adeje, Vilaflor y Guía de Isora, gran parte de la superficie afectada estaba en
tierras de pasto y cultivo hasta hace unos años. Está claro que debemos
reflexionar sobre lo que ha ocurrido. La crisis agraria y la crisis ambiental
son paralelas.
Veamos algunos datos: la superficie
destinada a cultivo en Canarias representa un siete por ciento del total,
mientras que la superficie forestal es de un quince por ciento aproximadamente.
Existe un porcentaje muy significativo de suelo que, si bien no corresponde a
las categorías antes mencionadas, ni se cultiva ni se gestiona como suelo
forestal. Esta superficie se caracteriza por ser de propiedad privada pero
abandonada por sus propietarios, estando las administraciones públicas faltas
de competencias y capacidad para gestionarlas. Se da el caso de que existe una
importante superficie de suelo forestal que está en manos privadas y carece de
gestión. La lucha contra los incendios debe dar un giro importante hacia la
prevención. Se debe incentivar y sobre todo no obstaculizar las actividades
agrícolas y ganaderas que se realizan aún en nuestras medianías. Nuestro campo
es un recurso que tenemos disponible y que puede significar una vía
alternativa. Debemos mirar al campo con otros ojos, no solo como recuerdo de
los tiempos más difíciles de nuestra historia o desde la rentabilidad económica
a corto plazo, sino como una oportunidad de crear empleo a la vez que
gestionamos nuestro medio natural y producimos nuestros alimentos.
Hay un marco teórico de protección en el
papel alejado de la realidad ambiental en el que los usos tradicionales han
sido suspendidos bien por falta de interés económico, bien por limitaciones en
los usos en parte de las zonas declaradas protegidas. Hemos de dar un cambio
importante en Canarias, puesto que gran parte de estos espacios hoy la
administración carece de recursos para su gestión, y por otra parte parece
razonable volver a incorporar los usos tradicionales de nuestros agricultores y
ganaderos. No olvidemos que en Canarias hemos declarado protegido un cincuenta
por ciento del territorio, mientras que solo tenemos un presupuesto reconocido
para gestionar la superficie forestal, que es el quince por ciento, más el
Parque Nacional de Timanfaya y algunos otros espacios litorales. Los tiempos
actuales no parecen los más idóneos para poner más recursos económicos y
materiales. Ejemplos lamentables como el ocurrido en Valle Gran Rey, en el que
la crisis agraria y el descuido de la administración generó que el cañaveral
que creció durante más de veinte años sin ningún tipo de gestión diera lugar a
una situación peligrosísima con gran cantidad de combustible acumulado a lo
largo de todo el cauce del barranco, rodeado de numerosos caseríos. Cuando
hablamos del problema de los incendios no podemos separar la gestión de
nuestros bosques protegidos de la situación en los antiguos campos de cultivo.
La actual situación económica y social
implica que nuestros montes sufren un alto riesgo de incendio debido a la falta
de gestión pública y privada. Simultáneamente sufrimos una grave falta de
empleo en nuestras islas, mientras vemos como el alza del precio de combustible
y la especulación en el mercado alimentario hace subir día a día el coste de
alimentos y forrajes. Valga como referencia lo que ha ocurrido en menos de un
año con el precio del millo, del trigo, o de la soja, que han subido
respectivamente un 27%, un 22% y un 90%; si parte de los terrenos llenos de
maleza que se convierten en combustible durante el verano se aprovecharan como
cultivos y pastos generaríamos riqueza… Hemos terminado una época que planteaba
adelgazar al sector primario y potenciar los espacios protegidos con supuestas
ayudas comunitarias, que ahora vemos que faltan. El arado y la cultura
agroganadera son las herramientas más eficientes para hacer prevención contra
los incendios. Por ello parece claro que la política agraria y forestal ha de
ir de la mano; la reactivación del medio agrario es básica en la prevención de
incendios a la vez que permite reducir la tasa de paro y la dependencia del
exterior.
* Doctor en
Geografía
* Profesor de
Geografía en la Universidad de La Laguna.
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