La iniciativa popular
quiere que Canarias ejerza las "plenas competencias" y los
"derechos de soberanía y jurisdicción" sobre los recursos naturales,
animales, hidrocarburos y minerales de la Plataforma Continental y Zona Económica
Exclusiva
El texto pretende delimitar la Zona Económica Exclusiva y la
Plataforma Continental "con anchura de
La vigente Ley de 2010 reconoce que "carece de contenido jurídico
a efectos internacionales", lo que la convierte en una aplicación
unilateral e interna española que no obliga su cumplimiento a terceros Estados
Si
Canarias tuviera delimitadas sus aguas como territorio propio con competencias
exclusivas en extracción minera, como sucede en tierra, el ministro de
Industria y líder del PP canario, José Manuel Soria, no hubiera podido
acelerar las prospecciones en las aguas del Archipiélago pese a la oposición
rotunda del Gobierno de la Comunidad Autónoma y la práctica totalidad de las
instituciones y sociedad civil majoreras y conejeras.
Esa
es una de las aspiraciones que el Archipiélago no ha conseguido a pesar de que
en el año 2010 se aprobó la llamada Ley de las Aguas Canarias.
Precisamente,
el conflicto de las prospecciones ha demostrado que esa Ley tiene poco contenido
efectivo.
Pero
ahora el debate histórico se reabre gracias a una iniciativa popular que está
promoviendo una Ley de Aguas Archipielágicas Canarias con el fin de "crear
una conciencia social para que, cuando se abra la posibilidad de una reforma de
la Constitución y se avance hacia un Estado más federal, se apruebe esta
legislación".
Así
lo asegura Ángel Cuenca, cabeza visible de la comisión promotora de la
iniciativa, que ya circula por las calles canarias para que a la misma se vayan
adhiriendo firmas con el objetivo de que sea debatida y aprobada en el
Parlamento de Canarias en la legislatura que comenzará en mayo de 2015.
Un
texto que deberá ser también incluido en el reformado Estatuto de Autonomía
porque, como aseguran los promotores, ni la actual Carta Magna canaria ni la Ley
de 2010 satisfacen el objetivo final: "Ser un rchipiélago y no solo una
suma de islas separadas por cinco pasillos regulados por el régimen previsto
para la Alta Mar".
Y
es que la Ley de Aguas Canarias, aunque delimita históricamente por vez primera
las aguas marítimas del Archipiélago, mantiene la soberanía del Estado español,
pero con titularidad de competencias al Gobierno de Canarias.
El
texto añade que "la Ley carece de contenido jurídico a efectos
internacionales", lo que la convierte en una aplicación unilateral e
interna española que no obliga su cumplimiento a terceros Estados.
Ni
en las aguas interiores archipelágicas ni en la zona económica exclusiva
situada frente a frente con las costas de otros Estados.
Plena
autonomía
Por
eso, el artículo único de la ley de iniciativa popular es taxativo:
"Canarias se dota de plena autonomía internacional asumiendo las
competencias necesarias para ser sujeto de derecho internacional firmante de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como parte de la
misma, según sus artículos 1.2 y 305.1, como requisito previo imprescindible
para la consecución de los antes citados objetivos".
Un
texto que pretende "un mar archipelágico con más del doble de
superficie" que el actual, "con única frontera establecida
Pero,
además, se considera necesario delimitar, a partir del perímeto citado, la
Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental "con anchura de
En
definitiva: "ejercer las plenas competencias sobre nuestro Mar Territorial
y Aguas Archipelágicas; y los derechos de soberanía y jurisdicción sobre los
recursos naturales, animales, hidrocarburos y minerales de nuestra Plataforma
Continental y Zona Económica Exclusiva, decidiendo de forma exclusiva sobre su
gestión".
Para
los promotores de la iniciativa popular, es "un anacronismo
injustificable" que la delimitación de los espacios marítimos entre
Canarias, Madeira y Marruecos continúen "sin resolverse más de tres décadas
después de que la comunidad internacional culminara el proceso del Derecho Marítimo
vigente" al firmarse en 1982 en Jamaica la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Esa
"Constitución de los océanos" entró en vigor en 1994, aunque España
no la ratificó hasta 1997.
40
intentos
A
raiz de la entrada en vigor de la Convemar, en 1995, el ya fallecido senador
nacionalista Miguel Ángel Barbuzano presentó la primera propuesta sobre la
delimitación de las aguas canarias y, la última, la defendió Alfredo Belda en
2010.
Que
el asunto era de vital importancia lo demuestran las más de 40 iniciativas
parlamentarias presentadas sobre la delimitación de las aguas canarias; desde
preguntas escritas y orales a comparecencias, mociones, interpelaciones, en su
mayoría impulsadas por Barbuzano y Victoriano Ríos que, incluso, presentó la
primera de las dos Proposiciones de Ley sobre este mismo tema en el año 2003.
Y
el argumento siempre era el mismo: los canarios tienen derecho a que las aguas
estén claramente perfiladas por razones de seguridad, protección
medioambiental y recursos de dichas aguas.
Y,
como justificación de la demanda se blandían los artículos 132 y 147 de la
Constitución, amén del artículo segundo del Estatuto de Autonomía.
Así,
el artículo 132.2 de la Carta Magna considera bien de dominio público estatal
tanto al mar territorial como a los recursos naturales de la zona económica
exclusiva, lo que viene a significar la competencia del Estado para su
delimitación, de acuerdo con las normas de Derecho Internacional que regulan la
materia.
A
su vez, el artículo 147.2.b de la Constitución establece como contenido
necesario de los Estatutos de Autonomía la delimitación del territorio de la
Comunidad Autónoma, ya que éste será el límite a la eficacia de sus normas y
al ejercicio de sus competencias.
Por
su parte, el artículo 2 del vigente Estatuto de Autonomía de 1996 asegura que
el "ámbito territorial de la Comunidad Autónoma comprende el Archipiélago
Canario, integrado por las siete islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran
Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como las islas de
Alegranza, La Graciosa, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del
Oeste".
Según
los nacionalistas, ese ámbito territorial estaba incompleto sin la delimitación
de las aguas incluidas en el concepto archipelágico que introduce el Estatuto
de Autonomía, que engloba los espacios terrestres y marítimos de Canarias.
Fue
con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando el Ejecutivo central
llegó al compromiso y aceptó que las aguas que circundan las islas, que están
en su perímetro, serían Aguas Canarias (y españolas) y no internacionales
como lo eran hasta ese momento, emulando lo que Portugal había hecho con Azores
o Dinamarca con sus Islas.
Ese
año, la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado dio luz verde, con el voto
en contra del PP, a la Ley de aguas canarias, uno de los puntos centrales del
pacto entre Zapatero y el presidente canario, Paulino Rivero, para que CC
apoyara los Presupuestos Generales del Estado de 2011.
Tras
la aprobación, el senador Ríos afirmó que el texto "es el reconocimiento
de que no somos meras islas, sino un Archipiélago, formado por los espacios
terrestres, las islas, pero también por el mar que nos separa, pero que también
nos une".
La
senadora del PP Almudena Montserrat justificó el voto en contra porque la
proposición de ley tenía "un gran título" pero "poco
contenido".
Por
lo que ha pasado con las prospecciones petrolíferas, y a tenor de la iniciativa
popular que pretende ir más allá que la vigente Ley, la senadora tenía razón,
pues las aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura nunca estuvieron más
turbulentas.
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