El colonialismo vuelve a acosar a las
mujeres canarias
El procesamiento de cinco mujeres, militantes
de Intersindical Canaria, a instancia de la titular del Juzgado número 8 de Las
Palmas, Victoria Rosell, viceportavoz nacional de la asociación de Jueces para
la Democracia y vallisoletana de origen, es un trascendental suceso que avanza
en el alarmante cerco para cercenar un derecho fundamental como son las
libertades políticas y sindicales, más grave si cabe al tratarse de una
organización que lucha por la liberación nacional de un pueblo sometido por
las armas como es el pueblo canario.
La juez no sólo formaliza una causa penal
contra las activistas sindicales –a las que acusa como supuestas autoras de un
delito de allanamiento de morada, otro contra la intimidad y la propia imagen y
una falta de lesiones– por haber desplegado una pancarta con la leyenda
“Mujeres canarias contra la reforma laboral” en la sede pública de la
Confederación Canarias de Empresarios (CEE) el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo de 2012), sino que
igualmente formaliza cargos contra el periodista que acudió a la convocatoria
de las sindicalistas, filmó su entrada en la sede de la CCE y divulgó la
noticia en un periódico digital, en un ataque sin precedentes a un derecho
fundamental como es la libertad de expresión.
Se trata de un acto intimidatorio más contra
el acosado pueblo canario del entramado colonial falsamente denominado Estado de
derecho, constituido por un gobierno cuyo presidente ha tenido la desfachatez,
el cinismo y la osadía de reconocer ante sus electores en particular y la opinión
pública en general que su gobierno incumple el programa electoral con el que ha
ganado las elecciones por mayoría absoluta “para cumplir con mi deber”, razón
más que suficiente para dimitir y convocar nuevas elecciones, pues el deber
inexcusable de un presidente de un gobierno no es otro que cumplir el programa
con el que ha ganado las elecciones, si se tratara de un proceso electoral
democrático. Claro que no es el caso, como lo avala el hecho de que el propio
tesorero del partido que sustenta al gobierno se encuentra en prisión sin
fianza por defalco de nadie sabe cuantos millones de euros.
Otra parte del entramado colonial mal
denominado Estado de derecho lo constituye la judicatura, que no tiene reparo en
apoyar el bipartidismo del PPSOE, autodenominándose progresistas o
conservadores, según quien los haya puesto en el cargo, cuyo ejemplo más
bochornoso lo constituye la propia Rosell, no sabemos qué de jueces para la
democracia.
No menos vergonzosa es la otra pata del
entramado colonial, el poder legislativo, pues antes de las últimas elecciones
a las Cortes sus señorías se pusieron de acuerdo, sin que nadie se opusiera,
ni siquiera Ezquerra Republicana, Izquierda Unida o “Colisión” Canaria,
para modificar la ley electoral en el sentido de que aquellas organizaciones sin
representación parlamentaria que pretendieran presentarse deberían ser
avaladas por ciudadanos con derecho a voto, en un acto discriminatorio sin
precedentes, pero con la salvedad de que cada elector sólo podía avalar una
candidatura, o lo que es igual, el entramado colonial etc., pretendía listas de
electores por ideologías, vaya usted a saber con qué fines, lo que dio lugar a
que El Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario no presentara tales avales al
negarse a entregar un listado de nuestros apoyos electorales, pidiendo por tal
motivo el voto nulo, obteniendo más de 16.000 votos en Canarias, con las
papeletas editadas por el Movimiento UPC pidiendo el voto en dicho sentido, para
quebradero de cabeza del colonialismo, lo que por cierto nos aupó al segundo
puesto de las organizaciones netamente canarias, si este término pudiese ser
aplicado a la “Colisión”.
La petición de un año de prisión con
suspensión del derecho a votar para Luci Rodríguez (Coordinadora
nacional de Intersindical Canaria), Asunción García, Guacimara Vera, Pino
Monzón y Aisha Hernández, constituye un acto más del colonialismo español
en su estrategia global de, amilanando a los ciudadanos, intentar acabar con la
rebeldía de los canarios y canarias contra este trasnochado sistema monárquico
medieval que nos sigue oprimiendo.
El Movimiento UPC se solidariza con la luchadoras represaliadas y, de no ser favorable las sentencias de los tribunales españoles, como es previsible, al ser tribunales al servicio del colonialismo, recurrir, una vez agotadas las vías internas, a los tribunales internacionales, concretamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Movimiento
por la Unidad del Pueblo Canario
Movimiento
UPC
