En el 70 aniversario

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH)

Alternativa Nacionalista Canaria (ANC), en el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH), manifiesta su repulsa a la política española y la aplicación de un sistema de justicia que cercena la Libertad de expresión o la igualdad y no vela por el cumplimiento de otros artículos que defienden a los trabajadores y trabajadoras.

El artículo 19 habla del “derecho a la libertad de opinión y de expresión” y de que se incluye el “no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” lo que parece desconocer la legislación del Estado antes mencionado, y prueba de ello es la cantidad de personas ajusticiadas o exiliadas que existen en la actualidad.

En concreto, en Canarias, también sabemos de grandes empresas que incumplen el punto 4 del artículo 23, donde se expone el derecho de los trabajadores “a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses” sin que nadie hurgue para averiguar porqué entre cientos o miles de personas nadie pasa una cuota sindical en la nómina ni puede decir que va a interceder por ella un asesor sindical.

De igual forma, en el mismo artículo (punto 2) se insiste en que “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual” mientras en España se reconoce una brecha salarial, entre hombres y mujeres, de hasta un 37% en el salario medio.

Seguramente, por todo ello y casos de tortura u otras violaciones documentadas, España ha sido condenada repetidamente por el Tribunal Europeo de DDHH. Lo que nos anima a pensar que, en el supuesto de que Canarias ejerciera su derecho a la propia soberanía e independencia, sería fácil mejorar el modelo de sociedad española. Sobre todo, el propuesto para regiones de estatus coloniales (RUP), como la nuestra, donde las libertades para la explotación de personas se llevan a cabo bajo un mercantilismo que sesga derechos básicos y el justo control de la gestión de las multinacionales, ante una empresa local desprotegida.