En
Canarias, ni Reforma laboral ni
exclusión social
La
mayoría social de la nación canaria, su clase trabajadora, su juventud,
sus personas dependientes y pensionistas, sus desempleados y desempleadas, su
ciudadanía en general, se encuentra ya en una situación de gravedad extrema.
Todos los indicadores sociales así nos lo demuestran: La tragedia del desempleo
alcanza al 31%, 342.000 personas; de ellas, el 37% sufre la humillación de no
tener ningún tipo de ingresos registrados, viéndose empujados al hambre y a la
pobreza; el 15´5% de los hogares canarios tiene a todos sus miembros en el
desempleo; la juventud, 1 de cada 2, no tiene trabajo; más de la mitad de las
personas empleadas tiene un salario inferior a 1.000 euros; la exclusión social
en Canarias afecta al 35,3% de su población; a la cola de los salarios del
Estado, de las percepciones por desempleo y de las pensiones; abocada su población
a la emigración forzosa por una situación, la descrita, en la que la escasez
de posibilidades de tener una vida digna es la nota predominante.
Sufrimos también el flagelo de unos servicios públicos deficitarios,
sin financiación suficiente y privatizándose que
han llevado a unos índices galopantes de fracaso escolar y el abandono
generalizado de los estudios; pero también ha creado el mayor tiempo de espera
para la atención médica; la población más enferma; la menor aplicación de
dinero a la atención a las personas dependientes (cuatro veces y media menos
que en el resto del Estado); El seudo gobierno de Canarias, agrede ahora
nuevamente a esos servicios esenciales, imponiendo en la sanidad pública
salvajes recortes asistenciales y laborales, aumentando las cargas de trabajo,
despidiendo a trabajadores y creando más desempleo e incrementando el
sufrimiento de los pacientes por desasistencia. En definitiva, los gobiernos
español y canario, aparte de promover la desmembración nacional y cultural de
Canarias, también impulsan el letal
proceso de su desintegración social.
¿Y la nueva reforma laboral del
PP?
Supone
el mayor retroceso en pérdida de derechos nunca sufrido por la clase
trabajadora, recayendo con especial contundencia sobre las castigadas espaldas
de la mayoría social de Canarias. Reforma que por su alcance ahondará más aún,
aunque parezca imposible, en la situación de exclusión social de nuestro
pueblo.
Con esta drástica modificación de las condiciones laborales, al
trabajador se le puede despedir casi gratuitamente, su ausencia del trabajo por
enfermedad será causa de despido, el empresario
puede dejar en suspenso derechos salariales o sociales antes pactados con
el trabajador en Convenio. Pero además,
un solo euro de déficit en la empresa, e incluso previéndolo en el futuro
puede ser también causa de despido y el empresario ya no necesitará autorización
legal previa para aplicar un ERE con el despido colectivo.
Los traslados, los cambios de las condiciones laborales, e incluso las
modificaciones de actividades quedarán a la libre voluntad del patrón. Las
organizaciones de trabajadores perderán potencialidad frente a los abusos
empresariales.
Para no andarse con rodeos en esto del exterminio de derechos laborales,
se añade también un sistema de contratación indefinida que no lo es, al
quedar condicionada por un año en el que el trabajador permanecerá en periodo
de prueba y puede ser despedido sin indemnización. Para concluir con algunas de
las perlas del decreto-ley del Gobierno, los parados vendrán obligados a
desarrollar gratuitamente actividades en beneficio de la comunidad con lo que
los trabajadores a los que puedan sustituir engrosarán los pelotones de
actuales desempleados. Nadie lo entiende ni ellos han podido aún explicarlo,
pero el cinismo del Partido Popular llega a afirmar que el objetivo de toda esta
relación de barbaridades es “crear empleo”
Nunca ha existido progreso social sin movilización ciudadana. Llegado a
estos extremos de esclavización de las relaciones laborales, la respuesta debe
ser determinante, unitaria.
Cuando el Gobierno del PP decreta la esclavización de los trabajadores y
la suspensión generalizada de derechos laborales que habíamos logrado con
sangre sudor y lágrimas, la respuesta tiene que ser acorde con el grado de
agresión, no solo para recuperar la justicia social hurtada sino como
advertencias para los próximos embates con los que ya nos amenazan.
Ni
Canarias ni su clase trabajadora, pueden dejar sin una contundente respuesta
esta infame agresión.
Por
dignidad, Por Canarias:
29
de marzo: HUELGA GENERAL
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